Senadores revisarán leyes contra el acoso
El Senado urgió a los congresos de las 32 entidades federativas a revisar y armonizar su legislación para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual contra estudiantes dentro y fuera de las escuelas.
Subrayó que la violencia docente, expresada en la mayoría de los casos como acoso y hostigamiento sexual, es un problema que persiste y afecta a gran parte de la población estudiantil en México, particularmente a las mujeres.
De acuerdo con el Inegi, 25.3 por ciento de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún acto de violencia a lo largo de su vida estudiantil.
La Unesco reportó, a su vez, que las niñas y adolescentes tienen más probabilidades de sufrir ciberacoso que los niños.
Adicionalmente, el gobierno federal señala que, a nivel nacional en el ámbito escolar, 25 por ciento de las mujeres mayores de 15 años señalaron haber experimentado violencia en la escuela.
Detalló que, en 40 por ciento de los casos, los principales agresores fueron sus compañeros, mientras que en 14 por ciento fueron profesores.
Por ello, en su llamado a los congresos locales, los senadores subrayaron que las Ley General de Educación y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecen como obligación de las entidades federativas garantizar la seguridad en el entorno de los planteles educativos, lo que conlleva la emisión de protocolos de atención.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia docente como aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas que les infligen profesores.
“El acoso escolar se caracteriza por actos premeditados para provocar un daño, que se repiten y prolongan durante un tiempo, con un desequilibrio y desigualdad de fuerzas entre la persona agresora y la víctima, y que generalmente
_ ocurren frente a otras compañeras, compañeros, espectadores o cómplices que legitiman o apoyan el comportamiento de la persona agresora”, abunda el dictamen emitido.