En Colima, mayor cifra de muertes dolosas, revelan

Hace no mucho era uno de los estados más tranquilos, pero hoy la violencia en Colima no cede. Por segundo año consecutivo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Inegi reportaron que en la entidad ocurre la mayor cantidad de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el país.

En los últimos tres años se ha quintuplicado la cifra: 2014 registró 13.92, en 2015 se incrementó a 23.08 y para 2016 escaló a 71.22, según las cifras del órgano administrativo desconcentrado de la Segob.

Este aumento también se reflejó en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 2014 reportó 20; para 2015 ascendió a 31 y en 2016 se disparó a 82 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hasta el 1 de agosto pasado, la PGJ registró 478 homicidios dolosos, 46 menos que en todo 2016. Manzanillo, Tecomán y Colima capital concentran más de 80 por ciento de las ejecuciones. Autoridades estatales atribuyen el primer lugar de ese delito al ta- maño del estado. Argumentan que hay una disputa por el territorio de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

Para diversas organizaciones sociales, agrupadas en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, así como el sector empresarial del estado, la problemática va más allá de las ejecuciones, pues aseguran que los delitos del fuero común han despuntado, derivado del clima de inseguridad.

Colima es un estado pequeño; apenas cuenta con 10 municipios. Su población es superior a 700 mil habitantes, cifra que tan solo la delegación Álvaro Obregón en Ciudad de México supera (749 mil 982 mil).

También en cuanto a su extensión territorial es un estado chico: cualquier demarcación de la capital es mayor que toda la entidad. Benito Juárez (26 mil 62 km2), la más pequeña, es cinco veces más grande que Colima (5 mil 627 km2).

Autoridades estatales y municipales consideran que debido a esta situación es que Colima es el primer lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, así como en otros delitos.

Guadalupe Franco, procurador de justicia estatal, reconoció que la entidad “atraviesa por un problema de seguridad”, derivado de una disputa entre grupos delincuenciales.m