Perversa ausencia de la Conanp en Primavera: experto
la zona han sido los incendios forestales que se han incrementado en superficie, los estudios realizados demostraron que de las zonas afectadas por incendios en 2014 y 2017, la severidad del fuego fue en mayor proporción en niveles medios y bajos, lo cual denota de conocer a mayor detalle cada una de estas zonas, ya que esto permitirá aplicar las medidas necesarias de rehabilitación, priorizando las que presenten severidad alta”, añade el ETJ.
En los últimos años “y derivado principalmente de la ocurrencia de dos grandes incendios en 2014 y 2017, el primero con una afectación de 254 ha y el segundo con 904.8 ha, se han reforzado las investigaciones de causas, por lo que se encuentran en medios electrónicos notas relacionadas con investigaciones penales para identificar posibles responsables de provocar los incendios. Visto desde la perspectiva de la prevención, el conocimiento de los agentes de perturbación de la zona permitiría fortalecer los trabajos de restauración, protección y manejo de la zona”.
Curiel Ballesteros expresa dudas sobre la pertinencia de la protección en El Tajo
La Primavera padece el efecto de malas decisiones históricas que no protegieron las 40 mil hectáreas de la caldera volcánica, en aras de negocios particulares de corto plazo, pero en lo posterior, la acción del gobierno federal tampoco es la esperada cuando es el nivel de gobierno que tutela el decreto, advierte el presidente de la Sociedad de Estadística y Geografía de Jalisco, e investigador de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros.
“Hay desinterés y perversión cuando una autoridad que en vez de cumplir lo que le mandata el interés público, se hace de un lado; a mí me dolió lo de Santa Ana Tepetitlán [el juicio de amparo que hizo perder entre 580 y 640 hectáreas del bosque hace diez años] porque ubica a La Primavera como un caso único a nivel nacional; no había hasta ese momento un caso donde se le quitara a un área natural protegida superficie; los mexicanos creemos que no hay nada por encima de la constitución, y que esta dicta el interés, y las áreas protegidas se basan en este principio, pero que aquí se haya permitido quitar el decreto me parece algo perverso, al igual que el cercenamiento de la superficie original no obstante que estaban cobijadas bajo el interés público; eso sólo se explica por perversidad, no hallo otra forma de decirlo”, sostiene.
Esas malas decisiones obligaban a plantear un área de amortiguamiento sobre los polígonos “descobijados”, pero se gastaron miles de horas de discusiones y nunca se llegó a nada. Hasta que llegó el decreto de área de restauración del gobernador Aristóteles Sandoval, en la zona de El Tajo. “Cuando salió en 1989 la propuesta de un programa de manejo, era un momento muy oportuno para establecer este tipo de cosas”.
Así se llega al decreto del 28 de enero de 2018. “Todos los esfuerzos que mantengan el interés público son valiosos; me parece necesario para mantener este patrimonio de carácter natural, y manda un mensaje positivo a la sociedad: el interés público debe estar por encima del interés privado. De ahí paso a preguntarme si este decreto garantiza la efectividad de la acción; uno debe irse a la parte de mayor efectividad, y no son las formas más efectivas […] voy a decir algo políticamente incorrecto: lo que yo vi en el decreto, la justificación esencial para decretar un área con este nombre, es para una realidad que no existe […] cualquier persona que tenga el mínimo conocimiento de biodiversidad, debe pararse arriba del cerro de El Tajo y decir, esta realidad no es; lejos de tener problemas de biodiversidad, el bosque se las ha arreglado para mantener la vida ahí, se puede demostrar que ahí la vida es abundante, por lo tanto, la justificación de decreto no existe, entonces hace frágil su defensa legal”.
A su juicio, era mejor reconocer la biodiversidad y resaltar el interés público de conservarla, para blindarla. “Señores: esta zona se decreta como zona estatal de protección, por el valor que tiene en término de sus funciones, el valor de sus servicios a la población circundante, y eso es suficiente para decretarlo como área natural protegida, y sería más sólido, más permanente, hasta más correcto en término de una decisión política de estado”, concluye Curiel Ballesteros.