Gobiernos estatales han beneficiado a la familia Rico Moreno
y Alfonso Rico Moreno.
Además de la constructora Sylma, en la que aparecen Silvia Jesús Rico Moreno y María de los Ángeles Rico Moreno como representante y delegada, dijo, la familia también ha diversificado sus negocios, ya que también son propietarios de Aero Servicios Ejecutivos RM, que es una empresa vinculada al transporte aéreo y cuyo administrador es Benjamín Rico Moreno y Melissa Martínez López funge como gerente.
Al acudir a la Unidad de Medidas Cautelares para firmar su libertad condicional, debido al proceso legal que enfrenta con la empresa Sylma que lo denunció por difamación, García Vázquez refirió que desde el gobierno de Francisco Olvera Ruiz denunció las irregularidades que se presentaron en el fraccionamiento Esmeralda en Zempoala, pero no acordaron ningún avance, pese a que acudieron personas como Acudió a la Unidad de Medidas Cautelares a firmar su libertad condicional. Javier González Arreola, quien fungía como director general de Gobierno; Hugo Rodríguez Rodríguez, enlace en Zimapán en la Región XVIII; Judith Moreno Tapia, coordinadora jurídica del Distrito XVIII, y Elizabeth González Huerta, coordinadora jurídica.
Su abogado precisó que una vez que comenzó el gobierno de Omar Fayad Meneses en septiembre de 2016 también solicitaron audiencias y aunque presentaron las irregularidades del fraccionamiento, no recibieron respuesta, por lo que al hacerlo público ante la prensa, fue demandado por la constructora Sylma.
Refirió que los vecinos del fraccionamiento temen del poder político y económico con el que cuenta la familia Rico Moreno en el estado, por lo que pidieron castigo para las personas que autorizaron los permisos de construcción y que no emitieron los dictámenes de impacto urbano y de factibilidad que debieron ser registrados previamente a la emisión de las licencias.
Asimismo, expuso que interpusieron dos amparos por los delitos de difamación y calumnia por ser inconstitucionales, ya que, dijo, sólo en Hidalgo se ejercen acción penal contra el denunciante por las anomalías que se registraron en el fraccionamiento que se inunda constantemente y que fue elaborado por la empresa de Marco Antonio Rico Moreno, quien fungió hasta hace unos días como subsecretario de Obras Públicas estatal.