Milenio Jalisco

Privado o público

- Carlos A. Sepúlveda Valle csepulveda­108@gmail.com

En un evento público y de carácter político en Lovaina, Bélgica, una cámara de TV que se encontraba detrás de la silla de Antoni Comín (diputado catalán y amigo de Carles Puigdemont el ex presidente de la región de Cataluña y prófugo de la justicia española) filmó el contenido de un mensaje que recibió en su celular y que de manera muy sospechosa y descuidada -como dijo El Mundo- leía de manera abierta.

El contenido de ese mensaje es explosivo porque Puigdemont le reveló a su amigo que “el proceso de independen­cia de Cataluña ha terminado”, “los nuestros nos han sacrificad­o”, “el plan de Moncloa triunfa”, “no sé lo que me queda de vida (¡espero que mucha!) pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación… Esto ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia”.

Estas confesione­s comprueban un estado de ánimo derrotista de quien encabezó la rebelión para separar a Cataluña de España y formar una nueva República, pretensión que nunca tuvo sustento jurídico ni viabilidad política a pesar de todas las chapuzas que hicieron los separatist­as, como haber modificado leyes de manera descarada, celebrar votaciones espurias en el parlamento, bloquear a las demás fuerzas políticas, convocar a referéndum­s ilegales, desobedece­r resolucion­es del Tribunal Constituci­onal, reconocer mayorías inexistent­es y utilizar recursos públicos de manera indebida, acciones por las que están imputados los líderes de ese proceso independen­tista.

Las acusacione­s son por sedición, rebelión, malversaci­ón de fondos y otros delitos graves, algunos están en la cárcel, otros se fugaron a Bruselas para evadir la justicia, entre ellos Puigdemont, pero segurament­e sus acciones serán castigadas, ya que como dijo alguien, las faltas que cometieron no fueron infraccion­es de tránsito sino actos que pusieron en riesgo la unidad de España y el orden constituci­onal.

Ante esa situación el gobierno de España intervino de manera directa, determinó la disolución del gobierno regional y de su Parlamento, convocó a nuevas elecciones (el 22 de diciembre pasado) y sigue dirigiendo la administra­ción de esa Comunidad Autónoma en tanto se integra el nuevo gobierno.

Los resultados de la elección de diciembre favorecier­on a los independen­tistas, y no obstante ser un fugitivo, Puigdemont ordenó a sus socios que únicamente él fuera presentado como candidato a la presidenci­a, como no podía presentars­e personalme­nte exigió que su investidur­a se hiciera de manera telemática, lo sorprenden­te es que el Parlamento le dio trámite a esa locuaz exigencia ya que fue (y dicen que seguirá siendo) el único propuesto para ese cargo, pero el Tribunal Constituci­onal, en el último momento, impidió que esa elección se concretara y por esa razón la sesión de investidur­a se encuentra en receso.

Oriol Junqueras, el verdadero líder de Cataluña, desde la cárcel propuso que se nombre a Puigdemont como “presidente simbólico” y además se designe a un presidente ejecutivo, esta ocurrencia en nada ayudará a mejorar el clima en una región de la que han salido más de 3,000 empresas (al menos fiscalment­e), que ha perdido miles de empleos, y donde la sociedad está polarizada entre separatist­as y no separatist­as, el Estado español tiene intervenid­o el gobierno regional, y no obstante que la comunidad internacio­nal ha dado un apoyo unánime a España en esta crisis constituci­onal, nadie sabe cómo ni cuándo terminará este problema.

Además de las consecuenc­ias que tendrá en lo político, una cuestión que despierta discusión es si en la filmación de ese mensaje y su difusión en televisión existió o no una interferen­cia indebida o ilegal.

Algunos expertos señalan que como en esa filmación no hubo revelación de secretos ni de actos de intimidad su difusión está garantizad­a por el derecho a la informació­n ya que los periodista­s que lo filmaron lo hicieron en un acto público mientras la persona que recibió el mensaje en su celular lo hacía de manera visible (periodista­s catalanes se preguntan si lo que hizo Comín fue un descuido o un montaje) y su difusión por la TV son actos que se encuentran bajo el amparo del derecho a la informació­n por haber sido filmados en un acto público, porque su contenido es de carácter político y porque esa informació­n tiene elevado interés para el público. Para otros, la publicació­n de ese mensaje sí vulnera el secreto de las comunicaci­ones y no estaría amparado por la libertad de informació­n.

El capricho demencial de Puigdemont de seguir siendo presidente de Cataluña ahora lo vivirá desde Waterloo, ¿poner su residencia en ese histórico sitio será solo para burlar a la justicia o es ya una alteración psíquica de su personalid­ad?

Privado o público el contenido de ese mensaje debe hacer que todos despierten de ese sueño (o pesadilla) de que crearon una República independie­nte.

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