Cártel inmobiliario

Las actividades ilícitas de personas y empresas son sin duda reprobables, pero ello no valida un denuesto general a la actividad de los promotores inmobiliarios. Por ello, es a todas luces inadecuado llamar “cártel” al sector de la construcción de vivienda, ya que se equipara su actividad a la de una organización criminal. La solución no es la moratoria en la aprobación de licencias de construcción y el freno al desarrollo de la vivienda de media altura y alta densidad, que es sin duda la más eficiente.

Los arquitectos e ingenieros debemos rechazar frontalmente la corrupción urbanística y negarnos a colaborar en ninguna operación que implique irregularidades y sobornos, sea por parte de las autoridades como del sector privado. De otra manera, seguirán pagando justos por pecadores.

El daño que la moratoria en la construcción está causando a la ciudad va mucho más lejos que un castigo a los promotores, el principal perjuicio es para los habitantes, que han visto reducirse la oferta de vivienda con el consecuente encarecimiento del parque inmobiliario. Lo que las autoridades califican como “mano dura” contra la corrupción, no hace más que acentuar la escasez de vivienda en proximidad a las unidades económicas, alejando a la población de sus centros de trabajo y expandiendo la extensión urbanizada.

En 1972, el arquitecto austriaco Roland Rainer escribió Livable Environments (Entornos habitables), libro en el que demuestra que las catástrofes medioambientales se relacionan estrechamente con las crisis urbanísticas. Rainer sostiene que ni los edificios altos, ni las casas unifamiliares son eficientes para un desarrollo urbano sano, que coloque al ser humano en el centro de sus objetivos y le dé acceso a los espacios verdes suficientes para su desarrollo y bienestar social.