Imparten justicia discrecional
LA HISTORIA DE LOS JUECES QUE, MEDIANTE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y CORRUPCIÓN, FAVORECIERON A UNAS CUANTOS EMPRESARIOS PARA IMPORTAR AUTOS USADOS
La historia de los jueces que, mediante tráfico de influencias y corrupción, favorecieron a unas cuantos empresarios para importar autos usados
MEXICALI, BC.– Desde su o cina, ubicada al fondo de un pasillo laberíntico en el edi cio del Poder Judicial de la Federación de esta ciudad, el juez Juan Manuel Serratos García abrió el grifo de un negocio millonario. Aprovechó sus cartas como juez tercero de distrito en Baja California y dio inmunidad legal a un puñado de políticos y empresarios locales para importar, a destajo, autos usados.
Por su escritorio des laron decenas de expedientes de juicios de amparo solicitados por cientos de personas que tenían su
modus vivendi en la reventa de autos usados traídos de Estados Unidos.
El funcionario, echando mano de argucias legales, los agilizaba o detenía según conviniera a sus intereses y a los de algunos amigos.
Manufactura documentó el caso de Humberto Obet Montiel Herrera, ahora diputado suplente en el congreso de Baja California, quien, con los favores de Serratos García y otros funcionarios del Juzgado, obtuvo alrededor de 20 suspensiones de amparo que le han permitido cruzar más de la mitad del total de los autos importados de Estados Unidos, de 2010 a la fecha.
El resto de las importaciones las realizaron Grupo Empresarial Yamve, Estructura Automotriz, Imex Servicios Aduanales y Grupo Estratégico en Comercio Exterior TJ. Empresas, propiedad de agentes aduanales, casineros y empresarios locales, que también se vieron favorecidos por los jueces de los juzgados segundo y tercero de distrito en el estado de Baja California.
Tan sólo en 2010, año en que se promovieron los primeros juicios de amparo, estas empresas importaron unas 400,000 unidades, generando ganancias por cerca de tres millones de dólares (MDD), de acuerdo con cálculos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Mexicali.
Un monto que se repartía entre los ‘amparados’ —que es como los loteros llaman a estas empresas—, pero también entre los funcionarios facilitadores.
OPACIDAD
En diciembre de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón publicó el primer
Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.
Decenas de loteros dedicados a la importación y reventa de autos usados traídos de Estados Unidos, vieron amenazados sus intereses con la medida que, en la práctica, podría llegar a encarecer el cruce de los vehículos.
En Mexicali, unos 800 loteros acudieron a los juzgados segundo y tercero de distrito de Baja California para solicitar un amparo contra la medida. Los primeros juicios se abrieron en 2010.
Un juicio de este tipo es un recurso legal que puede durar varios años, explica Sonia Venegas, doctora en Derecho, especializada en materia administrativa, por lo que la alternativa para los loteros en ese momento era obtener una ‘suspensión provisional’, un documento que neutralizaba las disposiciones del Decreto para seguir importando ‘a la antig ita’, mientras se resolvía el juicio.
De las decenas de expedientes que se abrieron al respecto, entre 2010 y 2013, algunos de los jueces a cargo sólo otorgaron unas 20 suspensiones provisionales, causando suspicacias entre los loteros respecto a los criterios tomados por los funcionarios para agilizar unos pocos y entorpecer el curso de la mayoría de los expedientes.
Una investigación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revelaría que la razón de esta discrecionalidad en el manejo de los juicios obedeció a malas prácticas de los jueces.
“Cobraban comisiones por agilizar los amparos; incluso, supimos que llegaron a recibir un porcentaje por cada vehículo que importaban”, asegura José Manuel Hurtado, lotero y actual presidente de la Canaco Mexicali.
La mayoría de las suspensiones provisionales fueron liberadas por el juzgado Tercero de Distrito, ubicado en el edi cio del Poder Judicial de la Federación, en el corazón de la plaza cívica de Mexicali. El principal bene ciario de los amparos fue el político y empresario Humberto Obet Montiel Herrera.
En Mexicali, unos 800 loteros acudieron a los juzgados Segundo y Tercero de Distrito de Baja California para solicitar un amparo contra la medida. Los primeros juicios se abrieron en 2010.
El CJF documentó diversas irregularidades durante el tiempo que Serratos García estuvo al frente del juzgado, entre 2009 y 2011, para favorecer algunos juicios de amparo interpuestos por apoderados legales de Montiel Herrera. Por ejemplo, se admitieron diversas ampliaciones de la demanda del juicio de amparo 414, aun cuando quien las promovió no tenía facultades en ello.
