¿Es posible una cultura de la legalidad en México?

Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena Joaquín Sabina

Parecería que culturalmente nuestro país debe resignarse a la ilegalidad, al oportunismo y a la simulación; sin embargo, otros países han logrado consolidar sus instituciones y crear una cultura de respeto a los demás y a las leyes.

Se debe comenzar por consolidar el Estado de derecho como condición necesaria para la cultura de la legalidad, que es una expectativa de que existe este Estado de derecho y que los demás cumplirán la ley, y de que si nosotros no cumplimos la norma recibiremos sanción.

Simplificando, para que haya Estado de derecho se necesita que las reglas sean construidas de manera democrática, es decir, por legisladores responsables, capaces y legítimos y con la participación y consulta a la sociedad; las reglas tienen que proteger adecuadamente los Derechos; además esas reglas se hacen cumplir por instancias independientes y se aplican por igual (sin excepciones, nadie por encima de la ley).

Si se dan estas condiciones se pueden dar los componentes de la cultura de la legalidad: que las personas conozcan sus derechos y obligaciones; apoyen y respeten a las autoridades encargadas de hacer cumplir las reglas; tengan la disposición de asumir su responsabilidad en caso de que infringir la regla; y se reproche, rechace y denuncie los actos ilegales. Ambos términos de la ecuación (Estado de derecho y cultura de legalidad) se retroalimentan y apoyan recíprocamente.

Desde luego, una persona con formación ética cumplirá la norma porque lo considera un deber ciudadano, aunque no se den muchas de las condiciones del Estado de derecho; sin embargo, si la regla es el incumplimiento, esa conciencia se va erosionando y se incrementan los incentivos al oportunismo de sobrevivencia (violo la ley, porque sé que si no lo hago, mi contraparte seguramente lo hará primero y obtendrá una ventaja impune).

Aunque parecieran requisitos simples, demandan una agenda profunda y continuada de transformación institucional: dejar de legislar para el 1% de los mexicanos privilegiados, hacer normas a modo, “fulanizadas”, con dedicatoria; seleccionar a los mejores perfiles para legislar y sobre todo, para aplicar imparcialmente la ley. Los políticos deben sacar las manos de los órganos de fiscalización y justicia y cerciorarse de nombrar para esos cargos a las personas más competentes sin sesgos políticos. Castigar ejemplarmente la corrupción y cualquier acto de simulación y de impunidad, para que nadie esté por encima de la ley.

Contando con un sistema legítimo y eficaz, la expectativa de cumplimiento aumentará y los ciudadanos percibirían que vale la pena cumplir y que hay un respaldo institucional y social para reprochar y denunciar la ilegalidad (en la actualidad con el clima de violencia e impunidad algunos no se atreven ni a reprochar con la mirada, por ejemplo, a quien circula en sentido contrario).

Autoridades y ciudadanos podemos hacer un pacto de civilidad una cruzada para terminar con la simulación, los pactos de impunidad, los altos costos de hacer cumplir los contratos y las normas, que tanto afectan a la economía y que carcomen el capital social y la solidaridad entre los mexicanos.