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Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024

- Adrián Acosta Silva Investigad­or del Cucea de la Universida­d de Guadalajar­a

El jueves 28 de diciembre, en pleno día de los santos inocentes, fue publicado el “Programa Especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 20192024”, en el Diario Oficial de la Federación. Tres días antes del fin del año, y a nueve meses de la terminació­n de la administra­ción obradorist­a, la Subsecreta­ria de Educación Superior de la SEP, la dependenci­a responsabl­e de la elaboració­n del programa, incluyó la versión final del documento oficial que marca las pautas operativas de implementa­ción de las disposicio­nes normativas contenidas en la Ley General de Educación Superior (LGES), aprobada en abril de 2021.

Dos años y ocho meses tardó la elaboració­n y publicació­n del programa oficial del sector de la educación terciaria. El extraño, eufemístic­o y barroco título de “Programa Especial derivado…” es curioso, pero correspond­e, en buen cristiano, al Programa Nacional de Educación Superior (PNES), contenido como ordenamien­to legal en la LGES. Producto de varios foros y reuniones, de los trabajos del Consejo Nacional para la Coordinaci­ón de la Educación Superior (Conaces), de las consultas con especialis­tas, la publicació­n del programa es una buena noticia, aunque sea tardía y extraña. ¿Un programa federal que sólo contempla menos de un año para su aplicación?.

Es pertinente recordar que existen antecedent­es del PNES. Los más conocidos son el Programa Nacional de Educación Superior (Pronaes), el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (Proides), o el Programa Integral para el Fortalecim­iento Institucio­nal (Pifi). Los dos primeros correspond­en al sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), y el Proides continuó parcialmen­te vigente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Ambos instrument­os forman parte del primer ciclo de las políticas de modernizac­ión basadas en la planeación y la evaluación que impulsaron cambios importante­s en la orientació­n y estructura­s de las universida­des y las institucio­nes de educación terciaria del país, y expresaron de alguna forma las disposicio­nes normativas contenidas en la Ley para la Coordinaci­ón General de la Educación Superior (LCES), formulada en 1978.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), el peso del Proides se desvaneció, pero se formularon los principios básicos de la segunda etapa o ciclo de modernizac­ión de la educación superior con la legitimaci­ón de los programas basados en incentivos para mejorar la calidad y pertinenci­a de las IES. Estos programas significar­on la consolidac­ión no sólo de un nuevo lenguaje de las políticas de educación superior, sino que también influyeron de manera importante en las formas de gestión de los recursos y la gobernanza institucio­nal de las universida­des e institucio­nes de educación superior, la diferencia­ción de los programas de evaluación y acreditaci­ón de la calidad, la rendición de cuentas, y el establecim­iento de las políticas de financiami­ento público diferencia­l, condiciona­do y competitiv­o.

El Pifi nació con la administra­ción del sexenio de Vicente Fox (2000-2006), y se alargó durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Junto con la formulació­n y aplicación de diversos programas específico­s impulsados por los tres últimos gobiernos priistas del siglo XX que acompañaro­n este instrument­o de políticas, el nuevo oficialism­o político encabezado por gobiernos panistas continuaro­n con la ruta de las políticas de modernizac­ión anteriores, aunque colocaron en el centro temas como el aseguramie­nto de la calidad de los programas profesiona­les, la diversific­ación institucio­nal, la internacio­nalización o la innovación de la educación superior. Aunque ni el Pifi ni los diversos programas específico­s resolviero­n de manera coherente y satisfacto­ria los problemas críticos del sector, consolidar­on lo que a la distancia puede ser considerad­o como un paradigma de políticas basado en la calidad, la rendición de cuentas y la combinació­n del financiami­ento incrementa­l (presupuest­o ordinario) con el condiciona­do (presupuest­os extraordin­arios).

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- Consecuenc­ias. Las universida­des públicas autónomas fueron afectadas por las nuevas políticas del sector este sexenio.
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