La opacidad en el IPEJAL
L a práctica cotidiana de ocultar información en el Instituto de Pensiones de Jalisco se ha prolongado impunemente por tantas administraciones que ha llegado al punto de contagiar a todas las áreas, incluida la que administra sus bienes inmuebles. El IPEJAL ahora esconde tras mamparas, valiosas obras de arte que forman parte del patrimonio cultural del instituto y de los trabajadores del sector público estatal. En el salón de eventos del Club Deportivo Hacienda Real, se exhibía, hasta hace un tiempo, un mural alusivo a la solidaridad subsidiaria generacional que es la base de los sistemas de pensiones creados como resultado de la lucha sostenida por la clase trabajadora durante más de un siglo, sin embargo por una jugarreta del subconsciente, el ánimo ocultista que priva en el instituto de pensiones ha hecho que quienes dirigen el club deportivo vieran como algo natural esconder esta pieza de arte tras un muro de tabla roca, alegando su conservación, no importando que no se pueda disfrutar y observar dicho mural.
Esta lamentable anécdota sobre el ocultamiento del mural en el Club Deportivo del IPEJAL sólo es una muestra de los retorcidos e inconfesables planes que tienen quienes dirigen y han dirigido el instituto de pensiones; así como de su falta de sensibilidad y consciencia sobre el papel que debe desempeñar una institución cuyo deber es velar por el patrimonio colectivo de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas estatales y municipales para el financiamiento subsidiario de las pensiones que merecen para un retiro bajo condiciones dignas.
El Club Deportivo del IPEJAL fue fundado en 1986, bajo la administración de Enrique Álvarez del Castillo, en los terrenos que alguna vez pertenecieron a la Hacienda de la Mora; su construcción y acondicionamiento requirió de tres años y una inversión de 520 millones de pesos. El objetivo principal declarado del instituto de pensiones es “…proporcionar seguridad social a los afiliados, pensionados y sus beneficiarios, garantizando derechos y beneficios que les permitan mejorar su calidad de vida…”. Por lo tanto, algunos de los principales derechos y beneficios que IPEJAL debe procurar a favor de los trabajadores gubernamentales, en funciones y retirados, son la salud y la recreación.
Tanto salud como recreación se benefician directamente o consisten en la práctica organizada y constante de actividades deportivas y lúdicas en instalaciones seguras y debidamente acondicionadas para tal propósito. De ahí la importancia que tiene la existencia del club deportivo y los diversos servicios que presta a los trabajadores y jubilados (incluidos sus familiares) afiliados al IPEJAL. Sin embargo hace poco más de cinco meses, iniciaron los rumores de la venta de las instalaciones del club deportivo. Desde agosto de este año, no se aceptan nuevas membresías o nuevos socios ni les ha renovado los contratos de operación para el año entrante al gimnasio o a las escuelas de tenis, fútbol soccer y natación.
En mayo de 2016, el presidente del Consejo de Administración del IPEJAL, Francisco Ayón López, señaló que se realizarían revisiones y un balance de los gastos del instituto y del estado de sus inversiones. La situación detrás de tales declaraciones es que el club deportivo en lugar de generar recursos a favor del instituto, genera un déficit cada año. En contrapartida, los terrenos sobre los que se asienta se ubican en una zona de la periferia urbana que ha ganado enorme plusvalía para el desarrollo de proyectos inmobiliarios exclusivos.
