Sebastiana, Andrés Manuel y la Ley de Amnistía /1
Sebastiana es una mujer mexicana de la etnia tzotzil que fue acusada de transportar una mochila que contenía cocaína y sentenciada, en primera instancia, a 14 años de prisión.
Sebastiana no hablaba español. Sebastiana sigue siendo pobre.
Sebastiana no tuvo un defensor e intérprete que hablara su lengua. Sebastiana estuvo en prisión tres años.
Tras la lucha que mantuvo un defensor público del Poder Judicial de la Federación —después de haber sido condenada— Sebastiana quedó en libertad. La primera sala de la Suprema Corte consideró que le fueron violados sus derechos humanos y garantías constitucionales, así como lo indicado en el artículo 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a garantizar que los miembros de los pueblos indígenas puedan comprender y hacerse entender en los procedimientos legales en los que estén involucrados.
Durante el primer debate presidencial, Andrés Manuel López Obrador señaló que la posible amnistía “no significa impunidad”, y que, con ello, buscará “atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y la violencia. “Voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer, y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Estoy invitando hasta al papa Francisco a participar en este foro”, añadió.
A la llegada del ex presidente Fox la población en pobreza la conformaban 48.9 millones de mexicanas y mexicanos.
En el sexenio de Calderón la cifra llegó a 53 millones 349 mil personas (45.5 por ciento de la población total).
En la actual administración, de acuerdo con el Coneval, presentada en 2015 —que toma cifras de 2014— hay 55 millones 341 mil pobres, según el cálculo de Julio Boltvinik, del Colegio de México, después de que se aplicó la Cruzada Nacional contra el Hambre habría más de 60 millones de mexicanos en pobreza.
En 2010 el entonces secretario de Hacienda Ernesto Cordero dijo que el sistema bancario “detectó” un excedente de más de 10 mil millones de dólares anuales, señalando que podrían tratarse de recursos de procedencia ilícita.
En 2011 el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez, opinó que no hay que tener una mirada pesimista sobre el futuro de los jóvenes, pues tendrían opciones en el “ambulantaje” y en los “oficios”.
En 2017 la UNAM logró admitir solo a 10 por ciento de los jóvenes que demandaron un espacio. La UAM solo tiene capacidad para admitir a 14 de los jóvenes que concursan, y el IPN deja fuera a 75 de los aspirantes.
En 2009 el narcotráfico generaba ingresos anuales de entre 25 mil y 40 mil millones de dólares, según David Robillard, director general de Kroll México.
Desde 2011 el narco era ya el mayor generador de puestos de trabajo, con 600 mil empleos directos, según cifras de José Luis Calva Téllez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Se cree que un tercio de la población del llamado
Triángulo Dorado se gana la vida participando de la industria de las drogas ilícitas.
En la sierra de Guerrero, al menos mil 200 comunidades dependen del cultivo de la amapola, de acuerdo con organizaciones de campesinos serranos.
Al final de 2012 la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales realizó un estudio en ocho entidades (Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas), en donde se encuestó a mil 400 alumnos de secundaria sobre sus expectativas de vida y ocupación. El primer lugar de las preferencias lo ocuparon el narco y el sicariato.
La delincuencia tiene, sin duda, un componente de individuos de alta peligrosidad social, pero también está compuesta por ciudadanos hambrientos, campesinos, jóvenes desatendidos, grupos a los que se les ha expulsado de la economía, personas a las que no se les han garantizado sus derechos humanos a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo.
México requiere de una justicia transicional para enfrentarnos a estos fenómenos.
La amnistía es “una media general con la que el Estado renuncia a la aplicación de la pena respecto de determinados delitos”, según Antolisei.
A lo largo de un siglo siete presidentes mexicanos han decretado leyes de amnistía durante sus mandatos.
El presidente Juárez decretó amnistía “en favor de los enemigos de la República presos por traición, sedición, conspiración y demás delitos políticos”; Luis Echeverría publicó la ley que decretó amnistía para los procesados por delitos de sedición, invitación a la rebelión y conexos, cometidos durante el conflicto estudiantil de 1968; Carlos Salinas de Gortari decretó amnistía en favor de todas las personas por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, suscitados en Chiapas, el 1 de enero de 1994.
Porque amnistía, como lo expresa el doctor Tena Ramírez, es “el acto legislativo que, como tal, incumbe al Congreso de la Unión, el cual tiene la facultad de concederla por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación”. Esta facultad se encuentra en el artículo 73, fracción XXII de nuestra Constitución federal.
Para los que repiten constantemente que el candidato de Morena busca el perdón de los capos, les digo:
Morena no busca pactar con los capos, no busca su perdón, Morena busca alternativas a los modelos fallidos, busca una amnistía a esos millones que han sido reclutados y cooptados por el crimen organizado por no tener las oportunidades —que todo mexicano debería tener— en un estado de derecho que proteja, respete y garantice los derechos humanos.
Sebastiana pudo no haber sido condenada a 14 años de prisión, y miles de mexicanas y mexicanos no habrían perdido la vida o su libertad si se hubiese buscado darles educación, salud y trabajo. No se combate la violencia con violencia.
La mejor política consiste en atender y resolver las causas sociales que nos han llevado a esta violencia buscando la prevención y la mejora social.