NADA DE AMENAZAS.

Hablar de acciones legales y fincar responsabilidades en contra de las actuales autoridades universitarias, o de quienes las precedieron, es meterse en un terreno que no conviene a la educación superior. Porque la justicia y las investigaciones frente a cualquier ilícito o sospecha de éste, no debe hacerse por consigna o por la ambición de asumir el poder y controlar los destinos de las universidades públicas estatales. Aprovechar el mal momento financiero que viven, y acusarlas de opacidad, malos manejos sin colocar las pruebas sobre la mesa, parecen más justificaciones para intervenir en su capacidad de autogestión y autogobierno, que verdadero interés de optimizar la administración de los recursos públicos que se les asignan. Así que si hay voces que recomiendan caminos más allá del diálogo, deben pensar dos veces la consecuencia inmediata de esta innecesaria discusión.