LA IRRITACIÓN POTOSINA
Al final del mes anterior, en San Luis Potosí, un foro académico internacional que tenía como objetivo deslumbrar con el intercambio y las relaciones académicas entre Francia y México, localmente cumplió otro propósito: darle visibilidad nacional al conflicto en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica ( Ipicyt). La posterior renuncia del titular es un desenlace parcial, pero es aleccionador lo que ha ocurrido.
El conflicto, de acuerdo con el portal de noticias local laorquesta. mx, no es reciente, tiene poco más de un año. Todo comenzó en abril de 2017. En esa fecha les recortaron los incentivos económicos a prácticamente la totalidad del personal del Ipicyt. Solamente el personal directivo quedó a salvo de la disminución que fue del 30 al 50 por ciento del salario que regularmente percibían ( https:// goo. gl/ dyqH8U).
El Ipicyt es relativamente reciente ( se fundó al final del año 2000) y es parte del sistema de Centros Públicos de Investigación ( CPI) del Conacyt. Estos centros son esa veintena de instituciones que se distribuyen en casi toda la geografía nacional, realizan enseñanza — principalmente de posgrado— e investigación; el año pasado cumplieron 25 años de que se integraron. Tienen diferentes especialidades y se agrupan en tres áreas de conocimiento: ciencias sociales y humanidades; naturales y exactas; y desarrollo tecnológico.
La especialidades del Ipicyt son la biología molecular, materiales avanzados, matemáticas aplicadas, ciencias ambientales y geociencias aplicadas. Tiene programas de posgrado ( maestría y doctorado) en cada una de ellas. El personal que labora ahí suma poco más de un centenar: 13 directivos; 62 investigadores y 29 técnicos; en los dos últimas categorías se concentró el recorte de salario.
Los incentivos económicos en las instituciones de educación superior en México es esa política que se instaló a partir de los años noventa en el subsistema: una compensación al salario base conforme una evaluación del rendimiento individual. Las condiciones de aplicación son muy variadas en el heterogéneo conjunto de instituciones, pero en casi todos los casos, y para una buena parte del personal académico, representan una proporción significativa de las percepciones económicas ( puede ir de un tercio a más del doble del salario base). Si de buenas a primeras los incentivos son retirados, resulta comprensible la afectación.
El caso de los CPI es todavía más peculiar porque la reforma a la normatividad científica de fines de los años noventa los colocó en una administración conforme conve- nios de desempeño y luego a través de Convenios de Administración por Resultados. En esta situación, una porción importante del sostenimiento financiero de estos centros ( 40 por ciento o más) proviene de ingresos propios.
Las expresiones de inconformidad del personal del Ipicyt fueron en aumento a lo largo del año pasado y del actual. En el Tercer Foro Académico Franco- Mexicano de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en San Luis Potosí el 29 y 30 de mayo, con la participación del gobernador de la entidad, personal diplomático de Francia y el titular de Conacyt, Enrique Cabrero, los investigadores y técnicos del instituto irrumpieron en el acto. Posteriormente, como lo reportó el periódico El Universal ( SLP), el ahora exdirector del Ipicyt, Alejandro Femat, renunció al cargo “con el fin de abrir espacios de reconciliación” ( https:// goo. gl/ 9Vxekt).
Después de un año, el hecho confirma que lo importante es que haga crisis la situación y que se haga presente, ampliamente, la manifestación pública del problema. Antes de eso, ni pensar en tener la atención y menos una respuesta de los directivos. Un sendero que sigue cualquier muestra de inconformidad en México que busca ser efectiva ( como bloquear las avenidas o tomar las instalaciones) y que expresa la baja institucionalidad que nos rige, así como el talante de las autoridades.
También muestra lo sensible que puede ser cualquier cambio en el tema de los incentivos económicos y en el salario base. Después de todo, son casi tres décadas de funcionar bajo un esquema de compensación de alto porcentaje que será muy difícil remover, sin generar irritación. Igualmente, es notable la relevancia de la participación federal para mantener el equilibrio presupuestal en las instituciones académicas.
Por último, el caso del Ipicyt es un reflejo a escala de la normatividad que rige a los CPI y del posible cambio que se les avecina. En la propuesta de ley del gobierno federal, ese proyecto que llegó al cuarto para las doce al Congreso y que no se discutirá en la actual legislatura, se considera un capítulo de amplia reforma de esos centros. Incluye un nuevo esquema de gobierno, gestión, control interno y evaluación externa, así como la eliminación de los Convenios de Administración por Resultados y la adopción de programas institucionales de planeación.
En fin, por ahora todavía es un proyecto y tal vez se demore en discutirse en la próxima legislatura, pero seguramente estará en la agenda del próximo gobierno.