No sería la primera ocasión en que se dispone de manera discrecional del patrimonio inmobiliario del instituto. A principios de la década de los 90 del siglo pasado, el IPEJAL vendió la mitad del terreno del club deportivo (dónde se asentaba un estadio de béisbol) al Instituto Cumbres San Javier, quién construyó una alberca, dos canchas de fútbol y un estacionamiento. Otra importante cesión de terrenos pertenecientes al patrimonio de pensiones del estado fue la realizada para la construcción del museo Trompo Mágico a principios de la década de 2000, además de ceder el terreno donde actualmente se ubican oficinas de la Secretaria de Educación Jalisco y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Frente a esta situación, los usuarios, socios y afiliados al IPEJAL se vieron en la necesidad de requerir través de los mecanismos de transparencia, los datos del estado financiero que guarda el club deportivo e información sobre si existe la intención de vender el terreno dónde se encuentra ubicado. La respuesta del instituto fue: “No se ha generado ninguna venta con respecto al Club Deportivo; sin embargo actualmente el Órgano Máximo de Gobierno del Instituto, está realizando estudios de viabilidad financiera conjuntamente con la dirección del mismo, con el fin de determinar el costo-beneficio de la operación del algunos Centros de Servicio como son: Club Deportivo, Funeraria, Salones de Eventos y Agencia de Viajes”.
Dicha respuesta tiene un tajo de engaño, ¿Viabilidad financiera? Es decir ¿Qué sea negocio? Será necesario recordarle a los directivos de IPEJAL y al Consejo de Administración que la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, expone en el capítulo 1, artículo 2, que, el instituto debe “Garantizar las prestaciones y los servicios de sus afiliados, pensionados y beneficiarios establecidas en la presente ley…” y que el artículo 135 dispone; “… deberá establecer programas de carácter social y cultural tendientes a mejorar su nivel de vida y el de sus familias, prestando servicios que coadyuven a la satisfacción de las necesidades de educación, descanso y esparcimiento” y si vamos más allá, el artículo 136 dice “El Instituto deberá promover, entre otras prestaciones: I. El otorgamiento de servicios recreativos y culturales..”, Es decir es obligación del IPEJAL dotar de servicios, y no hacer negocio.
Frente a esta situación, alrededor de 150 afiliados a IPEJAL solicitaron a principios de octubre una reunión con el director del IPEJAL, y este diera una explicación puntual de la situación del centro deportivo, a prácticamente un mes de plasmar dicha preocupación, Fidel Armando Ramírez Casillas, no los recibía.
La desconfianza en la efectividad y transparencia de los emprendimientos inmobiliarios auspiciados por el IPEJAL, como operaciones para invertir de forma redituable los recursos de las pensiones de los trabajadores del estado, está plenamente justificada luego de los estrepitosos fracasos que han representado los proyectos de construcción del llamado centro turístico sustentable en Chalacatepec en sociedad con la empresa RASALAND, las Villas Panamericanas en El Bajío en los límites de la zona de reserva del bosque La Primavera y la asociación con la empresa española Abengoa para la proyección, construcción y operación de la presa y acueducto El Zapotillo, que está detenida luego de la controversia por el alto autorizado de la cortina y el destino que se dará al líquido que se extraiga del embalse. ¿Para esto querían la reforma a la ley del instituto de pensiones durante las pasadas administraciones estatales? ¿Y por qué motivo la actual administración lejos de revertir dicha situación ha hecho mutis?
Todos los proyectos mencionados tienen sobre sí fundadas sospechas de que fueron el resultado de contubernios entre funcionarios de las dos últimas administraciones estatales y de las empresas involucradas para arriesgar impunemente los recursos pertenecientes a los trabajadores del estado en el financiamiento de proyectos de alto riesgo que se movían en una zona gris de legalidad. Sobornos, intercambio de favores y sobre todo desfalcos multimillonarios a las arcas del instituto de pensiones (cuyo dinero pertenece a los 112 mil trabajadores estatales y municipales afiliados), sin que hasta este momento se haya citado a rendir cuentas a uno sólo de los responsables.
Los trabajadores que laboran en las distintas instancias de la administración pública estatal, y que cotizan al IPEJAL, deberían estar ya exigíendo sean sancionados los responsables por el desfalco millonario a las arcas del instituto producto de las pésimas decisiones de inversión tomadas y, sobre todo, exigir a los legisladores que sea reformada nuevamente la ley para retirar el poder discrecional de decisión, que mantiene la Junta de Gobierno, sobre en qué proyectos serán invertidos los recursos de las pensiones de los trabajadores públicos del estado.