“Acreditado, no en el imaginario, el uso electoral de política social”
Carolina Rivera, Angélica Mercado y Silvia Arellano/México
La consejera del INE Pamela San Martín consideró que no es por la vía de la negación como se salvaguardarán los programas sociales, a fin de que no se utilicen con fines electorales y garantizar que la ciudadanía elija libre e informadamente a sus gobernantes.
Luego de que el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, aseguró que es un “mito” el uso de programas sociales con fines electorales, recordó que la propia experiencia ha demostrado que es necesario blindar los recursos destinados a cubrir las necesidades más básicas de la población. “No podemos, de pronto, suponer que todas las reformas que se han establecido para poner límites o para sancionar cualquier uso de entre las que se contabilizan seis asesinatos y una desaparición, con lo que México se coloca entre los países más riesgosos para ejercer el periodismo.
Frente a ese panorama, contrastan los reportes de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de los que se advierte que la última vez que un caso fue judicializado fue en enero de 2017, lo que si bien puede tener diversas explicaciones, no todas imputables a las autoridades, ilustra cómo la impunidad acompaña a la violencia contra los periodistas y la perpetúa.
Garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo con motivo del ejercicio periodístico es esencial para toda la sociedad. Cuando los periodistas son acallados u orillados a la autocensura, se nos arrebata a todos el derecho a construir la ciudadanía libre, plural, informada, crítica y tolerante a la que todos aspiramos.
Por ello, es fundamental que el Estado asuma una función activa en la prevención de los ataques contra los periodistas y, en su caso, que lleve a cabo investigaciones efectivas que permitan el pronto esclarecimiento de los hechos y la sanción de los actos de violencia e intimidación contra periodistas. Pero sobre todo, ciudadanos y autoridades debemos cobrar conciencia de los peligros que entraña para la libertad y la democracia un entorno en el que el periodismo es atacado con la clara intención de restringir el flujo de información y opiniones.
Proteger a los periodistas no es una concesión graciosa del Estado; es una obligación que le es exigible y que debe considerarse prioritaria. Además de destinar atención y recursos para el establecimiento de salvaguardas y medidas efectivas de protección, deben atenderse las fallas estructurales que generan la impunidad. En el contexto de la violencia, corrupción, inseguridad y debilidad institucional, las agresiones contra periodistas no son solo uno más de nuestros problemas, sino el indicador que mide la calidad y el estado de salud de nuestra democracia. recursos públicos para incidir en las contiendas electorales se incorporaron a la Constitución y a las leyes por estar en el imaginario, sino que es precisamente a partir de la experiencia”, dijo.
San Martín indicó que llama la atención que exista una gran cantidad de impugnaciones, en especial de funcionarios, contra los lineamientos que aprobó el INE para garantizar la equidad de la contienda, ya que lo que se busca es justamente evitar que se dé uso parcial de los recursos públicos.
El consejero Benito Nacif recordó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha acreditado casos con este tipo de actividades, por lo que es obligación de la autoridad prevenir que se condicione la entrega de un apoyo social.
En tanto, el PRD en la Cámara de Diputados aseguró que el secretario de Desarrollo Social pretende curarse en salud con esa declaración, pues hay, cuando menos, tres estados impugnados en este momento por ese delito.
El vicecoordinador Jesús Zambrano señaló que si hubo alternancia, pese al uso de los programas, es porque la situación rebasó a los operadores “y no les alcanzó para frenar el deseo de cambio de la sociedad”.
Abundó que hay muchas pruebas presentadas, algunas sin resolver en los tribunales, del uso indebido de recursos públicos en Coahuila y Estado de México.
El vicecoordinador del PRI en el Senado, Miguel Romo, respaldó a Miranda. “No obedece, no hay una relación entre programas sociales y resultados electorales, porque son programas establecidos, hay un padrón permanente”.