Hasta hoy, solo la verdad histórica
“Es una hipótesis que trae dolor a los padres de los 43, pero no se ha consolidado otra”
Fernando Rodríguez/México
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, pidió a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aceptar la “verdad histórica” que hasta el momento tiene el Estado mexicano, porque el gobierno ha sido sensible a los cuestionamientos y ha abierto otras líneas, búsquedas e indicios, sin que se haya encontrado a alguno de los estudiantes, vivo o muerto. “Hoy podemos decir que no se ha consolidado otra hipótesis, que no hay consolidada otra línea de investigación y que no se ha encontrado a ninguno de los estudiantes vivo o muerto”, dijo.
Cabe aclarar que a finales de diciembre de 2014, el instituto de Innsbruck pudo identificar los restos del normalista Alexander Mora Venancio.
Durante el 161 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Washington, Campa dijo ante Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la CIDH, que “entendemos todos que se trata de una hipótesis que trae un terrible dolor para los padres, para las madres y para las víctimas, pero esta hipótesis debe ser considerada en la investigación”.
Detalló que “las instancias responsables de la investigación han formulado una hipótesis que se ha conocido como ‘la verdad histórica’, que presenta lo que sucedió, la versión de los responsables y de cuál fue el destino de los 43 normalistas desaparecidos”.
Agregó que los padres de los estudiantes cuestionaron esa hipótesis, pero el gobierno ha sido sensible y “se han investigado otras líneas, se han realizado cientos de búsquedas, se ha estado totalmente abierto a cualquier indicio de información. No ha habido reserva, prácticamente en las propuestas que se han presentado. Se ha pedido abrir las puertas de las cárceles para entrevistarse con los procesados; se ha hecho sin reserva”.
Ante esto, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, interrumpió al subsecretario para preguntarle si la hipótesis de las autoridades sigue siendo el basurero de Cocula. Campa respondió: “La pregunta más bien es si hay alguna disposición para considerar como una posibilidad la hipótesis que ha presentado el Estado: considerar que las casi 130 personas que hoy están frente a los jueces sean responsables de la desaparición, que estas personas hayan privado de la vida y desaparecido a los muchachos”.
Patrón señaló entonces que “se están rechazando las declaraciones del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) por el Estado, pedimos que eso lo tome en consideración la Comisión Interamericana”.
El gobierno de México reiteró a la CIDH que todas las instituciones continúan trabajando para agotar todas las líneas de investigación posibles por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Campa también dijo que “para el Estado mexicano la atención a las víctimas de Ayotzinapa es un tema absolutamente prioritario. Estamos trabajando de la mano con la sociedad civil y con los más altos estándares internacionales, a fin de que las normas, instituciones y recursos respondan a las necesidades, que permitan reparar integralmente los daños de aquellas personas que han sufrido algún delito o violación a sus derechos humanos”.
La relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, expresó su compromiso con el mecanismo de seguimiento, “así como alcanzar los objetivos de esta investigación de encontrar a nuestros muchachos y garantizar que esto no vuelva a suceder”.
Asimismo, Paulo Vannuchi dijo que “un Estado que ha demostrado la capacidad de accionar mecanismos de investigación, de inteligencia y de tecnología para aprehender al Chapo Guzmán, es uno que puede ubicar los nombres de los asesinos de los normalistas y no pasarnos dos años sin resultados. Deberíamos fijarnos un plazo para que antes de que se cumplan los tres años de ese hecho se encierre a un culpable, al menos.”
La subprocuradora Sara Irene Herrerías aseguró que la PGR acota “todas las líneas de investigación” y cumplió con 94 por ciento de las recomendaciones del GIEI, así como ampliar la búsqueda a 60 kilómetros con más y nuevas tecnologías para el pronto conocimiento del paradero de los jóvenes.
Por su parte, el abogado Vidulfo Rosales denunció que se ocultó información al GIEI, como la libreta de Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos, en la que aparecían como contactos dos funcionarios públicos, uno de ellos está todavía en la PGR, Omar García, jefe de la Agencia de Investigación Criminal.