Abrogan Ley ISSEMYM
Morena hizo valer su mayoría en la Legislatura
Con el voto en contra del PRI, PAN y la abstención del PRD, el pleno legislativo abrogó le Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y así no entre en vigor el aumento de cuotas en enero de 2019 ni cambie el régimen de pensiones para migrar a cuentas individualizadas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, adelantó que en 2019 habrá una nueva ley, luego de foros donde se rescaten propuestas de diversos sectores que garanticen la sobrevivencia del instituto sin lesionar derechos.
“Decidimos abrogar para dejar limpio el espacio y convoquemos de manera tripartita a quienes deben tener opinión en este asunto tan delicado como son trabajadores, autoridades y legisladores”.
Esto, luego de considerar que es necesario replantear de raíz el asunto, pues no podían derogar sólo los artículos lesivos para los trabajadores o el ISSEMyM, por lo cual seguirá vigente la norma de 2002, con reformas en 2012.
“Nos hemos planteado el plazo para que en enero-febrero pueda elaborarse y aprobarse en el próximo periodo ordinario de sesiones”.
Benigno Martínez García, en representación de la bancada de Morena y del PT, enfatizó que la ley vulneraba los derechos de los afiliados al instituto porque desaparece de un plumazo los diferentes servicios para convertirlos en seguros que los usuarios deben contratar para poder acceder a ellos.
Mientras tanto, burócratas esperaron afuera de la Cámara local con mantas y gritos para exigir a los diputados su voto a favor de la eliminación de la nueva ley. Otro grupo ingresó como público y aplaudió una y otra vez las posturas en contra, tratando de interpelar a los oradores quienes la defendían
En la sesión tenían programadas dos iniciativas al respecto, signadas por el PT y Morena pero en el último momento se unieron en un mismo punto y dispensaron el trámite para votarlas de una vez.
En entrevista, la diputada del PRI, Mercedes Colín Guadarrama, pidió que antes de tomar una decisión “studien bien el documento y hablen con el titular del instituto para no precipitarse porque no pueden dejar que colapse, sobre todo cuando los primeros que no pagan son los ayuntamientos”.
Verde Ecologista José Cotuttolenc: visto bueno
Reconoció que estuvo viciada desde su origen, pues “enfrentó un acelerado proceso legislativo que dio lugar a omisiones mismas que dejaron de escuchar a los involucrados en el asunto, por lo cual carece totalmente de legitimidad”.
Encuentro Social Carlo Lómán, dice sí
Señaló que este es el único camino para llegar a una solución integral y de fondo. La abrogación encierra una reconsideración para empezar desde cero y legitimar la participación de todos, garantizando más deliberación y mejoras a la norma.
Partido del Trabajo Armando Bautista, acepta
Rechazó la ley por condenar a las futuras generaciones a no tener una pensión digna. Acusó al ISSEMyM de opaco y resaltó que no pueden ser tolerantes ni permisibles porque los haría cómplices con estas violaciones que representan un retroceso.
Morena Maurilio Hernández: a favor
No concibió que algún instrumento, por muy legal, atente contra los intereses fundamentales de la población y advirtió que a partir de aquí se establece un parteaguas porque van a corregir todo lo que sea necesario, además van a limpiar una ley viciada de origen, producto de una decisión unilateral.
PAN Anuar Azar: en contra
Insistió en auditar al instituto y se quejó que se quiera echar abajo la ley fasttrack con un acuerdo fast track e incongruencias del PVEM y PES que en la pasada legislatura dieron su voto a favor. Pidió más tiempo para sacar este tema.
PRD Omar Ortega: abstención
No estuvo de acuerdo con la dispensa de trámite, pidió tiempo y debate para conocer todas las propuestas. Por responsabilidad consideró que deba entrar en vigor hasta 2020.
PRI
Miguel Sámano: negativo Pidió no dejarse llevar por las afirmaciones que quieren confundir a la opinión pública porque la norma responde a la realidad. Advirtió que si no hacen ajustes para 2021 cada servidor tendrá que aportar 20 por ciento de su salario para continuar con la prestación, pues revertirla vulnera los derechos humanos debido al posible cierre de hospitales, despido de médicos y desabasto de medicamentos.