Este juicio de amparo fue interpuesto en 2010 por Karina Montiel Verdugo, sobrina de Humberto Obet Montiel Herrera, a nombre de la empresa Distribución de Comercio Exterior Asia México, según se lee en el expediente del caso.
Serratos García dejó el cargo en 2011 y en su lugar llegó José Neals André Nalda, un abogado egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, responsable de favorecer al menos una decena de juicios de amparo, la mayoría promovidos por empresas de Montiel Herrera.
Un ejemplo de las irregularidades es la demanda 786, interpuesta en 2010 por Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier. André Nalda no noti có a todas las partes involucradas en el juicio (entre ellas, autoridades de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Medio Ambiente y Administradores de Aduanas), y celebró las audiencias sin que estuvieran todos los interesados presentes, revela la investigación realizada por el CJF.
Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier se creó en 2007 y tienen como apoderada legal a Karina Montiel Verdugo, sobrina de Montiel Herrera, según consta en las actas constitutivas de las sociedades obtenidas en el Registro Público de la Propiedad de Mexicali.
La investigación del CJF revela que otras demandas favorecidas por André Nalda fueron las 518, 519, 596, 599 y 751, solicitadas en 2012 por otras empresas de Montiel Herrera —registradas a nombre de familiares o amigos cercanos— como Grupo de Comercio Exterior Globalizado, Distribución Mundial de Textil, Promotora Multinacional de Comercio Exterior, Servicios Integrales de Logística y Agencia Aduanal Frantiel.
Pese a que estas irregularidades se denunciaron conforme sucedían, el juez André Nalda se mantuvo en el cargo hasta principios de 2014, cuando fue removido de su cargo y reubicado en el juzgado décimo de distrito de Guerrero.
En su lugar quedó Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez, su secretaria de funciones, quien duró sólo unos meses en el cargo, pues también se le investigó por presuntas malas prácticas.
La investigación del CJF demostró que Sandoval Rodríguez, al igual que otros secretarios de funciones, cometieron omisiones y descuidos en varios juicios de amparo promovidos contra el llamado Decreto Automotriz.
Montiel Herrera también consiguió la ayuda de Martín Leopoldo Salcido García, secretario del Juzgado Primero de Distrito de Baja California, que pese a que es servidor público en funciones, sirvió como representante legal en los juicios de amparo interpuestos por otras empresas del político.
La investigación del Consejo de la Judicatura muestra que el abogado egresado de la Universidad Autónoma de Baja California fungió como el ‘autorizado de la parte quejosa’ en los juicios de amparo 786, 467, 529, 533, 518, 519 y 596, interpuestas entre 2010 y 2012, tiempo en el que se encontraba en funciones como servidor público. Todas estas demandas, por cierto, se presentaron en el Juzgado Tercero de Distrito.
El funcionario “incumplió con el artículo 101 de la Constitución Federal” —dice la investigación de este organismo—, el cual establece que los secretarios de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de particulares.
Por ejemplo, en el expediente del juicio 467, interpuesto en 2011 por la empresa Importación y Distribución Textil, Martín Leopoldo Salcido García aparece como apoderado legal, según se lee en el documento en poder de Manufactura.
Salcido García también sirvió como apoderado legal en el acta constitutiva de la empresa Servicios Trasnacionales de Comercio Exterior. Según el documento obtenido en el Registro Público de la Propiedad de Mexicali, esta empresa se creó el 11 de julio de 2012 y tiene como socios fundadores a Lauro García Cid y a Carmen Martín Landa.
INMUNIDAD LEGAL
Gracias al apoyo de estos jueces y secretarios, Montiel Herrera obtuvo casi una veintena de suspensiones provisionales, las cuales lo blindaron ante el Decreto Automotriz y diversos requerimientos de la Semarnat. Una inmunidad que duraría mientras los juicios de amparo siguieran su curso.
“Un juicio de amparo se puede alargar años, dependiendo de cómo los jueces vayan desahogando las pruebas”, asegura Venegas. Estancar los procesos, a n de perpetuar el bene cio de las suspensiones provisionales, fue lo que hicieron los funcionarios ‘amigos’ de Montiel Herrera.
En los escritorios del juzgado tercero aún pueden verse expedientes de los juicios de amparo interpuestos desde los tiempos de Serratos García. Son miles de fojas dentro de folders de colores, apilados uno sobre otro.
Mientras los funcionarios se encargaban de alargar los procesos, Montiel Herrera cruzaba diariamente un variado menú de vehículos, desde modelos de entre cuatro y seis cilindros, vans, camiones y tractocamiones. En cinco días podía importar hasta 900 vehículos por todas las aduanas donde tenía operaciones; en
total, esta cifra equivalía a 60% de las importaciones totales de autos, según datos de la Canaco.
Ni Montiel Herrera, ni las otras empresas ‘amparadas’, se dedican formalmente a la venta de autos, sino que, gracias a las suspensiones recibidas, sirven como intermediarias entre la autoridad aduanal y los loteros para importar vehículos a cambio de una comisión que oscila entre 600 y 1,000 dólares, de acuerdo con algunas listas de precios que manejan estas empresas. El cobro de estas comisiones era el negocio.
CESAN A JUECES
Bajo este modus operandi ingresaron al país unos 2.2 millones de autos usados importados entre 2010 y 2014, una oferta que, por su bajo costo, acotó la ventas de autos seminuevos y nuevos nacionales, causando el descontento de las armadoras y distribuidoras locales.
La única salida, era agilizar los juicios de amparo para dejar sin efecto las suspensiones provisionales otorgadas por los jueces, sin embargo, esto no ocurriría con ellos al frente.
Cada mes, los líderes gremiales del sector, Eduardo Solís, de la Asociación Mexicana de la industria Automotriz (AMIA)y Guillermo Rosales, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), apelaban a las altas esferas del poder judicial para que investigaran a los jueces facilitadores de los amparos.
En 2012, la Judicatura Federal inició un procedimiento de investigación interna a cinco jueces —Serratos García y André Nalda, entre ellos— con la nalidad de revisar la legalidad de las suspensiones otorgadas a ‘empresas importadoras’ de automóviles usados.
La investigación concluyó que, en los juzgados Segundo y Tercero de Distrito, se otorgaron nueve de cada 10 suspensiones contra el Decreto Automotriz, que especi ca el tipo y antig edad de vehículos sujetos a la internación a territorio mexicano, previo pago de impuestos, y las limitaciones en materia ambiental de dichos automotores.
El Consejo determinó suspender, de manera inde nida, y ncar responsabilidades administrativas al juez José Neals André Nalda y al magistrado Juan Manuel Serratos García por “no preservar la imparcialidad propia de la función judicial en el desempeño de sus labores durante el trámite y resolución de al menos 15 amparos”.
El organismo también investigó a cinco secretarios —Martín Leopoldo Salcido García, Carlos Cataño González, Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza—, quienes fueron denunciados por otros loteros litigantes por haber bene ciado a sólo a algunos importadores.
GOLPE A LAS IMPORTACIONES
Los líderes gremiales del sector automotriz esperan que con la llegada de la nueva administración se agilice la resolución de los juicios de amparo, y que se niegue el recurso, según la jurisprudencia (criterio sobre un problema jurídico que fue establecido por sentencias previas) que se tiene en la materia.
En marzo de 2013, la SCJN aprobó una tesis de jurisprudencia que determina que solicitar el certi cado de origen, como requisito para la importación de automóviles usados, no contraviene el libre comercio, como se argumentaba en los juicios de amparo.
A partir de esta tesis se empezaron a resolver varios amparos, como los promovidos por JC Autos y Servicios, Comercializadora Grupo Muso, Distribución de Comercio Exterior Asia México, Violeta Adauh Rodríguez Tinajero y Comercializadora ATCS.
Paralelamente, en agosto de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) inició con un reordenamiento en la importación de autos. Entre las medidas tomadas por la dependencia está que todo vehículo extranjero que inicie un trámite de nitivo de ingreso debe presentar factura original y el shipper export, un sello de la aduana de Estados Unidos que se tendrá que obtener al cruzar el automóvil a territorio mexicano.
Esta medida, publicada en el Diario O cial de la Federación (DOF) el 29 de agosto de 2014, paralizó al día siguiente todas las actividades de empresas importadoras, agencias aduanales y yardas (establecimientos de venta de autos usados), recuerda Hurtado, de la Canaco.
Ahora que la SHCP apretó la llave del grifo, los vehículos usados pasan a cuentagotas por las aduanas fronterizas.
“Tengo cinco carros detenidos en un estacionamiento de Calexico (ciudad fronteriza que colinda con Mexicali) desde hace un mes”, dijo ‘Javier’, un lotero que vende sus autos en un tianguis conocido como El Caballito.
Las armadoras y sus distribuidoras ya han puesto manos a la obra para aprovechar este cuello de botella, con planes de nanciamiento y promociones especiales buscarán reconquistar al cliente fronterizo, un mercado de alrededor de medio millón de unidades anuales.
Mientras esto sucede, Montiel Herrera, quien no estuvo disponible para dar su versión de los hechos, sigue codeándose con jueces de Mexicali. Medios locales reportaron que, a mediados del año pasado, el diputado asistió a un concierto en compañía de Gerardo Manuel Villar Castillo, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.