Superdelegado en acción
Si el Presidente de México es honesto, no implica que sus subordinados lo sean. Tremenda, pero obvia verdad. La Función Pública mantiene abiertas siete investigaciones en torno a posibles conflictos de intereses de Carlos Lomelí...
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil meditaba sobre el empresario Carlos Lomelí Bolaños, superdelegado federal en Jalisco, y sus vínculos con la red de empresas farmacéuticas que controla desde hace tiempo. Gamés caviló: si el Presidente de México es honesto, no implica que sus subordinados lo sean. Tremenda, pero obvia verdad. Por cierto, no demos un paso más sin afirmar que la trama de corruptelas de Lomelí fue develada por Mexicanos contra la Corrupción. ¿Estamos?
La Secretaría de la Función Pública mantiene abiertas siete investigaciones en torno a posibles conflictos de intereses de Carlos Lomelí por delitos de cohecho y hasta enriquecimiento oculto y tráfico de influencias. Ni modo, qué le hacemos, salió pillo el pillo: “la Secretaría de la Función Pública tiene en curso siete investigaciones que ya arrojan indicios de posibles conductas irregulares (…) sancionables a través de medidas administrativas disciplinarias. La primera en mayo de este año”, dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
La secretaria Sandoval explicó que la separación del cargo de Lomelí se dio luego de que tuvieron indicios de irregularidades derivadas de su participación en una red de farmacéuticos con contratos del gobierno. “Informamos a Gabriel García de nuestras investigaciones y la necesidad de tomar medidas preventivas, después de informar constantemente al Presidente. Por ello recibimos con beneplácito la renuncia de Lomelí y reafirmamos nuestro compromiso de llevar hasta las últimas consecuencias nuestras siete investigaciones, cuatro de empresas vinculadas al empresario.”
¡Beneplácito! Es decir: la corrupción no puede ser erradicada por decreto, señoras y señores y señeres. Puede, eso sí, ser castigada cada vez que se demuestre que un funcionario, empresario gallo o gallina se despachó con el cucharón, como Lomelí. Este superdelegado a quien el gobernador Enrique Alfaro le puso un varapalo desde
el principio de su gestión en el gobierno de Jalisco tramó una red de transas desde hace 13 años como socio de la empresa “Instituto Internacional de Prácticas de Microcirugía y Endoscopía”.
Perengano: ¿cómo resultó la endoscopía planeada del paciente? A pedir de boca, señor: entramos hasta el píloro y nos trajimos un contrato de los grandes. ¿Y qué me dice de esa operación de rodilla? Señor, nos trajimos el menisco y tres contratos en compras de medicinas. Mejor imposible. Ah, qué empresa más eficiente.
La secretaria Sandoval dijo que las sanciones van desde la destitución definitiva del cargo, una sanción económica y la inhabilitación de hasta por 20 años, además de que podría darse vista a la Fiscalía General de la República. Sandoval detalló que se basarán en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero también será aplicable la “ley de austeridad republicana” que señala “que todos los contratos asignados por tráfico de influencias o conflicto de interés deben revertirse”.
Que se reviertan las endoscopías y las microcirugías y los contratos y las contratas. Ahora mal sin bien: ¿nadie sabía que Lomelí era un contratista que corrompía a sus proveedores? Nadie sabe, nadie supo; o mejor: todos sabían, todos supieron. Por cierto: ganó el gobernador Alfaro. Ah, la vida política no deja de ser aleccionadora.
La secretaria Sandoval insistió en que “ya es minuta de ley, la de austeridad republicana, y estará vigente en unas semanas, nos basaremos en ley vigente”. Destacó que “este gobierno no avanza a costa de quinazos, ajustes de cuentas, persecuciones y encarcelamientos de líderes políticos y sindicales incómodos”.
Aquí, Gil ya no entiende nada. La secretaria de la Función Pública parece lamentar la destitución de Lomelí. ¿No les digo? Pues entonces denle un premio a Lomelí por la cantidad de redes corruptas que construyó a los largo de los años. Es que de veras.
“Dijimos desde el principio, y hoy repetimos, que en el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación… Los anteriores gobiernos tenían acostumbrados a los ciudadanos a la existencia de instancias a modo que no cuestionaban ni castigaban a quienes hacían negocios a costa de lo público. De hecho, durante los gobiernos de los presidentes Calderón y Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública deambuló administrativamente encapsulada en un transitorio decretada a desaparecer, pero por fortuna llegó a tiempo el gobierno de la Cuarta Transformación para rescatarla, relanzarla y restituirla en favor del interés público”. De acuerdo, en el pasado, todo salía mal, en fon. Todo es muy raro, caracho. Como diría Séneca :“Todo poder excesivo dura poco ”._
Gil s’en va
¿Nadie sabía que Lomelí era un contratista que corrompía a sus proveedores?