Universidades al borde LAS DEUDAS

Siete universidades públicas estatales ( Upes) están a punto de una “quiebra técnica”. La situación, crítica en sí misma, no se constriñe desafortunadamente sólo a ellas. Muchas más están en ese camino y, de no adoptarse las decisiones adecuadas, pronto estarán viviendo una condición semejante. La frase puede parecer un eufemismo, pero no es así, se trata sólo de una expresión especializada. Sencillamente, se está frente a una quiebra técnica cuando en una organización las deudas contraídas por cualquier concepto son mayores a sus ingresos regulares y a la suma de bienes que posee. En el caso de las Upes que ya están en esa situación, para seguir operando requieren: a) continuar contrayendo deudas, si eso es posible; b) un rescate o saneamiento fi nanciero, una medida que permita atenuar dicha deuda y alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos habituales. Al parecer, ninguna de las siete Upes ha conseguido en este fi n de año una solución de ese tipo, solicitada en principio a la SEP. Aunque sí se han conseguido algunas medidas de carácter paliativo que, sacándolas momentáneamente del atolladero en que se encuentran, sólo tornarían más intenso el problema a partir del próximo año.

Las universidades autónomas en esta situación son las de: Morelos, Zacateas, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Estado de México y Tabasco. Sus adeudos son originados, básicamente, por el régimen de pensiones o jubilaciones que tienen establecido, mismo que, desde hace tiempo, resulta insufi ciente para cumplir los compromisos que de ahí se desprenden. No es un problema privativo de las siete; como ya se dijo, abarca a muchas más, 24, cuyos pasivos en ese renglón alcanzaron en 2015 ya un monto de 358 mil millones de pesos, según anota la Auditoría Superior de la Federación. La cantidad es muy signifi cativa: representa casi tres veces el subsidio federal que la SEP otorgará a las Upes el próximo año.

En 2002, cuando en la Anuies y en la Sep se percibió la gravedad de ese potencial problema, la última inició un programa ( Atención a Problemas Estructurales) que tiene como objetivo dotar de fondos a las Upes para reestructurar sus sistemas pensionarios. Este implicaba negociar con los sindicatos, persuadirlos de la necesidad de realizar adecuacio- nes y racionalizar algunas de las cláusulas que se convertirían en ‘ bombas de tiempo’ si no se ponía remedio a la situación. Varias de las Upes se acogieron a ese programa y otras ya lo habían hecho con mucha visión, como fue el caso de la Universidad de Guadalajara. Pero también, muchas más nunca iniciaron ni persistieron en la tarea o, simplemente, los recursos fi nancieros no fueron aplicados adecuadamente. Lo que en 2002 era un pasivo para todo el conjunto de las Upes de 250 mil millones, llega ya a ese 358 mil, un incremento de casi 50 por ciento en tres lustros.

El problema se ha tornado inmanejable para las primeras cinco de la lista ya mencionada. Requieren cuatro mil millones para poder cerrar el año, sólo por lo que se refi ere al compromiso de orden laboral ( nóminas). Ese conjunto tiene adeudos inmediatos con 26 mil trabajadores, académicos y administrativos que atienden a una matrícula de 180 mil estudiantes. Las soluciones que han encontrado, ante la falta de apoyo de la SEP, son disímbolas y, en algunos casos, verdaderos malabarismos. En una ( Nayarit), el gobierno del estado, con carácter de excepción, cubrirá dichos compromisos sólo hasta diciembre. En otra, Zacatecas, el rector ha solicitado un adelanto del subsidio estatal de 2018. En otros ( Oaxaca y Michoacán), el paro de actividades como presión ha sido la ruta elegida. En fi n, como ya se dijo, la situación es apremiante y los cinco rectores han adelantado que “se declararían en insolvencia económica de manera inmediata” de no tener apoyo. Independientemente de lo que esto signifi que, la situación se asemeja a una moneda en el aire sin que se perciban señales de solución ( R. Torres et al., “Universidades públicas en quiebra en cinco estados”, El Universal, 20 de noviembre).

Como en tantos otros asuntos de política pública, las universidades que confrontan estos problemas son estatales, pertenecen a una entidad federativa. Sin embargo, desde principios de año solicitaron a la SEP ( individualmente, en grupo de afectados, o en las Reuniones Regionales de Trabajo sobre el Financiamiento) ayuda para solventar la situación por la cual pasan. Desde octubre, la Subsecretaría de Educación Superior, con razones evidentes, negó el apoyo. A esto me referiré la próxima semana.