Con Marco, policías violaron protocolos
Autoridades del gabinete de seguridad de CdMx revelan a MILENIO que los elementos que participaron en la captura omitieron reportar el asunto a sus superiores y al C2
Omitieron reportar la detención a sus mandos y al C2
Ignacio Alzaga, Leticia Fernández y Pedro Domínguez/México
Los policías preventivos que participaron en la detención de Marco Antonio Sánchez Flores violaron varios protocolos, como no avisar a sus superiores y no reportar el hecho al C2.
En tanto, la cámara de videograbación de la patrulla a la que subieron al estudiante de la UNAM no funcionaba. La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México investiga si esto fue intencional, ya que hay un reporte de que la desconexión se remonta a diciembre.
Lo que sí funcionaba era el GPS y el radio, por lo que en todo momento se supo dónde estaba la patrulla, revelaron a MILENIO autoridades del gabinete de seguridad de la capital.
La probable manipulación ilegal de la cámara instalada en la unidad MX805PI ya derivó en una investigación contra los uniformados Ubel Mora Gallardo y Ricardo de la Rosa Guzmán por presunta violación del protocolo que se aplica en el caso de personas detenidas.
Los funcionarios consultados manifestaron que solo Mora Gallardo, uno de los cuatro servidores públicos involucrados en el arresto, no ha sido localizado.
Se presume que se escondió en su natal Guerrero, donde este fin de semana cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina fueron retenidos por pobladores de Pochotillo, municipio de Tecoanapa, cuando fueron a buscarlo.
MILENIO confirmó que otro de los elementos está amparado contra actos de autoridades, aunque manifiesta su disposición para declarar en las indagatorias.
Según la investigación del caso, el estudiante fue abordado inicialmente por dos policías en motocicleta frente a un mural donde presuntamente tomaba fotografías, en la Unidad Habitacional El Rosario.
Posteriormente llegó la patrulla MX805P1, tripulada por Mora Gallardo y De la Rosa Guzmán.
Sin embargo, las autoridades que están a cargo de la investigación no pudieron obtener las imágenes de los momentos en los que el joven estuvo en la patrulla, pues la cámara no funcionaba.
Estas cámaras han sido instaladas en las patrullas de la SSP como parte de la aplicación del nuevo sistema de justicia para que el dicho de las partes pueda someterse al principio de contradicción.
Se trata además de una supuesta medida para evitar abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.
Los uniformados tampoco reportaron la detención de Marco Antonio a sus mandos, incluido el C2.
Autoridades capitalinas señalaron que los policías que fueron retenidos en Pochotillo, Guerrero, también forman parte de una investigación interna.
Entre ellos está el subsecretario de la zona sur de la SSP, Álvaro Sánchez Valdés, quien encabezó el grupo con tres elementos, los cuales argumentaron a las autoridades de Guerrero que tenían una orden de arresto contra el policía evadido, aunque ante sus jefes, y una vez liberados, no lo pudieron probar.
En tanto, la fiscalía de Tláhuac inició una carpeta de investigación contra elementos de la policía preventiva que ingresaron de manera ilegal al domicilio de la hermana de uno de los cuatro policías que participaron en la detención de Marco Antonio.
Esto, debido a que la mujer los acusó del robo de un celular y por haber ingresado ilegalmente al domicilio, sin orden judicial.
La PGJ indaga si la cámara de la patrulla fue desconectada de manera intencional
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación en el caso de Marco Antonio, y dejó en claro que tomarán su declaración en cuanto las condiciones médicas lo permitan.
En conferencia de prensa, Mancera comentó que hasta que no exista un reporte oficial de los expertos no se dará ninguna información preliminar.
En tanto, Simón Hernández, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal, que ha seguido el caso, dijo que no se puede descartar la desaparición forzada, pues Marco estuvo bajo custodia de autoridades del Estado de México y CdMX y volvió a desaparecer.
En entrevista con Azucena Uresti, para MILENIO Televisión, dijo que las autoridades deben una explicación por las afectaciones que el joven sufrió en esos días, “hay fuertes indicios de que pudieron ser los responsables y no se puede descartar la desaparición forzada o incluso una condición de tortura”. M Los diputados Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo señalaron que las diversas declaraciones difamatorias y dolosas respecto al manejo del Fondo de Reconstrucción para CdMx demuestran el desconocimiento sobre las facultades que tienen los órganos legislativos en cualquier parte del mundo, entre las que se encuentran aprobar el presupuesto y fiscalizar los recursos públicos.
Aseguraron que la Ley de Reconstrucción y Recuperación, aprobada en la Asamblea Legislativa por mayoría el pasado 24 de noviembre, establece las disposiciones sobre la autorización para otorgar a las dependencias y demarcaciones los recursos para la reconstrucción.
Con ello, da al órgano legislativo, a través de la Comisión de Gobierno y de Presupuesto y Cuenta Pública, la facultad de supervisar y vigilar, precisando que estas comisiones están integradas de manera plural y proporcional por todos los grupos parlamentarios. “Por ello, es falso señalar que sean tres diputados quienes determinen el destino de los recursos para agilizar la reconstrucción y recuperar el entorno y vida de los damnificados”, indicó Toledo. M
El abogado que sigue el caso dice que no puede descartarse la desaparición forzada