Importación de insumos para la actividad científi ca
El pleno del Senado, el pasado 14 de diciembre, aprobó una modificación al artículo 29 de la ley de ciencia y tecnología. Un cambio en la norma que permitirá, si la aprueban los diputados, agilizar la importación de insumos para la investigación científica.
Después de dos años, parecía que la iniciativa no pasaría; ni en éste ni en ningún año. Sí pasó, sorprendentemente. Todavía falta ver qué dicen los diputados. Sin embargo, las palabras del senador Patricio Martínez, presidente de la comisión de ciencia, muestran parte de la relación entre academia y política.
La importación de insumos no es un tema menor o irrelevante para el desarrollo de la ciencia. Todavía es más básico para aquellos científicos cuya actividad cotidiana depende de materiales que no están disponibles en el mercado nacional, como se pudo advertir en la consulta del año pasado que realizaron la comisión de ciencia del Senado y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En la academia, ha sido una queja reiterada la serie de dificultades para obtener los permisos de importación de algunos insumos.
Al comienzo del actual sexenio, en el documento “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación” ( coordinado por la UNAM), el tema formó parte de las propuestas para modificar la legislación del sector y también fue una de sus 16 conclusiones. Precisamente, en la síntesis, como último punto se proponía “establecer las modificaciones normativas pertinentes a fin de facilitar la importación y adquisición de equipos e insumos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico...” ( p. 22).
Actualmente, en la sección correspondiente de la ley de ciencia y tecnología, en el artículo 29, solamente se establece que los proyectos de investigación gozarán del estímulo fiscal conforme lo previsto en la ley del ISR. Nada tiene considerado sobre trámites y permisos de importación de insumos. Por la misma razón, en diciembre de 2015, seis senadores, entre ellos Juan Carlos Romero Hicks, presentaron una iniciativa para añadir dos párrafos al artículo citado.
El primer párrafo preveía que las dependencias de la administración pública, federal y estatal, debían considerar el impacto de regulaciones y trámites para favorecer y estimular el desarrollo de los proyectos científicos y tecnológicos. El segundo párrafo, dirigido a regular la importación de insumos, señalaba que las personas e instituciones inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas ( Reniecyt) no necesitarían autorización previa de importación, solamente avisar a la autoridad correspondiente y ésta confirmar en un plazo no mayor a 30 días.
No obstante, en su paso por comisiones, los senadores modificaron la propuesta original. En el dictamen dicen que no buscan “una absoluta liberación de las cargas administrativas a los particulares sino un punto intermedio sano”. Esto es, conservaron la propuesta de no requerir autorización previa para la importación, pero añaden condiciones en las que la autoridad sí podría exigir el permiso previo de importación de insumos.
Por ejemplo, una autoridad competente, “con base en una evaluación de riesgo”, puede exigir el permiso previo de importación de insumos para la investigación. Aunque, se indica, el trámite de permiso previo deberá ser ágil, breve y sencillo. Además, la autoridad deberá publicar, conjuntamente con el acuerdo, los productos que necesitan permiso previo y los que no; la lista se actualizará de forma permanente. No está mal, pero no será nada sencillo ponerla en marcha. La propuesta de redacción final del artículo 29, con sus cuatro párrafos, se asemeja más a un reglamento.
Las palabras del senador Patricio Martínez, presidente de la comisión de ciencia de la cámara alta, al momento de presentar la iniciativa en tribuna, son reveladoras de la relación que sostienen legisladores y miembros de la academia. Por un lado, señaló que los científicos han hecho reclamos fuertes a los políticos por su incomprensión sobre la actividad científica y su falta de respaldo. Por otro lado, dijo que la reforma que estaba por aprobarse sería un refuerzo a la ciencia y a los investigadores, con lo que disminuiría la controversia e incomprensión entre unos y otros.
El punto final que remató la argumentación del senador Martínez fue: “Haciendo votos para que los investigadores se enfoquen realmente a la investigación, y también de nuestra parte decirles: Que en la medida de lo posible dejen de lado la política y se vayan directo a los matraces” ( versión estenográfica. Sesión. 14.12.2017). El dictamen se aprobó.
La pregunta es si el proyecto de ley se habría elaborado y aprobado sin las expresiones de inconformidad y presión de algunos científicos. No parece nada probable. Sin embargo, tampoco quiere decir que, en todos los casos, la manifestación de los interlocutores aseguran o inhiben los cambios legislativos; sobran las muestras. La relación es algo más compleja y azarosa. Ya lo veremos. Por lo pronto, en esta iniciativa, falta la aprobación de los diputados.