Sancionan a 226 por violentar derechos básicos
˃Revisa organismo humanitario el cumplimiento de recomendaciones en Jalisco ˃Policías municipales, de las instituciones con más personal señalado
Para que no quede sólo en palabras, durante el primer año de gestión del ombudsman Alfonso Hernández Barrón se verificó el cumplimiento de sanciones a servidores públicos estatales y municipales a quienes se les acreditó haber incurrido en violaciones a derechos humanos. Del ejercicio se confirmó que 254 sanciones fueron cumplimentadas.
Fernando Zambrano Paredes, coordinador general de Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), detalló que el organismo hizo una revisión de recomendaciones que datan de varias fechas –la más antigua, del 2013-, las cuales entre los puntos recomendatorios incluyen fincar procedimientos administrativos de responsabilidad o procesos penales cuando la conducta conlleve la presunción de delito (abrir y/o concluir averiguaciones previas o carpetas de investigación).
De los casos que se resolvieron con una sanción ya ejecutada a la fecha, 175 se dirigieron a servidores públicos del sexo masculino y 51 a mujeres dando un total de 226 funcionarios sancionados (un mismo funcionario pudo recibir más de una sanción, de ahí que se da cuenta de 254 sanciones), detalló Zambrano en entrevista con MILENIO Jalisco, tras recalcar que la CEDHJ no es la que sanciona, sino la dependencia involucrada o, en su caso, la Fiscalía del Estado.
El organismo cuenta con acreditación (documentos oficiales) del cumplimiento en los 254 casos.
De las 254 sanciones, 129 se dirigieron a funcionarios estatales y 125 a municipales.
Contra impunidad
Entre las sanciones de mayor impacto se encuentran la derivada de la recomendación 22/14 en contra de un entrenador de ciclismo en el Consejo Estatal del Deporte (Code). Por recomendación de la CEDHJ se concluyó averiguación previa. El exfuncionario, conocedor y omiso del abuso sexual perpetrado por sus alumnos en contra de un compañero, se le sancionó con la inhabilitación para cualquier cargo público por dos años.
Derivado de la recomendación 39/15, también se sancionó con inhabilitación a una jefa de Servicio de Enfermería del Centro de Salud Mental de Estancia Prolongada (conocido como El Zapote) quien se encontró responsable de la fuga de un paciente acusado del homicidio de su esposa, a quien sin justificación alguna dejó pasar a un área común de escasa vigilancia.
Zambrano dijo que otras sanciones son importantes, como las consignaciones ante un juez. Refirió como ejemplo que tras acreditar la conducta violatoria de derechos humanos del entonces presidente municipal de Villa Corona (recomendación 8/13), se solicitó averiguación previa por probable abuso de autoridad, pues valiéndose de su cargo ordenó la detención de un gobernado por rencillas personales. El exfuncionario fue consignado.