Privado o público
En un evento público y de carácter político en Lovaina, Bélgica, una cámara de TV que se encontraba detrás de la silla de Antoni Comín (diputado catalán y amigo de Carles Puigdemont el ex presidente de la región de Cataluña y prófugo de la justicia española) filmó el contenido de un mensaje que recibió en su celular y que de manera muy sospechosa y descuidada -como dijo El Mundo- leía de manera abierta.
El contenido de ese mensaje es explosivo porque Puigdemont le reveló a su amigo que “el proceso de independencia de Cataluña ha terminado”, “los nuestros nos han sacrificado”, “el plan de Moncloa triunfa”, “no sé lo que me queda de vida (¡espero que mucha!) pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación… Esto ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia”.
Estas confesiones comprueban un estado de ánimo derrotista de quien encabezó la rebelión para separar a Cataluña de España y formar una nueva República, pretensión que nunca tuvo sustento jurídico ni viabilidad política a pesar de todas las chapuzas que hicieron los separatistas, como haber modificado leyes de manera descarada, celebrar votaciones espurias en el parlamento, bloquear a las demás fuerzas políticas, convocar a referéndums ilegales, desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional, reconocer mayorías inexistentes y utilizar recursos públicos de manera indebida, acciones por las que están imputados los líderes de ese proceso independentista.
Las acusaciones son por sedición, rebelión, malversación de fondos y otros delitos graves, algunos están en la cárcel, otros se fugaron a Bruselas para evadir la justicia, entre ellos Puigdemont, pero seguramente sus acciones serán castigadas, ya que como dijo alguien, las faltas que cometieron no fueron infracciones de tránsito sino actos que pusieron en riesgo la unidad de España y el orden constitucional.
Ante esa situación el gobierno de España intervino de manera directa, determinó la disolución del gobierno regional y de su Parlamento, convocó a nuevas elecciones (el 22 de diciembre pasado) y sigue dirigiendo la administración de esa Comunidad Autónoma en tanto se integra el nuevo gobierno.
Los resultados de la elección de diciembre favorecieron a los independentistas, y no obstante ser un fugitivo, Puigdemont ordenó a sus socios que únicamente él fuera presentado como candidato a la presidencia, como no podía presentarse personalmente exigió que su investidura se hiciera de manera telemática, lo sorprendente es que el Parlamento le dio trámite a esa locuaz exigencia ya que fue (y dicen que seguirá siendo) el único propuesto para ese cargo, pero el Tribunal Constitucional, en el último momento, impidió que esa elección se concretara y por esa razón la sesión de investidura se encuentra en receso.
Oriol Junqueras, el verdadero líder de Cataluña, desde la cárcel propuso que se nombre a Puigdemont como “presidente simbólico” y además se designe a un presidente ejecutivo, esta ocurrencia en nada ayudará a mejorar el clima en una región de la que han salido más de 3,000 empresas (al menos fiscalmente), que ha perdido miles de empleos, y donde la sociedad está polarizada entre separatistas y no separatistas, el Estado español tiene intervenido el gobierno regional, y no obstante que la comunidad internacional ha dado un apoyo unánime a España en esta crisis constitucional, nadie sabe cómo ni cuándo terminará este problema.
Además de las consecuencias que tendrá en lo político, una cuestión que despierta discusión es si en la filmación de ese mensaje y su difusión en televisión existió o no una interferencia indebida o ilegal.
Algunos expertos señalan que como en esa filmación no hubo revelación de secretos ni de actos de intimidad su difusión está garantizada por el derecho a la información ya que los periodistas que lo filmaron lo hicieron en un acto público mientras la persona que recibió el mensaje en su celular lo hacía de manera visible (periodistas catalanes se preguntan si lo que hizo Comín fue un descuido o un montaje) y su difusión por la TV son actos que se encuentran bajo el amparo del derecho a la información por haber sido filmados en un acto público, porque su contenido es de carácter político y porque esa información tiene elevado interés para el público. Para otros, la publicación de ese mensaje sí vulnera el secreto de las comunicaciones y no estaría amparado por la libertad de información.
El capricho demencial de Puigdemont de seguir siendo presidente de Cataluña ahora lo vivirá desde Waterloo, ¿poner su residencia en ese histórico sitio será solo para burlar a la justicia o es ya una alteración psíquica de su personalidad?
Privado o público el contenido de ese mensaje debe hacer que todos despierten de ese sueño (o pesadilla) de que crearon una República independiente.