La UIF y la FGR sin articulación
Castigar la corrupción fue uno de los principales compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero algo pasa porque las instancias de procuración de justicia no se articulan por completo para proceder en casos como el de Pemex, Andorra y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Santiago Nieto, presentó cinco denuncias contra Emilio Lozoya por diversos delitos como titular de Pemex con motivos suficientes para que estuviera en prisión tras ser extraditado de España. Parece que en la FGR, de Alejandro Gertz, “extravió” documentación prioritaria para armar el caso, por ejemplo, la relacionada con su patrimonio, y se decidió otorgar el criterio de oportunidad para llevar su proceso en libertad condicional.
Gracias al equipo de Nieto Castillo, desde abril Jorge Luis Lavalle se encuentra en prisión preventiva justificada por presuntamente haber recibido sobornos millonarios para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. En el largo proceso la FGR se desistió de presentarlo en enero a una audiencia justificando, a través del oficio UIL-B-CGI-026/2021, que los fiscales asignados para llevar la acusación tenían síntomas de covid-19.
En el caso del gobernador, la UIF presentó al menos cuatro denuncias por peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, y en el expediente de la FGR solo se incluyó la compra-venta de un departamento en Santa Fe por 42 millones 113 mil 844 pesos. Las denuncias de la UIF ante la FGR y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (carpeta FED/ SEIDF/CGI-CDMX/865/2020) se entregaron en julio y noviembre de 2020, así como en enero y abril de 2021, en las que se detallan una serie de transferencias entre personas morales y físicas relacionadas con el gobernador que serán constitutivas de posible lavado de dinero, así como la acumulación de propiedades en México y EU con valor de hasta 104 millones de pesos que contrastan con sus ingresos reportados superiores a 20 millones.
Cuarto de junto
El tono de la carta de Mike Sommers, presidente del American Petroleum Institute, es duro. Le dice al secretario de Estado, Anthony Blinken,y otros funcionarios, que la política energética del presidente López Obrador busca “destruir el valor de los activos privados que ya están operando”, que “puede resultar en expropiaciones indirectas ilegales”, y que las “infracciones” al T-MEC se incluyan en la próxima reunión de la Comisión de Libre Comercio, incluso las inspecciones de Profeco a instalaciones “con la presencia coercitiva de la Guardia Nacional”… La morenista Mara Lezama mantiene preferencias para repetir como alcaldesa de Benito Juárez y continuar su proyecto de que Cancún mejore su infraestructura urbana y económica.