PRESUPUESTO, DINEROS Y AUTONOMÍA

La autogestión fi nanciera de la UV y la relación de las instituciones con el Sistema Nacional Anticorrupción

“Hay ciertas confusiones de los legisladores. No se trata de “invitar” a las universidades ni responder a un llamamiento de la Auditoría Fiscal de la Federación”

Para las universidades públicas del país, el asunto correspondiente a presupuesto, dineros y autonomía ha estado presente en primerísimo lugar desde hace unas semanas. Las tres cuestiones, con peculiares aspectos, se involucran en la “Estafa Maestra”, el vasto reportaje que desde el 4 de septiembre empezó a circular en diversos medios y que — en una especie de pago de justos por pecadores— ha lesionado ya al subsistema correspondiente, como se expuso en este espacio ( Campus, 730). Ahora, en estos últimos días, lo más difundido gira en torno a: a) la quiebra técnica de siete universidades públicas y la negativa expresa por parte de la SEP para ‘ rescatarlas’, b) las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación ( PEF) a ese sector, así como los de ciencia y tecnología, y el de cultura, los tres íntimamente relacionados; c) la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción ( SNA), a escala federal y estatal, y lo que algunas IES consideran una intromisión en la autonomía que gozan las casas de estudio. Pero también hay un cuarto tema, menos difundido, atribuible a una entidad federativa y a su universidad que, en sentido contrario a los problemas presentes en los primeros temas, y con una enorme relevancia nacional, abre nuevos caminos en materia de financiamiento. A este último, referente a la Universidad Veracruzana y la autonomía f inanciera otorgada por los poderes de esa entidad federativa, así como el relativo al SNA y los problemas que ya se advierten, son la materia de la entrega de hoy. Los dos restantes ( a y b) se abordarán en una próxima. Empecemos por esto último.

La Universidad Veracruzana

Desde la perspectiva del sexenio del gobernador Duarte, en una fecha en que éste gozaba de un poder enorme ( 2015), y ante la evidencia del reiterado incumplimiento en materia del financiamiento a esa institución ( presente en la Constitución Política local y en la Ley de Autonomía), la Rectoría encabezó una lucha, apoyada por su Consejo Universitario y la comunidad entera para exigir lo que por derecho le correspondía a la institución. De la protesta se pasó a la denuncia penal del Ejecutivo del estado en las esferas local y federal ( insólita en la historia de las universidades públicas del país) para que cumpliese con lo preceptuado en dichas normas. Ante la presión, el resultado fue sorprendente: proponer una ‘ autonomía financiera’ que, en sus modalidades específicas, ofreciera una solución que daría certidumbre, fijeza y estabilidad a una materia normalmente caracterizada por atributos contrarios a los mencionados. La propuesta, hecha en el marco de una estrategia de control de daños y que se proponía ganar tiempo para diferir pagos, fue retomada por los tres candidatos al gobierno del estado, el año pasado, y el ganador ( de la coalición Pan- Prd) se apresuró a instrumentarla.

El pasado 14 de noviembre, con todas las reformas legales indispensables para darle vigencia a lo prometido, y ya inscrito en el plan de gobierno, el Ejecutivo estatal publicó el documento que consagra constitucionalmente dicha autonomía financiera de la UV. Según el texto, “el presupuesto asignado a la UV no podrá ser menor al 4 por ciento del Presupuesto General del Estado establecido para el año 2023”. Esto signifi- ca que, a partir de 2018, la proporción de subsidio estatal que reciba la institución deberá ser igual al 3 por ciento de aquél, representando ( en palabras del Gobernador) 2,760 millones de pesos, cantidad superior en 25 por ciento a lo asignado en 2017. En los cinco años que median entre las fechas citadas deberá darse un incremento paulatino hasta alcanzarse, como mínimo, ese 4 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa. El valor político, pero sobre todo el relacionado con el desarrollo institucional, es que, como reconoció Miguel Angel Yúnez aludiendo al pasado reciente: “con esta reforma, ningún gobernador podrá hacer lo que se hizo antes”. Un saldo muy positivo de lo que fue una lucha por la legalidad y la defensa de la UV. Pero también un ejemplo aleccionador para muchas otras casas de estudio en el país.

