VAYAMOS AL INICIO.

Para entender lo que pasa hoy, vayamos atrás unos meses, al mes de junio, cuando el secretario de Educación Pública ( SEP), Otto Granados Roldán, se comprometió con los rectores del país a realizar las gestiones correspondientes para que en el Presupuesto de Egresos 2019 se consideren los recursos suficientes para evitar que los problemas estructurales entorpezcan la operación de las universidades públicas y tengan consecuencias sobre los procesos educativos y la gobernabilidad. Fue un gesto que se agradeció y se respaldó en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ( Anuies). Y desde esa fecha se comenzó a trabajar. Pero el escenario político electoral cambió las posibilidades y estrechó el margen de esa negociación, que no el compromiso irrestricto de las autoridades educativas encabezadas por Granados Roldán.