Exigimos elecciones limpias
Debemos tener conciencia de que las irregularidades han comenzado. Por tanto, la fiscalización de los órganos electorales debe ser estricta y transparente
Un grupo plural de ciudadanos interesados en el desarrollo democrático del país exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que las próximas elecciones sean libres y auténticas.
En un comunicado intitulado “Exigencias mínimas para las elecciones de 2018”, suscrito por unas 50 personas como Porfirio Muñoz Ledo, Guadalupe Loaeza, José Antonio Crespo, María Teresa Gómez Mont y este columnista, manifestamos al INE y al TEPJF:
“En los últimos años, los procesos electorales de nuestro país se han caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza. La sociedad mexicana puede dar testimonio del dispendio de recursos públicos y de otras actividades ilícitas que redundan en coacción y compra del voto, y en prácticas fraudulentas que vuelven ilegítimos los resultados de los comicios.
“Las irregularidades se observan antes, durante y después de la jornada electoral y son cometidas por una multiplicidad de actores que van más allá de los partidos políticos o los funcionarios públicos; involucran a otros entes sociales y económicos. Por ejemplo, la transferencia de dinero de los gobiernos locales, en contravención a las leyes electorales y al artículo 134 de la Carta Magna.
“La triangulación de fondos ha sido denunciada por las organizaciones civiles y medios de comunicación. Esta conducta, las aportaciones de Odebrecht, OHL y la Estafa Maestra a través de empresas fantasma, de ser probadas, constituirían una causal de pérdida del registro, de acuerdo con el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“El multimillonario desvío de recursos en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Tamaulipas; la participación de miembros del gabinete federal; la inaceptable omisión de las autoridades financieras del país; la apertura de procesos penales a modo contra ex gobernadores; y las represalias contra funcionarios que con autonomía han investigado estos hechos, demuestran la existencia de acciones concertadas hacia un inminente fraude electoral, cuya consumación podría confrontar gravemente al país.
“Debemos tener conciencia de que las irregularidades han comenzado. Por tanto, la fiscalización de los órganos electorales debe ser estricta y transparente. No debemos permitir que se repitan los acontecimientos de 1988, que retrasaron, durante una generación, la transición democrática de nuestro país.
“El esfuerzo por crear órganos electorales autónomos, de composición ciudadana, se tradujo en las elecciones libres de 1997 y 2000, que después naufragó por el secuestro de los partidos políticos y del poder público. Así, los fraudes de 2006, 2012 y los abusos incalificables en los recientes comicios del Estado de México y Coahuila, son señales ominosas de lo que podría ocurrir en 2018.
“Es necesario revertir el proceso de falsificación. Apostar al fatalismo significaría ceder frente al abuso del poder y arriesgar el descarrilamiento del país. Las próximas elecciones no pueden ser la repetición de nefastas experiencias que la sociedad ya no soportaría.
“Las leyes han atribuido facultades a las autoridades electorales y al Sistema Nacional Anticorrupción, pero estos no las han querido ejercer, o las han aplicado de manera selectiva.
“Es menester impedir la complicidad de las autoridades en la defraudación del sufragio público. Requerimos instancias electorales autónomas que, de conformidad con el mandato constitucional, nos brinden certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Cada decisión fuera de estos principios merma la democracia.
“Exigimos a todos los partidos políticos y candidatos cumplir estrictamente la ley y hacemos un llamado responsable a las entidades involucradas para apoyarse en la sociedad civil de manera permanente, a efecto de desempeñar su papel de garantes de la legalidad.
“Preocupados por el ejercicio pleno de los derechos políticos y la credibilidad de las instituciones, y ante la imposibilidad constitucional para realizar reformas electorales, este grupo de ciudadanas y ciudadanos propone medidas que, de conformidad con el marco jurídico vigente, permitirían garantizar la emisión del voto de forma libre, razonada y auténtica”. Entre las propuestas destacan: —Publicar informes de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del INE.
—Sancionar severamente las campañas negras.
—Coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de transparencia, a fin de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos para perseguir y sancionar la compra y coacción del voto.
—Transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero.
“Si nuestras peticiones fueran desoídas —agrega—, nos reservamos el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir el cumplimiento del artículo 23, b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, acudiremos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en virtud del artículo 25, b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Cumplir la ley es el llamado que hacemos al INE y al TEPJF.
El texto íntegro y la lista de firmantes se puede consultar en Twitter: @PMunozLedo.