Perciben a la justicia solo como una cuestión de dinero
La mayor parte de las personas que cometen delitos no graves no cuentan con dinero suficiente e inmediato para acceder a medidas cautelares como la fianza que les permiten estar en libertad mientras están en proceso las investigaciones o bien a salidas alternas de confl icto que les posibilitan salir de la cárcel total o parcialmente por la reparación del daño a la víctima siempre y cuando paguen determinada cantidad, señalaron los abogados penalistas, Christian Yair Aldrete Acuña y José Roberto López Yáñez.
Indicaron que contar con los recursos económicos o no hace la diferencia entre salir el mismo día de la cárcel por un delito calificado como no grave o permanecer y es que de acuerdo con el léxico del vulgo “el derecho penal es para los ricos”.
Conforme a su experiencia en el litigio más de 60 por ciento no tienen el poder adquisitivo para obtener su libertad durante el proceso de investigación o para reparar el daño y no pisar la cárcel en delitos no graves, mientras que el resto pueden tenerla justicia absolutoria, salir sin ningún problema, antecedente o controversia porque tienen recursos.
Muchas veces la gente se queda en prisión por no poder pagar fianza o la salida alterna que le permita estar en libertad o semilibertad y sus casos se vuelven tardados porque no cuentan ni siquiera con un monto para solventar los honorarios de un abogado particular menos la multa.
Actualmente en el Estado de México un abogado de oficio lleva 150 casos, mismos que no puede atender ágilmente por la carga de trabajo que tiene en comparación con uno particular que tiene menos pero le da más atención a cada uno, de tal forma que sigue siendo el dinero un factor determinante para librar la cárcel o permanecer en ella en delitos que no excedan una sentencia de cuatro años, como lesiones, robos, homicidios culposos, entre otros.
Señalaron que el juez debe dictaminar una fianza conforme a las posibilidades económicas del presunto responsable; sin embargo, esto regularmente no es tomado en cuenta a pesar de que hay quienes viven del campo y cuyos ingresos son menores a los de quien ejerce actividades en la ciudad, por ejemplo, donde puede tener un salario más alto.
Es el caso de una persona que fue apresada por encubrir a alguien que se robó un automóvil, la Fiscalía declaró su delito como robo y por lo tanto requería de 60 mil pesos para la reparación del daño; sin embargo, no contar con los recursos le implicaba una pena que se extendía por arriba de 20 años en prisión no solo por el ilícito que implicaba de cuatro a ocho años sino los agravantes.
Fue en las últimas instancias cuando pudo reunir los 60 mil pesos y evitar pasar dos décadas privado de su libertad a diferencia de alguien que cuenta con un mayor poder adquisitivo.