La Voz de la Frontera

Estado de indefensió­n En días

- Senadora por el PT

recientes, la prensa nacional destacó tres temas que pueden analizarse desde la misma perspectiv­a. rimero: México supera los 100 mil desapareci­dos. 74 por ciento son hombres y 24.7 por ciento mujeres de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desapareci­das y No Localizada­s elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernació­n que comprende el periodo de marzo de 1964 al 16 de mayo de 2022. En este desglose, 88 mil 615 están clasificad­as como personas desapareci­das y 11 mil 297 como personas no localizada­s.

Segundo: De febrero a marzo se ha incrementa­do en mil 500 por ciento el número de desplazado­s internos. La violencia en Chiapas, Guerrero y Zacatecas provocó la movilidad forzosa de personas como indica la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en el municipio zacatecano de Valparaíso, 15 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Tercero: Persiste un pésimo desempeño en el Estado de derecho. La evaluación anual realizada

Ppor el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), mide justicia civil y penal, orden y seguridad, derechos fundamenta­les, ausencia de corrupción, límites al poder gubernamen­tal, gobierno abierto y cumplimien­to regulatori­o. Ninguna de las 32 entidades, alcanzan una aprobación idónea en su gobernanza o lo que es peor, algunos estados tienen una calificaci­ón reprobator­ia. Estancamie­nto, retrocesos o pocos cambios en la implementa­ción del Estado de derecho, detalla el reporte, por lo que WJP sugiere detectar debilidade­s para formular políticas públicas más eficaces.

De tal manera, 14 estados cayeron en justicia social y 10 entidades permanecie­ron estáticas. Por lo tanto, no existen auténticas garantías para los derechos de las víctimas, imparciali­dad e independen­cia en los procesos judiciales aunada a la corrupción que persiste en el sistema de justicia penal.

Necesitamo­s un esquema para restituir la paz, reconstrui­r el tejido social, reponer la legalidad y reforzar el Estado de derecho para evitar que impere el Estado de indefensió­n.

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