Sistema Nacional Anticorrupción y Autonomía Universitaria

La Reforma Constitucional a los Artículos 113 y 134 de 2015, que establece el SNA, presupone que éste se extienda a los tres órdenes de gobierno en el país. Esto abarca a los organismos autónomos mencionados en la Carta Magna, incluyendo a las universidades comprendidas con esa característica en la Fracción vii del Artículo Tercero. A escala federal y estatal significa que las IES públicas, en su respectivo ámbito, deben formar parte de los sistemas correspondientes. Pero además, que cada una de las IES deba adaptarse a las medidas prefiguradas en el SNA, algunas de ellas consideradas limitantes del régimen de autonomía, mismas que ya han interpuesto el recurso de amparo ( como es el caso de la Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH).

Durante la reunión de la ANUIES ( Conferencia Internacional 2017), verificada la semana pasada en Guadalajara, el tema levantó ámpula. Varios rectores denunciaron lo que califican como potencial violación de la autonomía. El hecho ya se ha materializado en la UAEH ( cuando el Congreso de la Entidad pretende nombrarle un contralor) y la amenaza está latente en otras más. El acuerdo ahí adoptado es “que se realice un análisis de las implicaciones legales del SNA y las situaciones locales en temas de autonomía” ( V. Saavedra, El Occidental, 24 de nov.).

En contraste, diputados de varias fracciones parlamentarias “piden que las universidades públicas se sometan al escrutinio de gastos”. Así, como ejemplo, la representante de Morena, Araceli Damián, afirma que “hay una línea muy delgada entre la autonomía y la transparencia, yo creo que hay que invitar a las universidades a transparentar sus recursos y, si reciben recursos públicos, sí tienen que ajustarse a criterios de gasto, la cuestión es que la Auditoría no puede establecer en qué gasten las universidades”. Otro caso es el de Alejandro González, de Encuentro Social, quien afirma que “la auditoría no tiene nada que ver con la falta de transparencia”, preguntándose: “¿ pedir transparencia es amago, pedir rendición de cuentas es amago?”, al criticar el amparo interpuesto por la UAEH para no someterse a las auditorias en el marco del SNA ( R. Ramírez, El Sol de

México, 25 de nov.).

Lo último anotado es muy importante. Hay ciertas confusiones de los legisladores. No se trata de “invitar” a las universidades ni responder a un llamamiento de la Auditoría Fiscal de la Federación; todo esto se inserta en la Reforma Constitucional que auspició el SNA y su desenvolvimiento en siete leyes secundarias, de las cuales, por lo menos tres deben ser atendidas por los entes autónomos llamados universidades. El problema actual no reside en si se puede o se va a auditar a las IES cuando ejercen recursos públicos federales o estatales. Eso ya fue resuelto positivamente desde mediados de los años noventa, inclusive en contra de amparos que no prosperaron. La cuestión actual reside en las nuevas auditorías, y, sobre todo, acciones diversas que deben desarrollar las universidades en el marco específico del SNA y los sistemas estatales en esa misma materia. Algunas de estas últimas ya han procedido en esos términos y están funcionando normalmente.

Terciando en esa materia, siempre potencialmente explosiva, en esa reunión de Guadalajara se dio una muy valiosa opinión y dos recomendaciones trascendentes. La primera es del Dr. Juan Ramón De la Fuente, quien, con su experiencia de los ocho años de rectorado en la UNAM, expresó: una mayor asignación de recursos del Estado en el financiamiento a las universidades y la responsabilidad de éstas de rendir cuentas “son dos cosas que deben quedar muy claras; el Estado tiene una obligación, su deber es proveer de recursos… en contraste ( las universidades) tienen también obligaciones… ofrecer servicios de calidad y rendir cuentas claras del destino de esos recursos ( L. Toribio, “Universidades sufren asfixia financiera” Excelsior,

25 de noviembre). Por su parte, las recomendaciones son de la ANUIES: a) las universidades deben garantizar el uso responsable de recursos “autonomía no significa desacato de leyes”; b) se hace necesaria una nueva política de financiamiento, caracterizada por la corresponsabilidad entre gobiernos estatales y la federación “para brindar certeza jurídica y presupuestal”.

Son muchas las entidades federativas donde el Sistema Estatal Anticorrupción correspondiente no se ha instrumentado de manera cabal; conforme se avance en ello, esa materia “potencialmente explosiva” puede detonar y convertirse en conflicto. Nunca hay tiempos propicios para este tipo de innovaciones; pero menos en un año electoral como el 2018, el más amplio y diversificado en la historia del país.