Santa Cruz de la Soledad va a elecciones internas el sábado
El grupo opositor al proyecto que desarrolla Ipejal piden a la autoridad se conduzca institucionalmente en este proceso
El ejido Santa Cruz de la Soledad va este fin de semana a un proceso de elección de autoridades internas, bajo la presión de los intereses de un megaproyecto apoyado por el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), que pretende desarrollar en 130 hectáreas de la superficie agraria, un proyecto inmobiliario.
Se trata del Fideicomiso Santa Cruz de la Soledad, firmado el 22 de agosto de 2012 entre Ipejal y Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala; el primer predio a desarrollar son 53.7 hectáreas de dos fracciones de las comunidades de Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra, pero el compromiso de Ipejal es aportar hasta 28.8 millones de dólares mientras que los urbanizadores totalizarían 450 hectáreas de terreno, 130 de Santa Cruz. Sin embargo, una mayoría de ejidatarios ha considerado que la negociación afectó los intereses del núcleo agrario y no están dispuestos a ceder el predio.
“Existe una estrategia de dilatación del proceso de elección por parte de las autoridades que han venido violentando a la Comunidad y a su Territorio. Para ello se han servido de la Dirección de Asuntos Agrarios del estado de Jalisco y la delegación de la Procuraduría Agraria, que mediante solicitudes y evasión de su actuar en una convocatoria ya realizada para el 7 de agosto de 2018, ha buscado evadir su cumplimiento, tal es la situación que el Tribunal Agrario tuvo que apercibir de multa y posterior vista, si subsiste su incumplimiento, al Ministerio Público de la Federación para iniciar la averiguación correspondiente. El objetivo de estas prácticas es evitar las elecciones libres de la comunidad de Santa Cruz de la Soledad, para con ello imponer el despojo”, advierte el asesor jurídico, Eduardo Mosqueda, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).
Señala que Martha Rodríguez García, quien encabeza a los opositores al proyecto inmobiliario, fue electa el 12 de abril de 2015, por segunda convocatoria, de la que se inconformaron Antonio Rivera Aguilar y Vicente Raygoza Zúñiga. Dicha inconformidad fue por vía de controversia agraria (expediente 230/2015).
“Durante su ejercicio como presidente del comisariado, previo a que causara estado cualquier determinación de nulidad de elección, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, el Comisariado de la señora Martha inscribió la separación temporal de ejidatarios, debido al acuerdo de asamblea de 13 de agosto de
2017, pues incurrieron en presuntos actos de corrupción. La asamblea otorgó un debido proceso dentro de su punto seis de desahogo, el cual contemplaba su derecho de audiencia y defensa, ofrecieran pruebas y alegatos de su interés (…) finalmente la asamblea determinó la separación temporal por un año a 23 ejidatarios”, plazo que se cumplió el pasado 13 de agosto de 2018.
El 10 de enero y el 16 de febrero de 2018 se inscribe la aceptación de nuevos ejidatarios.
En cuanto a la controversia
230/2015 sobre la nulidad de elección, esta se resolvió a favor de los quejosos, pero dejó “improcedente la nulidad de los actos jurídicos que hayan celebrado los integrantes del comisariado que resultado electos el 12 de abril de 2015”.
El comisariado encabezado por Martha Rodríguez, no obstante las impugnaciones, promovió recursos y terminó su periodo el
12 de abril de 2018, “sin que haya tenido sentencia firme en contra, que pudiera impedirle de sus funciones antes de la terminación de su mandato”. Ya es hora de la renovación de cargos.
Los ejidatarios esperan que haya una conducción institucional en el proceso del sábado por el gobierno de Jalisco y la Procuraduría Agraria, pero dado el peso de los intereses, lo dudan, y piden a los organismos de derechos humanos y a la sociedad, se mantengan vigilantes.