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asi 300 mil asesinados, más de 50 mil desaparecidos y medio millón de desplazados, es el saldo que reconocen instituciones del gobierno mexicano en el sexenio que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y que está por concluir. Para organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos las cifras reales son mucho mayores. Tiene lógica. El nivel de violencia, con matanzas y desapariciones a lo largo del territorio mexicano, ha requerido de un sistema de ocultamiento de cuerpos. Los perpetradores esconden a quienes ultiman para dificultar eventuales investigaciones. En las fosas clandestinas están los que faltan de contabilizar.

La desaparición de personas y el hallazgo de entierros clandestinos son dos de las principales marcas de la violencia que heredará el gobierno que entra en funciones el próximo 1 de diciembre. Pasarán algunas décadas para que historiadores nos expliquen lo que ha estado viviendo nuestra nación desde 2006, más allá de una supuesta lucha contra el narcotráfico. La violencia que vive México es de proporciones dantescas; estas fosas clandestinas representan sólo un aspecto de ella. Y es que este tipo de situaciones (probablemente genocidas o eliminacionistas) son, en efecto, peores que la guerra: en la guerra hay, al menos, una dimensión de protección a derechos humanos y de respeto al derecho internacional humanitario. En México, las víctimas están indefensas absolutamente, a merced de los perpetradores. Y es que estos últimos se saben impunes. Cometen esas atrocidades porque saben que pueden hacerlo, que no habrá castigo, que no habrá persecución de la justicia.

Peña Nieto, en su último informe de gobierno, esbozó de manera superficial el rotundo fracaso de su administración en el combate a la inseguridad y criminalidad, cuando de todos es sabido que el país está sumido en la peor crisis de inseguridad de nuestra historia. Ni en tiempos de Felipe Calderón las cifras de muertos fueron tan escandalosas.

A un sexenio de que nos prometieron que todo esto cambiaría para bien, la inseguridad continúa siendo el problema que más preocupa al 70% de los mexicanos. Además, seguimos contando homicidios, y son ya cotidianas las víctimas de delitos (22.5 millones de mexicanos en promedio en los últimos seis años). Más del 50% de los ciudadanos siguen desconfiando de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, al tiempo que el porcentaje de delitos no denunciados (cifra negra) permanece por arriba del 90%. No obstante que se reformó la Constitución para cambiar el Sistema de Justicia Penal (2008), se modificó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2009) y se promulgó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2012). La inseguridad crece exponencialmente, sin que nada ni nadie sea capaz de detenerla.

Se han destinado cuantiosos recursos públicos al problema de inseguridad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, durante los últimos años, se asignaron más de 2 mil millones de pesos. Esto implica un incrementaron real del 53.3% a las clasificaciones de gasto en procuración de Justicia, Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior y Seguridad Nacional.

La premisa principal de los próximos gobiernos debe ser la proactividad ante los problemas de inseguridad, al tomar en cuenta las necesidades de los ciudadanos y el entorno local. Para atenderlas, es preciso generar alianzas multisectoriales entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, empresarios y la academia para trabajar de manera focalizada con base en necesidades específicas y con objetivos claros. Sin duda el asunto es complejo y enfrenta retos como la falta de participación ciudadana y de la apertura de las autoridades para permitir la colaboración ciudadana en materia de seguridad.

Sin duda el problema es complejo y llevará tiempo reducir la incidencia delictiva y sobre todo, la percepción de inseguridad de los ciudadanos. El proceso no será sencillo, principalmente porque ni las autoridades, ni los ciudadanos estamos acostumbrados a colaborar en materia de seguridad.

Es el principal reto de los gobiernos que vienen, la expectativa de la pacificación y de serenar a la nación es grande, ya veremos si los que llegarán estarán a la altura de ese desafío. Sin más, el sexenio de la muerte está por concluir. Es el sexenio más violento de los últimos años. Y nada evitará que el presidente Peña Nieto pase a la historia como el Presidente que fue incapaz de pacificar a la nación, que no supo combatir la violencia, que no logró brindar la seguridad prometida. Será recordado como el Presidente con más muertos que convirtió a México en una gran fosa clandestina. Inició una campaña propagandística de autocomplacencia en la que el propio presidente nos comenta a los ciudadanos de que su administración realizó obras y acciones maravillosas, de gran trascendencia social y que hoy estamos mejor que nunca en salud, educación, empleo, calidad de vida para los adultos mayores, y bla, bla, bla. Casi simultáneamente en el PRI Jalisco realizaron una jornada para revisar por qué los ciudadanos no votaron por ellos y por qué hoy están sufriendo significativas deserciones de políticos camaleónicos que se han sumado a Morena o a Movimiento Ciudadano para tener oportunidades de seguir en las nóminas públicas. Es verdaderamente lamentable como la gran mayoría de los miembros de la clase política carecen de la más elemental capacidad crítica y autocrítica y que ello no les permite darse cuenta de que la corrupción generalizada, los compadrazgos, la perpetuación en el poder, la ineficiencia, entre otros muchos factores han llevado al país a una situación de violencia generalizada, de impunidad, de incertidumbre y limitaciones económicas para la inmensa mayoría de las y los mexicanos, de malestar crónico en las y los ciudadanos y de inconformidad. La administración federal saliente dejara al país con una deuda pública histórica de más de 10 billones 578 mil millones de pesos, casi el doble de la que había al inicio de su gestión, que también desfavorecerá mucho para que México salga adelante y pronto; a las y los mexicanos lo que nos toca ahora es estudiar y trabajar con un verdadero espíritu nacionalista para reconstruir el país, pero también no deberemos permitir que nos vuelva a pasar lo mismo, deberemos informarnos y supervisar el trabajo de los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y, de ser el caso, exigir y no permitir que caigan en las mismas irresponsabilidades e ineficiencias. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez