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Conacyt debe consultar

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La comunidad de académicos, científi cos y humanistas del país no es cualquier cosa. Este colectivo concentra una parte importante del talento y la inteligenc­ia con que cuentan nuestras institucio­nes de investigac­ión, educación superior y cultura. Además es una comunidad organizada y que posee, además de experienci­a, probada capacidad para deliberar y discutir las mejores vías para hacer avanzar la frontera del conocimien­to en sus respectiva­s disciplina­s.

Bien harían las nuevas autoridade­s del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología si proponen y realizan encuentros de diálogo con dichas comunidade­s para someter a discusión las ventajas y los riesgos de nuevos diseños de fomento a la actividad científi ca, las reglas y criterios de evaluación de los posgrados, el enfoque general del Sistema Nacional de Investigad­ores, las cátedras nacionales y el resto de los programas del Conacyt que se pretenden transforma­r.

Cualquier política pública, en este caso la correspond­iente al sector de ciencia y tecnología, se enriquece, pero sobre todo se legitima, a medida en que toma en cuenta el punto de vista de los interesado­s e involucrad­os en su puesta en práctica. Por muy sensatos o creativos que puedan ser los diseños de renovación, su apertura al debate público, con posibilida­des de adecuación a las necesidade­s y demandas de los destinatar­ios, segurament­e los fortalece.

Pero no solo es esa razón por la que Conacyt debe someter a consulta sus propuestas de política científi ca. También hay disposicio­nes normativas vigentes que establecen esta vía. Para empezar, lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología, cuyo Artículo 21 dispone: “La formulació­n del Programa Especial estará a cargo del Conacyt con base en las propuestas que presenten las dependenci­as y entidades de la Administra­ción Pública Federal que apoyen o realicen investigac­ión científi ca, desarrollo tecnológic­o e innovación. En dicho proceso se tomarán en cuenta las opiniones y propuestas de las comunidade­s científi ca, académica, tecnológic­a y sector productivo, convocadas por el Foro Consultivo Científi co y Tecnológic­o”.

Por otra parte, el Foro Consultivo Científi co y Tecnológic­o A. C., organismo creado hace 16 años en calidad de órgano autónomo permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt, lo obligan a “promover la expresión de la comunidad científi ca, académica, tecnológic­a y del sector productivo, para la formulació­n de propuestas en materia de políticas y programas de investigac­ión científi ca y tecnológic­a ( Art. 6).

Es decir que Conacyt debe someter a consulta sus propuestas y el Foro Consultivo tiene facultades para convocar y organizar la consulta respectiva. Lo ha hecho en otras ocasiones con buenos resultados. Conviene agregar que, a partir de este año, dicho organismo es encabezado, con nombramien­to de coordinado­ra general, por la doctora Julia Tagüeña, quien se desempeñó, de 2013 a 2018, como directora adjunta de Desarrollo Científi co del Conacyt y por lo tanto como autoridad principal en la gestión del Sistema Nacional de Investigad­ores.

La interacció­n entre Conacyt y el Foro Consultivo podría perfectame­nte instrument­ar un amplio proceso de consulta con la comunidad científi ca, académica y tecnológic­a. No solo deseable, sino posible y productivo.

También sería deseable y oportuno tomar en cuenta, como interlocut­or legítimo, a la Academia Mexicana de Ciencias ( AMC). Esta agrupación, reconocida como el organismo más representa­tivo de la comunidad científica mexicana, promovió en colaboraci­ón de múltiples institucio­nes de educación superior, ciencia y tecnología del país, el documento “Hacia la consolidac­ión y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégic­o para una política de Estado 2018- 2024” ( julio de 2018). En este abundan recomendac­iones generales y específica­s para el desarrollo de la actividad científica en el país.

La Asociación Nacional de Universida­des e Institucio­nes de Educación Superior ( Anuies) publicó en 2018 su documento “Visión y acción 2030 Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México”, que contiene, también con carácter indicativo, recomendac­iones prácticas para facilitar la vinculació­n entre el posgrado universita­rio, las prácticas de investigac­ión académica, y la política pública de ciencia y tecnología. Hay entonces tela de donde cortar.

Sería en cambio un error, desde mi punto de vista, dejar pasar la oportunida­d de afi anzar el diseño de nuevas políticas en un proceso de interlocuc­ión con las comunidade­s relevantes. Ojalá que esta posibilida­d se esté consideran­do en donde correspond­e tomar una decisión de esta naturaleza. ¿ Sobra recordar que Conacyt debe servir a los científi cos, académicos y tecnólogos y no al contrario?

ADEMÁS DE que el diálogo enriquecer­ía las política públicas, hay disposicio­nes normativas que establecen esa vía

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