Sin caducidad
Diputados quitan vigencia a las actas de nacimiento
Diputados locales eliminaron la vigencia de tres meses de las actas de nacimiento en el Estado de México, para evitar que cada autoridad pida en ese lapso la renovación de este documento, a menos que haya modificaciones o ajustes legales por cambio de identidad, sustantivo, reconocimiento o desconocimiento.
Durante la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se acordó puntualizar el tema en el Código Civil de que el documento no pierde caducidad, para que ya no haya abusos de ninguna autoridad, a menos que se altere la información básica.
El dictamen será turnado a sesión del Pleno para su votación y luego se deberá publicar en la Gaceta de Gobierno, para que entre en vigor antes de las inscripciones escolares y para evitar que se pida una nueva acta como requisito.
Autoridades locales y la bancada del PRI advirtieron que cambiar esto le costaría a la entidad cerca de 2 millones de pesos anuales y se correría el riesgo de perder la certeza jurídica de la personalidad de las personas, pero al final se unieron a la votación unánime.
El argumento de los diputados locales fue que no existe sustento jurídico que fundamente la caducidad de estos documentos, menos cuando todas las instituciones se coluden para pedir acta de nacimiento para cualquier trámite que se lleve a cabo.
Anais Burgos, autora de la iniciativa, indicó que si bien no está normado, es necesario dejar claro este tema en la ley como lo han hecho otras entidades del país, para evitar que la autoridad haga lo que quiere.
La diputada Beatriz Villegas enfatizó que ninguna ley dice que la caducidad de los documentos sea de tres meses, por lo cual hizo un llamado a la Secretaria de Educación para que sólo pida nuevas actas de nacimiento cuando el documento tenga tachaduras, enmendaduras o haya correcciones de nombres.
Luis Antonio Guadarrama, del Partido del Trabajo, reiteró que las políticas que aplica el gobierno no tienen sustento, más bien parece una ocurrencia de las autoridades educativas. Omar Ortega reconoció que es más un acto económico que uno que dé certeza jurídica.
Faustino de la Cruz pidió se dictamine lo antes posible porque ya está por empezar la etapa de inscripciones. José Antonio García García se quejó de que esta costumbre ya se convirtió en abuso.
Durante la reunión el procurador fiscal, José Manuel Miranda Álvarez, detalló que al mes de mayo han tenido ingresos por 759 mil pesos. En 2018 obtuvieron más de 2 millones y este año esperan un monto superior.
Aunque pudieran parecer cantidades menores, abundó, si se comparan con el presupuesto que maneja el Estado de México, sí es una fuente de ingresos en un entorno de austeridad donde existen grandes necesidades. Al respecto, Miranda apuntó que bajará la recaudación: “Me preocupa que contemos con menos recursos. Hay trámites en donde sí deberíamos de verificar que la persona es quien dice ser y otras donde se pudiera obviar”.