Después del plagio ¿qué (más) sigue?
Por las declaraciones y comunicaciones de los últimos días parece entramparse el caso de la probable comisión de plagio de tesis cometida por la ministra Yasmín Esquivel Mossa. El 11 de enero el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, instancia a la que se encomendó el análisis del caso, difundió un comunicado en el que informa haber valorado “los elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de información” de las tesis en cuestión, y concluye que “la tesis elaborada en 1987 (es decir la de la ministra Esquivel) es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho (es decir, Édgar Ulises Báez).
En el mismo comunicado, el comité de la FES señala que ambos casos (el de la ministra y el de su directora de tesis, Bertha Rodríguez Ortiz) “se turnarán a las instancias correspondientes para que se proceda conforme a la legislación universitaria”. Es importante hacer notar que, en ese contexto, las “instancias correspondientes” deberían ser la dirección de la FES, y por su intermedio el Tribunal Universitario de la UNAM.
El mismo día, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, suscribió un boletín el que, además de reiterar el dictamen elaborado por la comisión de la FES, menciona, por primera vez en lo que va del proceso, los nombres de las personas involucradas, descartando la posibilidad del “plagio inverso” que había sostenido la ministra en su defensa: “el referido Comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Mossa, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Édgar Ulises Báez”.
A pesar de la contundencia en la acusación de plagio, el comunicado del rector incluyó la referencia al siguiente criterio: “de la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado.” El boletín citado concluye con la anotación “el contenido de la resolución del Comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública para los fines a que haya lugar.” En resumen, la UNAM considera que la tesis de la ministra Esquivel es un plagio pero, con base en la interpretación del abogado general de la institución (Adolfo Sánchez Castañeda), indica la improcedencia de cancelar el título otorgado.
En complemento a la tarea encomendada al Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, el rector Graue solicitó al Abogado General que resolviera la siguiente cuestión: “¿es posible o no que esta Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) retire, cancele o revoque un título académico que ya ha otorgado”? La respuesta se entregó el 10 de enero y concluye que “la UNAM carece de una norma jurídica que le permita expresamente retirar, cancelas o revocar, los títulos académicos que otorga. La Universidad sólo puede hacer aquello que tiene expresamente facultado y debe respetar la competencia que tienen otras autoridades.” En el mismo documento, el funcionario universitario opinó que, desde su criterio, la Dirección General de Profesiones de la SEP tiene facultades para cancelar la cédula profesional emitida, en atención a lo cual la UNAM optó por enviar el expediente a esa dependencia y mantener en las instancias universitarias la posibilidad de sancionar la conducta de la directora de tesis, lo que muy probablemente habrá de ocurrir.
Al día siguiente, el 12 de enero, el presidente de la República, en su conferencia matutina tocó el tema. Aludiendo al pasaje bíblico del juicio a Jesucristo, criticó la decisión del rector por haberse “lavado las manos, como Poncio Pilato”. El presidente agregó: “de todas maneras nosotros vamos a ver el asunto, si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, la pregunta es ¿no pudo la UNAM resolver? Nosotros vamos a atenderlo y pronto lo vamos a resolver”. Así ocurrió: en respuesta al expediente enviado por la UNAM, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Anaya, envió el 16 de enero un oficio al rector en el que, luego de cuestionar que no se hubieran agotado las instancias universitarias para tomar una decisión sobre el presunto plagio de tesis, señala que “la DGP carece de competencia para emitir alguna resolución al respecto”, es decir la imposibilidad de cancelar una cédula profesional sin la previa resolución de la autoridad universitaria en el sentido de suprimir el título otorgado. Y por lo tanto, se devolvió a la UNAM el expediente entregado.
¿Cuál hubiera sido respuesta presidencial si la UNAM hubiera tomado una decisión distinta, es decir la de suprimir el título otorgado a la ministra Esquivel por haber plagiado su tesis de licenciatura? Eso queda en la esfera de la especulación pues aunque posiblemente una solución de ese tipo hubiera aminorado el desgaste del máximo órgano de justicia del país ante la opinión pública, lo cierto es que el titular del Ejecutivo, en sus expresiones públicas, ha mantenido confianza en la ministra quien, por cierto, declaró en una breve entrevista de prensa (Milenio, 16 de enero) su decisión de no renunciar o pedir licencia a su cargo.
En medio de este proceso son numerosas las voces de académicos, intelectuales, asociaciones de abogados, entre otros, que se han pronunciado en el sentido de exigir la separación de la ministra Esquivel de su puesto en la SCJN por transgredir los principios de ética exigibles a los impartidores de justicia. En un escenario político cada vez más marcado por la próxima transición presidencial ¿puede resistir el régimen de la llamada cuarta transformación un desgaste de esta naturaleza? La respuesta a esta cuestión puede definir el desenlace del penoso suceso.