Las Universidades Interculturales: volver a crecer
En enero 2023, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados-Cinvestav, hablé de la equidad, en un seminario de reflexión sobre 30 años de políticas públicas en educación superior. En otro evento, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la secretaria de Educación Pública (SEP), lo hice sobre interculturalidad. Para ambos eventos, revisé experiencias y datos sobre el abatimiento de la iniquidad educativa. Me percaté que el compromiso de reforzar la inclusión de grupos vulnerables, constante en las pasadas tres décadas, ha tenido resultados distintos.
Por el formato de esa entrega, analizaré ahora sólo el papel desempeñado por las universidades interculturales (UI) en ese terreno. Más adelante, abordaré otras instituciones de cercanía como las Universidades Benito Juárez para el Bienestar y otras iniciativas, gubernamentales o locales.
El subsistema de las UI inició en 2004 pero entró en letargo, a partir de 2012, después de la apertura de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Ese pasmo, de casi diez años, contrasta con su dinamismo anterior, cuando 10 establecimientos fueron inaugurados o incorporados al sector. Sin embargo, recientemente, la SEP promovió una reanudación del crecimiento. En su página Web, informó que había sido abierta una UI en Baja California. Durante el seminario Cepal-SEP, algunos ponentes expusieron que se discutía instalar más instituciones de ese tipo en Tlaxcala, Campeche, Colima, Guanajuato, Oaxaca y Sonora.
La reactivación del sector obligará a superar desvíos a escala sociopolítica (reducción de la desigualdad educativa) y pedagógica (enseñanza de lenguas indígenas, dialogo de saberes, rescate y codificación de conocimientos). Idear soluciones contribuirá a evitar que, en la etapa de expansión que se perfila, se desperdicien los aprendizajes acumulados durante 20 años.
Lograr apuntalar cualitativa y cuantitativa el subsistema implicará, asimismo, detectar necesidades. Una primera radica en entender los altibajos en las curvas de expansión/retracción de las matrículas por establecimiento, para saber si sus razones son internas o externas:
La segunda consiste en indagar la sustentabilidad de las UI, sobre todo de las con baja matricula y alto grado de desconcentración espacial y resolver las crisis de gobernabilidad o, sencillamente, de organización que lastran sus perspectivas de legitimación.
Una tercera necesidad es esclarecer cómo las comunidades indígenas o asociaciones ejidales, situadas en su entorno; participan en la toma de decisiones y en la vida cotidiana de las instituciones. Aunque, pese a demoras y desacuerdos, organizaciones comunales y étnicas donaron terrenos para construir las UI, toparon luego con obstáculos para ocupar los espacios pactados de coparticipación.
A consecuencia de esas problemáticas, los resultados, por lo menos cuantitativos, obtenidos hasta ahora, fueron inferiores a las expectativas. Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en 2021-2022, las UI agrupaban solo el 9.07% del total nacional de los estudiantes Hablantes de Lengua indígena (HLI). Los alumnos HLI, a escala nacional, equivalían apenas al 1.54% de los inscritos en el sistema nacional de educación superior, una tasa apenas superior a la estimada una década atrás. Aunque probablemente esta aumentaría, si el criterio de pertenencia étnica fuese más laxo que el utilizado, el porcentaje lleva a interrogarse sobre la atractividad de las UI y su potencial para diferenciar significativamente la matrícula.
En suma, ante la ola de crecimiento anunciada, vale la pena preguntar: las UI, en tanto dispositivos para absorber preferentemente un colectivo particular: ¿Cumplieron su cometido de atención particularizada? ¿Mejoraron las capacidades de atención a la diversidad? ¿Revirtieron la vulnerabilidad e incrementaron el índice de titulación en el grupo focalizado?
El repaso realizado recalca, además, la urgencia de evaluar la pertinencia de los servicios prestados en las UI y la distribución poblacional (sesgada o compensatoria) de sus beneficios. Lo anterior, habida cuenta que, en un escenario de expansión, el primer acceso y la cobertura han aumentado menos entre los colectivos de ingresos bajos que entre los de ingresos elevados, sin aminorar significativamente las diferencias por grupo en la retención y el egreso.
A la luz de esas constataciones, la discusión sobre cómo mejorar las políticas diseñadas para aliviar las injusticias sociales en la educación superior, en tanto servicio de bienestar y derecho humano, no tiene fecha de caducidad… pero encarrilarla implicará contar (por fin) con una información actualizada y aprender de los yerros y logros.