Van contra empresas fantasma
Buscan equiparar el delito con defraudación fiscal e imponer hasta 9 años de cárcel
La bancada de Morena en el Senado anunció que mañana presentará su iniciativa para reforzar los controles fiscales que permitan frenar la operación de empresas fantasmas en el país, con requisitos a los que deberán someterse todos los poderes constituidos, los tres niveles de gobierno y organismos autónomos, así como las universidades públicas.
La propuesta, que dará a conocer en el pleno el coordinador Ricardo Monreal, cierra los huecos que han permitido la operación de 6 mil 500 compañías de ese tipo, con contratos que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, equivalentes a 5 por ciento del producto interno bruto, al comparar dichos delitos con la defraudación fiscal e imponer penas que van de los tres meses a los nueve años de cárcel.
La reforma al Código Fiscal Federal, a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras Públicas y Servicios propone regular no solo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sino también a sus homólogas en los estados, municipios y alcaldías de Ciudad de México.
En la iniciativa se incluyen como sujetos obligados a estos controles, la PGR y las fiscalías o procuradurías locales, los poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las empresas productivas del Estado, así como “cualquier otro ente público sobre el que tenga control alguno de los poderes y órganos públicos antes citados”. De acuerdo con la iniciativa, se propone crear un “padrón único de contratistas confiables” y un “padrón único de proveedores confiables”, respectivamente, con los que se busca prevenir e identificar actos u omisiones irregulares e ilícitas en el mar- co de los procedimientos de contratación, implementación y ejecución de los contratos respectivos”.
Las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir requisitos fundamentales para garantizar que no se traten de organizaciones fantasma.
Para ello se solicita entreguen diversa información específica a las autoridades, como es su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, así como estados financieros auditados y el inventario de la maquinaria y equipos disponibles que manejan, entre otros aspectos.
A fin de reforzar los controles fiscales, se establece la prohibición expresa de celebrar contratos que involucren dinero público con las compañías a las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya identificado como entidades irregulares o “empresas fantasmas” de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.