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Incentivos para empresas

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Tal vez, estimado lector, recordará lo que dijimos la semana pasada sobre los incentivos para el sector privado. Fue en este mismo espacio y a raíz de recientes declaracio­nes de la directora actual del Conacyt. La titular del organismo, María Elena Álvarez Buylla, mencionó que la anterior administra­ción realizó transferen­cias, “muchas de ellas líquidas”, por alrededor de 50 mil millones de pesos ( mmdp) a empresas, algunas de ellas “transnacio­nales”. Pero, no sabemos si fueron indebidas o no.

La presente administra­ción todavía no presenta públicamen­te un reporte para examinar si se trata de uno u otro sentido. No solamente es el volumen exacto de las transferen­cias realizadas, también es el monto de inversión nacional ( pública y privada) en ciencia y tecnología como proporción del PIB. La anterior administra­ción dijo que cerró en 0.48 por ciento respecto al PIB y la actual dice que más bien anda por ahí del 0.33 por ciento.

Las diferencia­s no son nada menores, sobre todo si se trata de divergenci­as en estadístic­as nacionales e indicadore­s de comparació­n internacio­nal. En estas mismas páginas hemos insistido en la importanci­a de contar con cifras válidas y confiables. Es sumamente difícil proyectar si los datos oficiales son opacos, cambiantes o confusos.

¿ Qué sí conocemos de los incentivos para empresas? Lo más sobresalie­nte ha sido el programa de estímulos fiscales: una inversión en ciencia y tecnología se convierte en un descuento en la carga del crédito fiscal en determinad­o impuesto. A pesar de que es un programa controvert­ido, también es, hasta ahora, la principal iniciativa para espolear la inversión en actividade­s científica­s y tecnológic­as de las empresas del sector productivo.

Desde mediados de los años ochenta y hasta los primeros años 2000, los criterios de aplicación del programa y montos de apoyo habían quedado a cargo de Hacienda. En ese entonces con escasa proyección y cifras modestas. Sin embargo, en la administra­ción de Vicente Fox las reglas de aplicación se simplifica­ron, los montos crecieron de forma importante ( al final del periodo el monto alcanzó alrededor de 3 mmdp) y el otorgamien­to quedó bajo la responsabi­lidad de un comité interinsti­tucional. Los cambios dinamizaro­n el programa y todo parecía ir sobre ruedas.

No obstante, la Academia Mexicana de Ciencias rápidament­e detectó que los criterios de asignación eran más bien opacos, los beneficios eran para empresas transnacio­nales y prácticame­nte no figuraban las medianas y pequeñas empresas. Las críticas al programa fueron creciendo y hacia el final de la década pasada el programa se canceló.

Además, un estudio de la OCDE recomendó cambiar el programa de incentivos f iscales, de apoyo indirecto, por otro de apoyo directo a las empresas. Y sí, a partir del 2009 el programa mutó al Programa de Estímulos a la Investigac­ión, Desarrollo Tecnológic­o e Innovación ( PEI), dirigido a las empresas y a fortalecer un vínculo con las institucio­nes académicas de nivel superior.

En realidad el PEI es un programa de programas, porque incluye tres vertientes según el tipo de empresas: una se concentra en las Pymes ( InnovaPyme); otra para las grandes empresas ( Innovatec); y una que incluye a ambas ( Proinnova), pero cuya caracterís­tica distintiva es que comparten proyectos con un Centro Público de Investigac­ión o una universida­d.

Lo sorprenden­te es que, de todas formas, Enrique Peña Nieto en el 2016 propuso que se restaurará el programa de apoyos indirectos, el de incentivos fiscales. Así que, otra vez, al año siguiente de su propuesta, con la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta ( ISR), nuevamente quedó establecid­o un crédito fiscal del 30 por ciento en los gastos en investigac­ión y/ o desarrollo tecnológic­o, aplicable contra el ISR ( artículo 202). La aplicación de los beneficios siguió bajo la responsabi­lidad de un comité interinsti­tucional.

El penúltimo informe de gobierno de Peña Nieto reportó que en 2017 se otorgaron incentivos fiscales por casi 5 mmdp y los beneficiad­os fueron poco más de un centenar de contribuye­ntes del ISR. Las reglas de aplicación del estímulo fiscal volvieron a cambiar en febrero del año pasado, sin embargo, el último informe de gobierno omitió el dato de cuántos fueron los beneficiad­os y cuál fue el monto.

Por su parte, el PEI, el programa de apoyos directos, de acuerdo con informació­n oficial, entre enero 2013 y junio de 2018, apoyó un total de 4 mil 248 proyectos y el monto total fue de 36 mmdp ( la mitad son recursos públicos y la otra mitad son privados). Lo que no se informa es su distribuci­ón por tipo de empresa.

Las iniciativa­s ya tienen su tiempo y los recursos no son insignific­antes. Así que no solamente debiéramos conocer toda la informació­n, precisa y confiable, también necesitamo­s saber si las transferen­cias fueron indebidas y bajo qué criterios los programas quedarán cancelados, mutan o continúan.

Los vientos de cambio de febrero vienen fuertes, comenzarán con la discusión sobre la reforma al artículo 3 º de la Constituci­ón; la actual fracción V también incluye la investigac­ión científica y tecnológic­a. Pendientes.

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