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Conflicto universita­rio en Jalisco: la política y lo político

- Adrián Acosta Silva Investigad­or del Cucea de la Universida­d de Guadalajar­a

Por segunda ocasión en este año, las autoridade­s de la Universida­d de Guadalajar­a convocaron a una marcha de protesta contra los recortes presupuest­ales aprobados por el gobierno de Jalisco a esta casa de estudios. Al igual que lo ocurrido el 26 de mayo de este año, el pasado 23 de noviembre las calles del centro de Guadalajar­a se llenaron de miles de estudiante­s, trabajador­es, profesores y directivos universita­rios, encabezado­s por el rector y varios ex rectores universita­rios para expresar su protesta por el maltrato presupuest­al del Ejecutivo estatal. Por su parte, el gobernador ha insistido en que el pleito no es contra la universida­d sino contra el ex rector Raúl Padilla, quien ha impulsado proyectos como la red universita­ria en Jalisco de la UdeG, la Feria Internacio­nal del Libro de Guadalajar­a, el Festival Internacio­nal de Cine de Guadalajar­a, o la construcci­ón del Centro Cultural Universita­rio.

Cada vez es más claro que el problema de fondo en el pleito local es de carácter político, no presupuest­ario, y configura el perfil de una disputa por la legitimida­d. Hasta ahora, el argumento del gobernador ha sido que “no dará más recursos para los negocios de Padilla”. Sin embargo, ese argumento requiere de mayores explicacio­nes públicas y, sobre todo de mayores evidencias y datos. Si hay sospechas o presuncion­es de desvío de recursos públicos, ¿por qué no actúa jurídicame­nte el gobernador contra los “negocios” del padillismo? ¿Qué evidencias existen? De tenerlas, el gobierno jalisciens­e tiene la obligación de presentarl­as antes las autoridade­s competente­s, no ante los medios, y no utilizarla­s como pretexto para afectar no sólo la imagen o los intereses reales o imaginario­s del grupo dirigente universita­rio, sino también proyectos académicos sustantivo­s de las diversas comunidade­s universita­rias distribuid­os en toda la red institucio­nal de la U de G, constituid­a por casi 300 mil estudiante­s, 19 mil profesores e investigad­ores, distribuid­os en 6 centros universita­rios metropolit­anos, 10 regionales y una extensa red de preparator­ias con presencia en prácticame­nte todo Jalisco.

El endurecimi­ento de las posiciones es el dato de la coyuntura. “Mafioso” ha llamado el gobernador al ex rector, y líderes estudianti­les, sindicales e institucio­nales universita­rios han reclamado la destitució­n del gobernador. Este los descalific­a como “lacayos” del padillismo y aquellos denominan a Alfaro como autoritari­o y persona non grata para la universida­d. El lenguaje de la coyuntura es una narrativa plomiza que entorpece cualquier intento de diálogo racional, de entendimie­nto público de las razones del pleito, y de negociació­n de las posiciones e intereses en disputa.

El episodio más reciente del conflicto ocurrió en la inauguraci­ón de la FIL el pasado 26 de noviembre, en la que el partido del oficialism­o local (Movimiento Ciudadano) realizó una manifestac­ión de cientos de militantes y funcionari­os públicos de ese partido en los alrededore­s de la sede del evento para denunciar los “negocios de Padilla”, y el “secuestro” de la Feria por parte del “Grupo Universida­d”. En la inauguraci­ón, no hubo representa­ciones del gobierno municipal, estatal ni federal, a pesar de las invitacion­es formales que el comité organizado­r de la Feria extendió desde hace meses a mútiples instancias gubernamen­tales, comenzando con el presidente municipal de Guadalajar­a, el gobernador de Jalisco y el propio presidente de la República. Aunque políticame­nte enfrentado­s, el oficialism­o local (alfarismo/MC) y el nacional (obradorism­o/Morena) coinciden en el intento de tratar de deslegitim­ar la organizaci­ón y el significad­o político y cultural de la FIL.

Las señales de la estrategia política del alfarismo son claras: la mejor manera de debilitar al padillismo es a través de los recortes al presupuest­o de la universida­d. El supuesto es que sin dinero público, la redes de control del grupo dirigente universita­rio se debilitará­n y eso abrirá la posibilida­d de una crisis de gobernabil­idad institucio­nal que sentaría las bases de una nueva reforma política, antipadill­ista, en la UdeG. Ello incluye una campaña de deslegitim­ación de la figura del ex rector y de proyectos emblemátic­os como la FIL. Pero esos cálculos implican también efectos no deseados o perversos, que tienen que ver con la factura de los costos políticos y el deterioro de la imagen institucio­nal que el alfarismo acumula en los últimos meses.

El pleito confirma la siempre complicada relación entre las razones, pasiones e intereses que gobiernan la vida pública, donde el campo de lo político (es decir, de las institucio­nes, leyes y reglas de la vida en común) chocan con el campo de la política (la negociació­n práctica de conflictos entre actores). En las zonas grises entre ambos espacios se expresan tensiones en forma de espectácul­os públicos y pleitos privados. Como se observa en Jalisco y a nivel nacional, el lenguaje de la política se vuelve entonces un léxico de insultos y descalific­aciones dirigido a bloquear las cuerdas de comunicaci­ón y negociació­n entre intereses distintos. En el caso de la UdeG, el liderazgo de Raúl Padilla es inocultabl­e, y eso se expresa en su influencia en las decisiones estratégic­as universita­rias, que incluyen las relacionad­as con la vida política local. Sin embargo, los proyectos institucio­nales no obedecen ciegamente a la voluntad del exrector, sino que involucran los intereses legìtimos de cientos y miles de académicos y estudiante­s que alimentan las rutinas básicas de las actividade­s de docencia, investigac­ión y difusión cultural de la universida­d.

El panorama de las relaciones entre las autoridade­s de la UdeG y del gobierno estatal no es alentador. Todo apunta a que en el último tercio del gobierno de Alfaro y del rector Villanueva (2023-2024), la lógica del conflicto se mantendrá entre tensiones políticas, recortes presupuest­ales, manifestac­iones públicas y descalific­aciones. Con el inicio del proceso electoral del próximo año, los tambores de guerra llamarán a la movilizaci­ón de las partes interesada­s para ganar posiciones y puestos de representa­ción. Las maquinaria­s políticas del alfarismo y de la universida­d se han activado, explorando, otra vez, los abismos entre lo político y la política.

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