El Zapotillo y no Temaca, la prioridad de la Unops
El escenario de una presa a 80 metros es viable, pero obliga al gobernador a entrar en conflicto con Guanajuato, con el gobierno federal y concesionarios del acueducto
La crítica más fuerte contra el estudio que realizó por casi 19 meses la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en el río Verde, es que, como todo contrato empresarial, siempre estuvo “a servicio del cliente”. Y el cliente, en este caso, no fue ni los moradores de Temacapulín ni los habitantes de Los Altos, sino el gobierno de Jalisco, que pidió que la ecuación priorizara dos variables: la propia presa El Zapotillo, y el trasvase de agua a la ciudad de León, en Guanajuato.
La construcción de la represa ya alcanza este mes tres años suspendida por orden judicial, pero tiene un millón 250 mil metros cúbicos (m3) de materiales acumulados en una cortina de 80 metros, con una inversión en el sitio que podría acercarse a tres mil millones de pesos. La segunda prioridad, casi tan intocable como la primera, fue salvar el trasvase a León, es decir, según los términos que utilizó el gobernador Aristóteles Sandoval el pasado jueves 29 de junio, el respeto de Jalisco al “pacto federal”.
En esa ecuación, nunca se consideró que la presa podría ser la que sobrara en un entorno ambiental cada vez más presionado por una población creciente –la Unops reconoce que desde 1990 creció en casi medio millón de habitantes- pero que sustenta nada menos que una economía anual, en el caso de Los Altos, de alrededor de 240 mil millones de pesos, entre 20 y 22 por ciento del producto interno bruto (PIB) del estado.
El resumen ejecutivo del extenso trabajo lo reconoce explícitamente: “El primer paso para la formulación de los escenarios consistió en la identificación de las variables que caracterizan el estado de la cuenca y cuyas variaciones pueden generar cambios sustanciales en el balance hídrico de la misma. De esta forma se identificaron un conjunto de variables de infraestructura, demandas y forzantes hidrológicos. Con respecto a las variables de Infraestructura, el análisis se ha enfocado en la presa el Zapotillo en razón de su envergadura e importancia estratégica en la cuenca del río Verde. Se consideraron dos posibles configuraciones de altura de cortina y dos posibles configuraciones de caudales firmes de operación de la presa” (página 90 del documento).
De entre una gama amplia de escenarios construidos siempre bajo ese supuesto de que El Zapotillo opere, la selección procedió bajo tres “interrogantes” que se pretendían contestar:
1) “Conocer los niveles de satisfacción de los caudales firmes de la presa el Zapotillo bajo diferentes configuraciones de la altura de cortina”. 2) “Evaluar los efectos del cambio climático en el balance hídrico de la cuenca, en termino de niveles de satisfacción de la demanda, abatimiento de los acuíferos y capacidad de recuperación de los embalses, incluso El Zapotillo” y 3) “Evaluar, para un escenario futuro de explotación de la cuenca y bajo condiciones hidrológicas alteradas por el cambio climático, los efectos conjuntos de proyección de las demandas y mejoras en el uso del agua (reducción de las dotaciones para uso público-urbano e incremento de las eficiencias de riego)”.
Los resultados de las modelaciones “se analizaron bajo tres puntos de vista: 1) Comportamiento de los embalses, en particular, su capacidad de recuperación, niveles de satisfacción de los caudales firmes y volumen aprovechado respecto a su capacidad total, con especial énfasis en la presa El Zapotillo. 2) Porcentajes de satisfacción de las demandas para los 4 usos (público urbano, agrícola, pecuario e industrial). 3) Tendencias de abatimiento de los acuíferos establecidos en la delimitación adoptada en el marco del presente estudio”.
