¿ CUÁL ES LA INFORMACIÓN OFICIAL?
A casi el fi nal del sexenio, los informes presentados sobre la materia son confusos y contradictorios
Por alguna razón, no del todo fundada, pero siempre presente, la aplicación o distribución de los incentivos fiscales para fomentar la actividad científica y tecnológica generan polémica, confusión y suspicacia. Ahora, se confunden los montos que dijo el Ejecutivo federal en su penúltimo informe de gobierno y los que para ese mismo año dice el comité encargado de distribuirlos; los primeros suman casi ocho veces más que los segundos. Los datos son oficiales y se supondrían confiables. No lo parecen.
La experiencia con la puesta en marcha de los incentivos fiscales es más o menos conocida. Hasta antes de los años 2000, la normatividad preveía la posibilidad de deducir del Impuesto sobre la Renta ( ISR) el gasto destinado a capacitación y a investigación y desarrollo. El crédito fiscal era hasta por 20 por ciento de los recursos destinados a ese tipo de actividades y se consideraban 500 millones de pesos como monto máximo. Sin embargo, prácticamente ningún empresario, por más audaz que fuera, intentaba la deducibilidad, ya fuera porque esas actividades no eran de su interés o por no enfrentarse a la burocracia de Hacienda.
Luego, llegó el periodo de Vicente Fox y parte de su diagnóstico en el sector fue simplificar los trámites administrativos y propiciar una mayor inversión del sector privado en el desarrollo científico y tecnológico. Así que, primero, modificó las reglas de operación del programa de incentivos fiscales: elevó a 30 por ciento el beneficio fiscal y en lugar de que fueran los empleados de ventanilla los que decidieran, propuso la creación de un comité interinstitucional para aplicar el incentivo. Sí, un comité interinstitucional.
En la distribución, los 500 millones de pesos para incentivos fiscales comenzaron a ser insuficientes. Así que, en el 2004, el comité propuso que se duplicara el monto: 1,000 millones de pesos y luego se incrementó más, hasta alcanzar 4,500 millones de pesos. Todo bien. No obstante, al examinar con más detenimiento la distribución y empresas beneficiadas, la Academia Mexicana de Ciencias expresó su extrañeza por los nombres que aparecieron: básicamente empresas automotrices y trasnacionales. La crítica fue en ascenso. El programa quedó suspendido en 2008.
A partir del 2009, la opción fue entregar incentivos directamente, lo llamaron Programa de Estímulos a la Investigación a pequeñas y grandes empresas y así operó hasta el 2016. En este último año, el ejecutivo federal, otra vez para incentivar la menguante inversión de los empresarios, instruyó a los secretarios de Hacienda, Economía y Conacyt para que, nueva- Se confunden los montos que dijo el Ejecutivo federal en su penúltimo informe y los que para ese mismo año dice el comité encargado” mente, elaboraran un programa de incentivos fiscales.
Y sí, a partir del ejercicio fiscal del año pasado el nuevo programa está en marcha. De hecho, en la modificación a la ley de impuesto sobre la renta ( ISR), volvió a proponer un crédito fiscal del 30 por ciento de los gastos en investigación o desarrollo de tecnología, aplicable contra el ISR ( artículo 202). También, una vez más, propuso que fuera un comité interinstitucional el encargado de otorgar los incentivos. La diferencia fue que, ahora, el monto sería de 1,500 millones de pesos en cada ejercicio fiscal y no más de 50 millones de pesos por contribuyente.
El caso es que, el pasado mes de septiembre, en el Quinto informe de gobierno, en referencia al programa de incentivos fiscales, quedó anotado: “El periodo de envío y recepción de las solicitudes fue del 1 de abril al 31 de mayo de 2017. Al concluir el proceso, se recibieron 162 solicitu- des para obtener el incentivo, que corresponden a 117 contribuyentes del ISR, por 4,734 millones de pesos para 2017” ( p. 352).
Por su parte, el Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal, publicó el penúltimo día del pasado mes de febrero, los resultados de la distribución y beneficiarios de los estímulos fiscales. Según la información reportada, el comité autorizó 593.4 millones de pesos ( fue un poco más, pero unos contribuyentes renunciaron al beneficio) y los elegidos sumaron 38, siete de ellos con un monto de 50 millones de pesos cada uno ( DOF. 27.02.2018).
La diferencia entre montos, solicitudes y autorizaciones es amplia. Si bien el Quinto informe no dice, exactamente, si distribuyó o no los poco más de 4,500 millones pesos, sí lo sugiere. A su vez, llama la atención que el monto distribuido por el Comité no solamente sea menos de lo que dice el Informe, también que distribuyó una tercera parte de lo que podía asignar. Solicitudes había. Tal vez por eso, ahora, prorrogaron la recepción de solicitudes.
Para variar, ni como contar bien; otra vez, los datos oficiales no cuadran y no cuentan mucho.
Posdata. El reciente proyecto de ley de ciencia y tecnología del ejecutivo federal, en sentido estricto, no es una reforma. De nada.