Jalisco carece de modelo de gobernanza del agua
Destacan trascendencia de Instituto de Gestión Integral del Agua
No existe en Jalisco “un modelo decisional para la gestión integral y la gobernanza hídrica”, advirtió ayer la legisladora local perredista Mónica Almeida, tras destacar la trascendencia del comité académico instituido el año pasado para asesorar a la comisión especial que presidió, y de la propuesta que empujó como diputada parta crear un Instituto de Gestión Integral del Agua.
“Este consejo académico ha sido un parteaguas, entendiendo que es un derecho vital, que es un derecho humano, y que nos da la oportunidad con este documento a las instancias públicas, tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo, de tener elementos argumentados, técnicos, especializados, para impulsar soluciones”, dijo.
El informe sobre la presa El Zapotillo, del que MILENIO JALISCO adelantó detalles, “demuestra puntos clave de lo que se hace y de lo que se está dejando de hacer, y por eso es valioso; primero en materia de gobernanza hídrica, que no existe per se, pero que deberíamos tenerla, garantizar la perspectiva humana de derechos humanos, y una perspectiva de manejo de cuenca, comprendida esta como la propuesta para una gestión integral; una política pública, procesos de planeación basados en prioridad de derechos humanos, y procesos de consulta, hoy están ausentes o son ineficientes; no nos garantizan la participación democrática, el acceso , la construcción de gobernanza […] lamentablemente, la presa El Zapotillo, como un estudio de caso, nos tiene en una parálisis a los jaliscienses, con un proyecto millonario, con una serie de problemáticas de interpretación jurídica, y lo peor, sin garantizar el derecho humano al agua de la población”.
Las luces que el comité ha arrojado permiten derivar en una iniciativa de ley “para que ésta comisión se constituye de manera ordinaria, en atención a los vacíos que les explico, para que esta comisión ordinaria le dé una respuesta a la sociedad, para que trabaje desde la perspectiva de una gestión integral”. Una segunda propuesta “es una iniciativa de ley en la que se crea un organismo regulador (...) para así dar un marco jurídico que nos permita tener un modelo decisional, que garantice un derecho humano al agua”.