La directora del centro
Está convencida de que siguieron su ruta hacia el norte; según autoridades, los menores tienen un pacto con los si te agarran pide que te regresen, yo aquí te espero e intentamos llegar de nuevo
El Instituto Nacional de Migración ha deportado a 91 por ciento de los menores de edad que ha detenido en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Esto a pesar de que según la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, la única causa de repatriación es que ellos lo soliciten.
“El retorno asistido es una decisión de los menores, que pueden tomar la decisión de decir: yo no quiero que me regresen a mi país”, asegura Juan Enrique Guerra, procurador federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
El funcionario explica que si los menores de edad no quieren ser deportados diferentes instancias públicas del Estado mexicano se coordinan para desahogar los procedimientos administrativos y que puedan darles la posibilidad de un tránsito regular dentro del territorio mexicano o para darles la condición de refugiados si es que se comprueba que son víctimas de la violencia en su país.
De 2013 a junio de 2018 se ha presentado ante la autoridad migratoria a 130 mil 98 niños y adolescentes, de los cuales, 143 mil 808 han tenido un retorno asistido. El pico más alto se dio en 2016 cuando las autoridades migratorias detectaron a más de 40 mil menores de edad migrando a través del territorio nacional y repatriaron a más de 38 mil.
“Ellos están solicitando que así sea porque los polleros les dan una especie de garantía: si te agarra la migra, aquí nos volvemos a ver y yo vuelvo a hacer el intento de llevarte”, asegura el procurador.
Cuando un menor de edad es detenido por migración se notifica a la Procuraduría Federal de Protección para Niños y Niñas y Adolescentes, la que se encarga de enviar a los menores de edad para su cuidado a alguno de los 12 centros de asistencia del gobierno o a uno de los 45 albergues de la sociedad civil que se distribuyen en 11 estados.
Ahí esperan a ser deportados, pero una gran mayoría huye de estos refugios para continuar su camino.
A finales de julio Denilson Hidalgo, Rember Tobar, Josué Méndez y Yeni Bravo —cuatro adolescentes centroamericanos— fueron puestos en resguardo en el albergue de Cafemin, un centro atendido por religiosas que se localiza en la calle Constantino, en la colonia Vallejo, en Ciudad de México.
El 31 de julio la Procuraduría General de Justicia de CdMx alertó sobre la desaparición de los cuatro adolescentes que, según las Alertas Amber, desaparecieron uno a uno en un lapso de 12 días. En la prensa trascendió este caso, que pone al descubierto las deficiencias en la atención hacia los niños y jóvenes que viajan solos por México.
“Que asuma el gobierno que no tiene lugares adecuados para recibir a esta población y que vea cómo lo resuelve. Al fin y al cabo es su responsabilidad, no nuestra, lo nuestro es una ayuda humanitaria”, señala la directora de Cafemin, María Magdalena Silva.
“Los chicos saben que van a ser deportados en cualquier momento. ¿A qué nos comprometemos nosotros? A atenderlos, a darles alimento, a darles un lugar donde dormir”, remata la religiosa que fue citada por la Procuraduría General de Justicia de CdMx para declarar sobre la desaparición de estos adolescentes.
La directora está convencida de que los jóvenes siguieron su ruta hacia el norte. El albergue lleva un registro de las entradas y salidas de los migrantes. En esas hojas Rember Tobar anotó que su destino era EU, mientras que José Denilson anotó la palabra fuja, por lo que la hermana Magdalena asume que —aunque con falta de ortografía— le estaba avisando de su fuga.
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, señala que la desaparición de estos adolescentes es delicada. “Al no estar en un albergue y no estar con su familia están vulnerables y cualquier cosa que les suceda es responsabilidad del Estado mexicano”.
El que tiene que velar, proteger, cuidar a esta población es el Estado, no nosotros, reitera la directora de Cafemin. “Somos un albergue humanitario de puertas abiertas, (ene-jun) (ene-jun) por tanto, nosotros no podemos retener a nadie”.
A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en México la migración sin documentos es solo una falta administrativa, no un delito. Las autoridades migratorias no detienen por mucho tiempo a los menores de edad que viajan solos, porque sería una violación a sus derechos.
“En ningún momento tuvimos que ver con esta desaparición, que no es desaparición, simplemente se fueron como se van la mayoría. De cada 10 migrantes, seis o siete se van. Nosotros no podemos retenerlos, porque entonces ahí sí me acusarían, y con toda razón, de que estamos deteniendo gente contra su voluntad”, sostiene la religiosa.
La fuga de estos jóvenes no es un hecho aislado…
“Yo la verdad tengo muchos amigos que se han escapado. Me dicen oye ya me voy y pues yo siempre les digo: no te vayas, porque lo que vas a ir a hacer allá, lo puedes hacer aquí”, narra uno de los menores de edad que detuvo Migración cuando viajaba hacia Estados Unidos para huir de las maras que querían enrolarlo como halcón.
Estuvo detenido en la estación migratoria por 10 días y después lo llevaron a Cafemin sin preguntarle si quería ser deportado o sin hacer un diagnóstico de si estaba en riesgo su vida si lo repatriaban.
“Es un tema que nosotros hemos puesto sobre la mesa ante migración y ante la procuraduría. ¿Cómo pueden traer niños, adolescentes sin haber hecho una investigación previa de estos chicos y ver si pueden o no pueden regresar a sus países?”, cuestiona la directora del albergue.
El procurador reconoce que no cuentan con el personal necesario para hacer estos diagnósticos.
“Sí hay un reto enfrente importante para fortalecer la estructura. El equipo multidisciplinario está integrado por un médico, un psicólogo, un abogado y una trabajadora social, cuatro personas”.
Con esa estructura a escala nacional en 2017, la procuraduría atendió a 15 mil 114 menores de edad migrantes mexicanos y extranjeros. Y tan solo en los primeros cinco meses de 2018 la cifra es de 8 mil 872.
Ante la omisión de las autoridades, Cafemin evalúa la situación de los niños y jóvenes y si están en riesgo, los asesoran con el proceso legal para obtener una visa humanitaria.
Por su parte, las autoridades aseguran que siguen en búsqueda de estos cuatro jóvenes centroamericanos desaparecidos y confían que estén seguros.