LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 2018
Un año electoral propicio para ganar y generar espacios de discusión
Las universidades públicas del país van al 2018 con retos y metas por cumplir que las comprometen con la mejora de la calidad, la expansión del sistema educativo, la rendición de cuentas, la transparencia y la eficiencia de los recursos.
Un escenario aderezado por un año electoral que también las obliga a posicionar la agenda de la educación superior en la mesa de análisis y en el diseño de las políticas públicas que favorezcan el desarrollo de este nivel educativo.
La meta de cobertura a cumplirse en este 2018 tendrá especial atención en la recta final de la actual administración, sobre todo en aquellas entidades que se mantienen muy por debajo de la media nacional.
El financiamiento será otro de los temas que marcará el derrotero de las instituciones de educación superior del país, sobre todo cuando los ajustes financieros las han orillado a emprender un gasto al límite por debajo de sus necesidades.
El entorno económico de este año parece que no cambiará en lo absoluto y se estima que en la propuesta de gasto para el año entrante, los recortes a programas extraordinarios prevalezcan.
El cumplimiento de las nuevas disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, con la entrada de las contralorías internas que supervisarán de cerca el gasto de los recursos públicos en las instituciones, y con ello cumplir con las disposiciones de carácter federal, será también otro factor nuevo en el tablero.
En materia de equidad, rezago, deserción y calidad del servicio, las universidades públicas del país apuntan hacia la mejora de estos indicadores, con las atenuantes propias de la desigualdad social, la escasez de fondos y la reticencia de algunos sectores a dar un salto cualitativo.
Es 2018 para la educación superior un año propicio para ganar y generar espacios de discusión y definición en la esfera pública, pero también un compromiso ineludible con los indicadores académicos que se han logrado en los últimos años.
Además, nuevos actores entrarán en el escenario con lo que se conformaron nuevos pesos y contrapesos tanto en el terreno legislativo como en el Ejecutivo, lo que abre nuevas posibilidades para las universidades del país.
El entorno actual
El sistema de educación superior del país llega a 2018 con 4 millones 430 mil 248 estudiantes. Un sector que ha crecido en los últimos años, aunque no al ritmo que las universidades del país quisieran.
De acuerdo con las últimas cifras oficiales, esto representa un incremento de 2. 2 millones de alumnos más que en 2000.
Aunado a esto, se cuenta con más de tres mil instituciones de educación superior que imparten aproximadamente 33 mil programas educativos.
En medio de este mapa cuantitativo, la cobertura, uno de los ejes en los que se ha fijado la atención durante los últimos cinco años, pasó del 20.4 por ciento en 2000 a 37.8 por ciento el año pasado.
Es decir, menos de cuatro de cada 10 jóvenes se encuentra en la educación superior y ése es uno de los temas pendientes que serán atendidos por las universidades del país.
Y es que, de acuerdo con el diagnóstico “Visión y Acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para la renovación de la educación superior en México”, elaborado por esta Asociación, es tiempo de modificar esta tendencia porque esto reditúa en un elevado número de jóvenes que no acceden a este nivel educativo.
Datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, 22 por ciento de las personas entre los 12 y los 29 años de edad, que ascendía a 7.8 millones, se encontraban en esta condición.
Por ello, plantea el documento, “su inclusión social continuará representando uno de los mayores retos, sobre todo en un entorno nacional e internacional desfavorable para el crecimiento económico del país y para la ampliación de oportunidades de empleo estable y en condiciones dignas”.
En ese sentido, José Andrés Suárez Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ( UAT), es fundamental que los ajustes al gasto y las limitaciones que enfrentan las instituciones de educación superior del país no incidan en esta meta.
“Que no cambien los objetivos, que no cambien tampoco las metas, siempre para adelante; el presupuesto viene suficiente para nuestras actuales necesidades, esperemos que no haya ningún recorte, pero creemos que sí está bastante ajustado a nuestras propias necesidades que hemos planteado originalmente”, dice.
Y es que las universidades llegan de manera desigual a 2018 para enfrentar esta meta. Siete estados se encuentran por arriba de la meta de 40 por ciento propuesta para este año: Ciudad de México, con 99.5 por ciento; Sinaloa, con 52.2 por ciento; Nuevo León, con 46.9 por ciento; Aguascalientes, con 42.5 por ciento; Colima, con 41.4 por ciento; Puebla, con 41.1 por ciento; y Sonora, con 40.9 por ciento.
