POLÍTICA ÓN SUPERIOR
Mbiguas y enfocadas más con lo político que lo educativo
y otras, hay un componente importante del presupuesto universitario que proviene hoy de las cuotas y que no puede solamente eliminarse con un acuerdo constitucional y dejar a las universidades al garete sin esos recursos, eso lo tiene que poner el Estado mexicano”, advierte.
Para Germán Álvarez Mendiola, Director del Departamento de Investigación Educativa ( DIE) del Centro de Investigaciones Avanzadas ( CINVESTAV), las contradicciones y las señales nada claras del nuevo gobierno son un arma de doble filo.
“Si los gobiernos se deben a sus clientelas, principalmente, no necesariamente a sus electores, sino a sus clientelas, para poder garantizar su ejercicio del poder, el gobierno que va a entrar debe estar muy preocupado porque las universidades normalmente son uno de los lugares donde más rápidamente crece el descontento social”, apunta.
Y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue con esta pretensión de recortar el gasto a las universidades públicas, por mucho que digan que se trató de una equivocación, los universitarios no se quedarán de brazos cruzados.
“Es muy factible que pronto veamos a los universitarios en las calles exigiendo la restitución de un subsidio que se puede ver recortado, y lo van a hacer los universitarios con toda la razón del mundo, y eso va a impactar, como ya está impactando”, dice.
Incluso, agrega Álvarez Mendiola, se trata de una variable que ha sido minimizada o mal analizada por la siguiente administración.
“Simplemente desde el punto de vista del cálculo político, el más elemental, y especialmente por la capacidad de protesta que tienen los universitarios, especialmente cuando los recursos empiezan a escasear, creo que el gobierno próximo tiene que modificar esta situación, habría que exigir, públicamente, que haga una declaración explícita, si va a haber recortes, de cuánto va a ser, si no va a haber, que lo diga”, sentencia.
Un proyecto de alto riesgo
En esa línea de no aquilatar el camino recorrido por las universidades públicas del país, la construcción de 100 universidades bajo un esquema nada claro, es un asunto, dicen los especialistas, de alto riesgo.
Para Imanol Ordorika Sacristán, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el asunto es claro. Se trata de un proyecto de corto alcance basado en atender a una población muy pequeña, al estilo de las escuelas de MORENA en la Ciudad de México.
“El esquema es una verdadera locura, universidades construidas desde abajo, donde en cada municipio se vote qué carreras quieren tener, eso es un engaño porque son escuelas estatales para pobres con orientación clientelar”, puntualiza.
En tanto, Angélica Buendía, Presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa ( COMIE) e Investigadora de la UAM Xochimilco, dice que a estas alturas poco se sabe de ese modelo.
“Sin embargo, lo veo con bastantes riesgos, uno es la dispersión de los recursos, se está pensando en esas universidades en los contextos regionales, donde se responda a ciertos grupos que han sido tradicionalmente marginados, pero qué tanto ese tipo de instituciones van a alcanzar un crecimiento sostenido que realmente pueda tener efectos en el incremento de la matrícula”, cuestiona.
Esta dispersión geográfica, comenta, que se va a hacer, al ubicarlas en regiones muy apartadas, donde los jóvenes no tienen acceso, lo único que va a generar es reproducir escuelas con escasos recursos para jóvenes con escasos recursos.
“Y entonces reproducir la desigualdad, en términos de lo que significa el acceso y la permanencia; creo, que lo que se le va a destinar a la creación de 100 universidades, pueden ser esos recursos que se están retirando de las instituciones consolidadas”, señala.
Un modelo, a final de cuentas, puntualiza la investigadora, en el que no hay claridad, ni del que se han pensado las repercusiones que tiene para los jóvenes y para las propias regiones.
“Lo que vamos a hacer es aumentar la segmentación, quiero ver cuál es el límite de crecimiento, lo que implica la infraestructura para armar una universidad, estoy hablando de recursos para infraestructura como tal, física, pero principalmente de profesores, quiénes van a ser los profesores ahí, que tipo de concentración se les va a dar; vamos a generar un montón de infraestructura para 100, o 200, o 500 estudiantes”, considera.
Para Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en este asunto se debe privilegiar el sentido común, ya que si el modelo de universidad pública, sobre todo el modelo de universidad pública autónoma, ha sido el más exitoso, lo más razonable sería reforzarlo.
“Porque además ya tiene una capacidad instalada, una economía de escala, profesores contratados, laboratorios, etcétera, esa sería la más razonable, desde el punto de vista que sea, desde el punto de vista más neoliberal, desde el punto de vista contrario a lo neoliberal, es lo más eficiente”, plantea.
Y es que, como lo advierte Rodríguez, dar prioridad a cualquier otra alternativa, terminaría por demostrar que se privilegiaron criterios políticos por encima de lo académico.
“Si no se hace de esa manera, es por razones políticas, y hay que desmenuzar, me parece, es uno de los retos que tenemos, cuáles son las razones políticas detrás de no hacer o dar la respuesta que es más eficiente social, económica y políticamente”, señala.