¿Por qué se movían cientos de cadáveres de forma inexplicable?
Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, Jalisco es la tercera entidad con el mayor número de personas desaparecidas. La medición abarca desde 2007 a 2018, con 3,362 desaparecidos [Tamaulipas ocupa el primer sitio con un total de 5,801]. De 2006 a octubre de 2015, se cremaron mil 581 cuerpos no identificados, y de la mayoría no hay perfil genético, como hoy lo sostiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No obstante que Jalisco es el tercer estado con más desaparecidos, existen dos contenedores refrigerados con cadáveres, de los que aparentemente nadie se hace responsable, que suman –sólo en ellos- aproximadamente
300 cuerpos no identificados.
Parte del problema por el que Jalisco marca entre las entidades con mayor número de desaparecidos corresponde a la ineficiencia para identificar los cuerpos de la Fiscalía General, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Otra de esas burocracias ‘efectistas’ que resulta notoriamente incompetente, incluso después del que el titular fue propuesto por ‘organizaciones civiles’. El desempeño de este Fiscal ‘especializado’ amerita una valoración profunda. Esta Fiscalía fue creada mediante el decreto Número 26317/
LXI/17 publicado en el Periódico Oficial del Estado, para “afrontar el fenómeno criminal de desaparición de personas… con medidas estructurales y de política criminal… con un enfoque más amplio para buscar a las personas desaparecidas, investigar los hechos y atender con sensibilidad a las víctimas”. Así que hemos llegado al punto de que existen miles de personas reportadas como desaparecidas, y a la vez, centenares de cadáveres que no saben qué hacer con ellos, porque han sido incapaces –profundamente ineptos- para identificarlos. Pretextos habrá, seguramente todos los que se le puedan ocurrir…
El caso de los dos contenedores de tráiler refrigerados que se usan indebidamente como una morgue ambulante en la Zona Metropolitana [¿por qué los mueven? ¿será que buscan deshacerse de esos cuerpos de forma clandestina?] es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Colocada, por el morbo que despierta y lo inverosímil del suceso, como una información que se sostiene entre el ‘top’ de noticias internacionales. Referida tanto por las principales agencias de noticias del mundo, como por la prensa, la radio y la televisión nacional a internacional. Pasamos de ser el polo de innovación y desarrollo, a una entidad que ha perdido el elemental respeto y sensibilidad ante los restos de seres humanos. Además, ¡cientos de ellos!, cifras que denotan el clima de criminalidad e impunidad causado por el pacto de complicidades que existe en Jalisco, y un sistema de procuración y administración de justicia profundamente corrupto. Una morgue móvil saturada de cadáveres humanos que vaga por la ciudad a espaldas de las autoridades municipales, con propósitos y objetivos que hoy la Fiscalía General ha sido incapaz de explicar. El tétrico suceso reventó la ‘hebra por lo más delgado’. Se decidió la salida fulminante del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El despido abrupto y de malas maneras abrió la caja de pandora sobre el manejo absolutamente insensible, poco profesional e incluso ilegal por parte de diversas instancias involucradas con el asunto. Trasgresiones a la norma sanitaria y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Un escándalo internacional que reclama ya más responsables.
Luis Octavio Cotero Bernal se ha defendido, obvio. Acusa haber informado a sus superiores del caso, y responsabiliza al Fiscal General y al Secretario General de Gobierno de no actuar y desinformar al Gobernador de Jalisco. Lo que resulta irrefutable es que la atención política de este asunto fue terrible. De una falta de tacto mayúsculo, al punto de que el despido del director multiplicó los efectos del problema, en sus diferentes aristas. A Cotero se le percibe como ‘chivo expiatorio’ de un problema que involucra a una cadena de mando jerárquicamente muy superior. La crisis reclama ya más responsables. Sobre todo una investigación que explique la gravedad de los hechos ocurridos y las negligencias de diversos funcionarios.