Sin elementos, en proceso contra excajero de Tula
El municipio interpuso una denuncia contra Valente López Chávez, excajero de la alcaldía, por el probable delito de robo calificado
EFrancisco Villeda/Tula l peritaje que efectuó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en torno a un faltante de más de 3 millones de pesos detectado durante los últimos meses de la administración del exalcalde Rodolfo Paredes Carbajal, determinó que no existió daño al erario, por lo que el caso fue cerrado. Así lo informó a la asamblea municipal la síndico procuradora de Tula de Allende, Norma Román Neri.
En la última sesión de cabildo, Román Neri informó al pleno de la asamblea que el municipio estaba imposibilitado para darle continuidad al proceso legal por el extravío de esos fondos. Lo anterior una vez que los peritajes que realizó personal de la PGJEH concluyeron que no se había registrado daño al erario.
Recordó que en el año 2012 el gobierno de Tula interpuso la denuncia 12DAP/014/2012 contra el cajero de la alcaldía, Valente López Chávez; esto por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado en agravio de la administración municipal durante el periodo de gobierno 2009-2012.
Como parte de ese proceso, en febrero de 2013 el gobierno entonces encabezado por Jaime Allende González entregó al agente del Ministerio Público la documentación correspondiente al primer semestre de 2011, esto con el fin de realizar los peritajes especializados requeridos.
Por varios años se realizaron los peritajes y, reveló Román Neri, en junio del año pasado el perito encargado del análisis de la documentación del caso rindió un informe ante el agente del MP.
En éste, el perito aseveró que con base en la documentación presentada, no existían elementos para sustentar un “detrimento patrimonial en agravio del municipio”.
Román Neri precisó que el peritaje únicamente consideró los documentos, entre ellos recibos, que contaban con cifras o datos legibles.
Los demás, dijo, fueron considerados por el perito bajo el concepto de importe cero. Lo anterior toda vez que al no estar legibles no hay forma de corroborar sus cifras o datos.
Externó que ante esa condición la PGJEH determinó que no había elementos para considerar un daño al erario.
Aseveró que por ese motivo el municipio ya no dará continuidad legal a ese tema.
Y es que, insistió, la PGJEH señaló que no hubo desfalco, por lo que no podrían fincarse responsabilidades contra exfuncionarios. Además, el plazo para emprender nuevamente acciones legales para ese caso ya había vencido por los años transcurridos desde los hechos.
Expuso que su antecesor, José Luis Rodríguez Higareda y su equipo legal, no dieron el debido seguimiento al caso. Esto, acusó, “durante el periodo comprendido entre 2014 y 2016 presuntamente no aportaron elementos al Ministerio Público para que pudiera proceder la acción penal contra exfuncionarios de la administración de Rodolfo Paredes Carbajal.
Insistió en que ya no hay posibilidades legales de continuar con el proceso, debido al tiempo transcurrido desde los hechos.
No existían elementos para sustentar un “detrimento patrimonial en agravio del municipio”