Las conclusiones del estudio de balance hídrico, “se concentran en tres importantes áreas temáticas, que responden a las principales interrogantes planteadas alrededor
de la gestión del agua en la cuenca del río Verde: La aptitud del embalse El Zapotillo para poder erogar los caudales firmes que permiten atender a los acuerdos de distribución que establecen las reservas de aguas nacionales (decreto del 17 de noviembre de 1997); el volumen de demandas calculadas para los cuatro usos prioritarios (público urbano, agrícola, pecuario e industrial), y el nivel de satisfacción de las mismas bajo las condiciones actuales y escenarios futuros; el comportamiento de los acuíferos en relación al régimen de explotación actual y futuro, y la disponibilidad de aguas subterránea para garantizar la sostenibilidad de las actividades productivas radicadas en la cuenca del río Verde”.
Queda claro que el eje de la decisión es el proyecto El Zapotillo-León; la posibilidad de preservación de Temacapulín fue negada en función de que la presa soportará al menos una altura de 80 metros, y que no es viable sostener con diques el viejo poblado.
No obstante, el escenario de 80 metros establece: “con una altura de 80 metros, la presa El Zapotillo podría servir caudales de 4.8 m3/s con una confiabilidad del 98 por ciento. Es decir, con poca probabilidad de falla en atender el caudal reducido de 4.8 m3/s, mostrando capacidad de recuperación inmediata (resiliencia) ante eventuales periodos de insatisfacción (33 por ciento) y operando en promedio al 80% de su capacidad, sometida frecuentemente a vertidos por excedencias”.
Ese escenario, para los críticos del gobernador, era un punto de negociación que le permitía acercarse al cumplimiento de su promesa, dado que una operación de la presa en términos adecuados y su constante extracción hará remoto que se presente riesgo para Temacapulín, por un lado; en un segundo aspecto, salvaría los derechos para la ciudad de Guadalajara, y en un tercero, justificaría la importancia económica innegable de Los Altos, como aportador de uno de cada cinco pesos de la riqueza de la entidad.
Pero significa enfrentar no solo al gobierno federal y al estado de Guanajuato, sino la perspectiva compleja de una megainversión que ya tiene concesión y títulos y cuya rescisión significaría una costosa erogación del erario para daños y perjuicios.
“Parece que este tema solamente se puede salvar por la vía judicial, dada la enorme presión que el gobernador tiene incluso al interior de su gabinete”, señala a MILENIO JALISCO un consultor cercano al tema, que subraya la enorme influencia del consejero del mandatario, Enrique Dau Flores, quien en los últimos 40 años ha sido el principal promotor de obras hidráulicas en la región occidental del país. Ex alcalde de Guadalajara y ex titular de Desarrollo Urbano en los años de Guillermo Cosío (1989-1992) y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) en la era de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), tiene un reconocido liderazgo al interior de los grupos profesionales de la ingeniería hidráulica y ha sido reconocido y consultado por la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua), incluso durante los doce años de administraciones panistas.
¿Tiene futuro la vía judicial? Hipotéticamente, sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y todo el aparato judicial han incorporado desde la reforma constitucional de 2013. El máximo tribunal del país ha señalado que en controversias de derechos humanos y ambientales, los convenios y tratados internacionales tienen el rango constitucional. Y en caso de conflicto, se debe aplicar el criterio “que más favorezca a los derechos humanos” de los individuos, es decir, un criterio pro-persona al que apelan los 400 afectados de Temaca contra la inundación de sus tierras y su casi cinco veces centenaria comunidad.
También debe resolver la colisión de derechos para los habitantes de Los Altos, cerca de 800 mil, que mantienen un emporio altamente productivo que es el eje de la cohesión social y cultural de una decena de ciudades y unos dos mil poblados de todos los tamaños. Además, se producen alimentos, otro derecho humano básico. En ese caso, el conflicto es con el derecho al agua de la ciudad de León e incluso Guadalajara, pero el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco sostiene que la ciudad de El Bajío tiene alternativas en su propia cuenca, además de un considerable margen de recuperación de caudales con la mejora de su infraestructura y la generación de políticas de uso racional del recurso, obligadas en un entorno de creciente escasez.
Todo esto demuestra que pese a la decisión de Sandoval Díaz, hay demasiados caminos aún por recorrer para ver la luz del final de un conflicto que ya rebasa una década de haber estallado.