Andamiaje ético del Sistema Anticorrupción
L a integración de quienes conformarán el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ) entra en su fase más comprometedora, pues tanto el Ejecutivo como el Legislativo deberán designar a quienes serán los operadores ejecutivos del sistema bajo la guía de un Comité de Participación Social (CPS), que a su vez deberá estar alineado al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El asunto no es menor, entre aspirantes evaluados por el CPS para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y titulares de órganos de control interno (contralorías) de los órganos constitucionales autónomos del Estado, se requieren y urgen personas con capacidad técnica, independencia de criterio y actuación, así como probidad en su actuar.
El trabajo realizado por el CPS ha sido muy cuidadoso, pero ello no exento de presiones veladas para garantizar que “innombrables” quedaran en la lista de finalistas calificados que recibirá el Ejecutivo para Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, o las listas para los demás cargos que designará el Congreso del Estado.
El trabajo por “recuperar” el pasado, por “hacer memoria pública” de los aspirantes, a través de constancias públicas, ha sido contra el tiempo. Aun así, se cuenta con informes técnicos que el Ejecutivo y el Legislativo tendrán que considerar para sus propuestas-decisiones.
¿Qué se espera del Ejecutivo y el Legislativo? Propuestas y decisiones razonadas y públicas; que con ellas demuestren que el combate a la corrupción va en serio, que no ofendan la inteligencia ni la memoria pública sobre la trayectoria innombrable de algunos registrados.
Pero también se espera que, entre los y las aspirantes, reuniendo los requisitos de elegibilidad formales de la ley, tengan en cuenta que la probidad no se da por decreto o sentencia; que el cumplimiento de la ley es apenas la ética mínima; que sean ante todo honestos consigo mismos de cara a la sociedad y no abusen de recursos legales que paralicen los procesos, como es el amparo ante su no designación.
La sociedad espera más que cumplidores de la ley (ética mínima), quiere hombre y mujeres al frente de instituciones que no tengan por qué estar dando más justificaciones que explicaciones de su pasado.
Que sepan los y las designadas que estarán siendo observados con mayor diligencia de lo que se imaginan.