Del otro lado, siete estados se situaron en 30 por ciento o menos, como Oaxaca, con 19 por ciento; Chiapas, con 20.7 por ciento; Guerrero, con 20.9 por ciento; Michoacán, con 26.4 por ciento; Quintana Roo, con 26.8 por ciento; Guanajuato, con 27.2 por ciento; y Tlaxcala, con 28 por ciento.
Para Arturo Salgado Urióstegui, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Guerrero, uno de los estados más rezagados, uno de los factores más importantes que las instituciones de educación superior mejoren su oferta educativa, estructura y apoyos a los estudiantes.
De lo que se trata, dice, es captar más estudiantes y hacer frente a esta meta a la que muchas entidades no van a acceder al final del año.
Transición de niveles
Otro de los puntos álgidos en los que la educación superior debe avanzar es en el rezago que sigue afectando al bachillerato y en el mejoramiento de la calidad.
Datos de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Educación Pública ( SEP), advierten que la tasa de abandono escolar en la educación media superior es de aproximadamente 12.1 por ciento.
En tanto, la tasa de reprobación es de 15.9 por ciento, mientras que la tasa de terminación es de 58.1 por ciento.
Para José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima ( UdeCol), son cinco los grandes retos que enfrenta la educación media superior en México: cobertura, calidad, formación de profesores, deserción y financiamiento.
Se trata de retos, apunta, que deben enfrentarse “para incrementar la probabilidad de ingreso, permanencia y egreso oportuno, si queremos que los alumnos posean mejores competencias, actitudes y valores”.
Y es que aunque se estableció la obligatoriedad del bachillerato, se espera su universalización hasta el 2022. Y las brechas entre los estados también aparecen en este nivel educativo.
En cuanto al asunto de la calidad educativa, en la que deberán trabajar las universidades del país de cara a este incipiente año, si se considera que la matrícula nacional de técnico superior universitario y licenciatura es de 4 millones 96 mil 139 estudiantes, sólo 3 millones 888 mil 921 estudiantes están inscritos en programas evaluables.
Incluso, sólo un millón 677 mil 596 estudiantes se encuentran inscritos en programas de calidad, lo que representa 43.1 por ciento.
Sin embargo, detalla el documento de la ANUIES, el esquema de evaluación y acreditación de la educación superior actual está desarticulado, ya que posee una tendencia a la estandarización que no reconoce especificidades, además de que enfrenta problemas regulatorios y muestra rendimientos decrecientes.
“Es insuficiente la articulación de los organismos de evaluación que operan en el sistema y existen cuestionamientos sobre la objetividad de los resultados de algunos procesos de evaluación y acreditación”, sostiene el análisis.
Además, apunta el documento, la diversidad de instancias y organismos en funcionamiento ha dado lugar a prácticas redundantes e ineficientes, en ocasiones contradictorias o, en el extremo, que derivan en una sobreevaluación.
Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara ( UdeG), apunta que la mejora de la calidad y el incremento de los índices de cobertura, son parte de esa agenda que las instituciones de educación superior del país van a posicionar este año.
“Conjuntar esfuerzos con universidades públicas y privadas para mejorar la calidad de la educación superior; la idea es consensuar con todos una política de educación superior al margen de cuál fuerza política sea”, explica.
Por lo pronto, existen cerca de 31 mil 428 programas educativos, de los cuales 26 mil 589 son evaluables. De esta cantidad, sólo 4 mil 593 cuentan con un reconocimiento de calidad vigente.
Es decir, es apenas 17.3 por ciento del total nacional, un porcentaje que surge del promedio del 34.8 por ciento de programas de las instituciones de educación superior públicas y el 6.4 por ciento de programas de las instituciones de educación superior particulares.
Nuevas disposiciones y retos
Para las universidades del país, las nuevas medidas para cumplir con la rendición de cuentas y la transparencia les traen también un escenario distinto para este año.
La obligación de contar con un contralor interno designado por las autoridades estatales, en la mayoría de los casos, ha generado complicaciones en la gestión de las instituciones y en la autonomía universitaria.
Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México ( UAEM), las discrepancias en la materia se hacen evidentes en alguno de los casos.
Porque las legislaciones universitarias tienen que ajustarse, explica, a disposiciones que si bien no contravienen los principios de las institu ciones, dejan mucho que desear en la forma.
“La autonomía nos da una prerrogativa para definir nosotros a nuestras autoridades, nosotros creemos que será un universitario quien tenga la mejor perspectiva y el juicio del acontecer de la universidad”, señala.
Y en ese esquema, dice, se debe trabajar de manera coordinada y no subordinada a las autoridades estatales. De lo contrario, como ya ocurre en algunas instituciones, los roces con los congresos locales y los gobernadores ponen en aprietos a la educación superior.