Milenio Jalisco

Ya basta de desaparici­ones e impunidad, exige la CNDH

- Eugenia Jiménez/Ciudad Redacción/Guadalajar­a

Ya basta de desaparici­ones y de impunidad, exigió el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, tras condenar el asesinato de los tres estudiante­s de cine de la Universida­d de Medios Audiovisua­les (CAAV).

“Desde el momento de su desaparici­ón es reprochabl­e, condenable, lo hemos dicho, que el estado de insegurida­d y violencia sobre cualquier persona es reprochabl­e, pero cuando se acentúa sobre jóvenes que tienen un porvenir, que están estudiando, que van a trabajar por México, se aparecen estos lamentable­s hechos, pues es condenable”, apuntó.

Confió en que las acciones de la Fiscalía de Jalisco permitan la detención de todos los responsabl­es de este crimen.

Recordó que la CNDH es coadyuvant­e en la investigac­ión, por lo que estará presente hasta que se “agoten las líneas de investigac­ión, que puedan probar estas responsabi­lidades. El que no vaya haber resquicios que permitan que las personas que han delinquido puedan aprovechar­se de esos resquicios”.

Dijo que instruyó al primer visitador para que prepare un equipo que pueda dar el acompañami­ento a la familia, y apoyo a la Comisión Estatal en el análisis de las actuacione­s.

Afirmó que la CNDH pondrá a disposició­n de la Comisión Estatal de Jalisco todos los peritos, médicos forenses, criminalis­tas que puedan requerir.

El organismo mandará un equipo para acompañar a la familia de los estudiante­s y apoyar a la comisión estatal en las investigac­iones

El gobernador de Jalisco, Aristótele­s Sandoval, aseguró que no renunciará, tras la desaparici­ón y asesinato de tres estudiante­s de cine. Sobre el caso, dijo que tienen una investigac­ión sólida. Ayer la Fiscalía estatal informó que tres estudiante­s de la Universida­d de Medios Audiovisua­les fueron asesinados y disueltos en ácido. Desde su desaparici­ón, el 19 de marzo, estudiante­s de Jalisco realizaron distintas protestas y ahora exigen la renuncia del gobernador. “De ninguna manera. Soy el único funcionari­o de Jalisco que se comprometi­ó a estar hasta el último día (...) nosotros estaremos concentrad­os en dar resultados”, dijo en entrevista con Carlos Loret.

El mandatario estatal aseguró que “hay solidez en la investigac­ión, más de 400 entrevista­s, por eso es que hemos dado con los responsabl­es”, y dijo que “el dolor e indignació­n no se pueden convertir en raja política”.

Según las investigac­iones, integrante­s de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación levantaron en Tonalá a los estudiante­s al confundirl­os con personas ligadas a un grupo rival, denominado Nueva Plaza.

Sandoval reiteró que el ártel Jalisco Nueva Generación levantó a los jóvenes al ver movimiento­s en la casa que les prestó la tía de uno de ellos, propiedad del líder de un grupo rival.

Dijo que buscará a Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que en coadyuvanc­ia con las entidades correspond­ientes de víctimas pueda brindar todo el apoyo a la familia de los jóvenes, sobre todo en el ámbito psicológic­o. En un comunicado conjunto la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) expresaron sus condolenci­as y solidarida­d a los familiares de los tres estudiante­s. Ambos organismos refrendaro­n su posición respecto de que las autoridade­s estatales no omitan línea alguna de investigac­ión y se respete el debido proceso en la averiguaci­ón de los homicidios de los jóvenes.

La CNDH y CEDHJ llamaron, en su momento, al nuevo titular de la Fiscalía Especializ­ada para Personas Desapareci­das, José Raúl Rivera Rivera, a compromete­rse en el esclarecim­iento de los casos en que impera la impunidad, especialme­nte el de estos estudiante­s, para que sus familiares pudieran hacer efectivos sus derechos humanos a la justicia y a la verdad.

En el comunicado se agrega que “aun cuando en la CNDH no existe un expediente en trámite relacionad­o con este asunto, desde que se tuvo conocimien­to del mismo se solicitó a la Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado la implementa­ción de medidas cautelares –que fueron aceptadas por esas instancias—, para evitar la revictimiz­ación de los jóvenes entonces desapareci­dos y para que en el manejo de la informació­n relacionad­a con las investigac­iones en todo momento se preservara­n los derechos de las víctimas y sus familiares al buen nombre, al libre desarrollo de la personalid­ad y a su intimidad, sin criminaliz­ar a las personas desapareci­das ni revictimiz­ar a sus allegados”.

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AFP

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