Corte deja en suspenso su veredicto sobre fiscal
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, un fallo que podrá recurrir en libertad pero que amenaza su eventual candidatura a las elecciones de 2018.
La condena contra el líder de la izquierda vuelve a sacudir la mayor economía latinoamericana, sumida en una grave crisis que tiene al borde del abismo al actual mandatario, el conservador Michel Temer, también acusado de corrupción en una causa separada.
Los abogados del ex mandatario (2003-2010), el primer ex presidente de Brasil condenado por la justicia, anunciaron de inmediato que apelarán la sentencia “en todas las cortes imparciales, incluyendo Naciones Unidas”.
La defensa de Lula dijo que la condena es “especulativa” y afirmó que las pruebas que demostraban su inocencia fueron “ignoradas” y tratadas de manera “superficial”.
Lula fue hallado culpable de recibir un departamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El caso se inscribe en la Operación Lava Jato que reveló multimillonarios desvíos de fondos de la petrolera estatal hacia todo el arco político.
Dos colaboradores de Lula, José Dirceu, ex hombre fuerte del entonces presidente, y Antonio Palocci, su ex ministro de Hacienda, fueron condenados anteriormente por el mismo escándalo, aunque el primero ya fue puesto en libertad.
Lula, de 71 años, “podrá presentar su apelación en libertad”, determinó el juez Sergio Moro, de Curitiba (sur), a cargo de esas investigaciones en la primera instancia.
Lula, que enfrenta otras cuatro causas penales, niega categóricamente los cargos y los atribuye a una conspiración para impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018.
En las encuestas figura como gran favorito, pese a ser también uno de los políticos con mayor La justicia peruana empezó a debatir ayer el pedido de la fiscalía de condenar a 18 meses de prisión preventiva al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, por los presuntos aportes irregulares de 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011. La audiencia arrancó con la sustentación del fiscal Germán Juárez que pide cambiar las medidas cautelares que pesan actualmente contra el ex presidente, como la prohibición de viajar al extranjero sin permiso judicial, por “prisión preventiva de 18 índice de rechazo. Para que su postulación sea bloqueada, deberá ser condenado en segunda instancia. Un proceso de apelación puede tardar un año en definirse, según fuentes que conocen la arena judicial en Curitiba.
El extenso expediente afirma que Lula recibió 3.7 millones de reales (1.1 millones de dólares) de manos de OAS y que esa suma es parte de “un esquema delictivo mayor, en el que el pago de sobornos era rutinario”.
Moro también prohibió a Lula ejercer cargos públicos por 19 años, algo que deberá ser confirmado o denegado en la segunda instancia.
Lula se mostró “sereno” tras recibir la noticia, aunque sintió “una natural indignación, como meses” ante el riesgo de fuga o demanda de asilo.
El ex mandatario y su esposa, Nadine Heredia, desistieron de estar presentes en la audiencia por recomendación de sus abogados. El fiscal Juárez imputa a la pareja, fundadora del Partido Nacionalista en 2005, los presuntos delitos de “lavado de activos y asociación ilícita para delinquir” en la recolección de fondos para financiar las campañas electorales de Ollanta Humala en 2006 y la que lo llevó al poder en 2011. cualquier persona condenada sin pruebas”, dijo uno de sus abogados, Cristiano Zanin Martins.
La dirección del Partido de los Trabajadores (PT), afirmó en un comunicado que la condena de su cofundador “representa un ataque a la democracia y a la Constitución”.
Varios cientos de personas se congregaron en la avenida Paulista, de Sao Paulo, para expresar su apoyo al dirigente. A pocas cuadras, frente a la poderosa Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo (FIESP), una veintena de adversarios de Lula celebraron la sentencia al grito de “¡Viva Sergio Moro!”.
La polémica arreció en las redes sociales. En Twitter, Lula llegó a convertirse en trending topic mundial número uno.
“Lula, ladrón, robaste mi corazón”, escribían con picardía cientos de seguidoras del ex mandatario. “Se hizo justicia. El mayor caradura de Brasil fue condenado”, celebró en cambio el alcalde de Sao Paulo, el conservador Joao Doria, que suena con fuerza como candidato presidencial.
Mientras, la ex presidenta Dilma Rousseff dijo que su antecesor y padrino político es “inocente” y que “el pueblo lo rescatará en 2018”.
Los mercados también festejaron la condena: la Bolsa de Sao Paulo subió 1.57%, cerrando a 64,835 puntos, su mayor nivel desde hace un mes y el real se fortaleció ante el dólar.
La máxima corte venezolana dejó en suspenso su decisión sobre si abre un juicio y autoriza la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, símbolo de la disidencia chavista que enfrenta al presidente Nicolás Maduro.
El plazo de cinco días que se fijó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pronunciarse se agotó ayer, pero el veredicto puede dilatarse, ya que el Código Orgánico Procesal Penal da un lapso de 30 días para decidir este tipo de casos, recordó el penalista Jesús Ollarves.
Ortega se rebeló contra el gobierno al inicio de protestas opositoras que exigen la salida de Maduro y dejan 95 muertos desde el 1 de abril.
La abogada, de 59 años, fue acusada por el diputado oficialista Pedro Carreño de “mentir” al afirmar que no avaló la designación, según ella “amañada”, de 33 magistrados del TSJ por el anterior Parlamento chavista, en 2015.
La fiscal afirma que se mantendrá en el cargo, aun si se ordena su destitución, para defender el restablecimiento del orden constitucional, que según ella interrumpió Maduro a través del TSJ con fallos que socavaron las facultades del Parlamento, de mayoría opositora.
Maduro advirtió ayer que los cómplices de supuestos planes de golpe de Estado en su contra pagarán con cárcel, en alusión velada a Ortega.
El futuro de Ortega se decide en momentos de intensa movilización de opositores y oficialistas en contra y a favor de una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal rechaza por considerarla violatoria de la democracia.