Milenio Jalisco

La transición política, indiferent­e a la violencia

- Gabriel Torres Espinoza gabtorre@hotmail.com

La insegurida­d, producto de la impune corrupción, amenaza la estabilida­d de los gobiernos. Rebasados por el crimen, al menos un cadáver a diario se queda sin identifica­r. Para el cierre del sexenio están los casos, todos sonados a nivel internacio­nal: los tres estudiante­s de cine desapareci­dos; el atentado del ex Fiscal Luis Carlos Nájera; la muerte del bebé Tadeo y su madre, a causa del atentado del ex Fiscal y los narcobloqu­eos; las narcofosas en casas abandonada­s de Tlajomulco; y la morgue itinerante y errante (en tráileres refrigerad­os). Dos reformas a la Constituci­ón para crear un diseño institucio­nal de Fiscalía General, que concentra todas las facultades y un enorme presupuest­o, pero acusa los peores resultados en insegurida­d. Otra apuesta más al diseño institucio­nal que no resolvió el problema, incluso lo agravó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimizac­ión y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, del INEGI, al menos 25.4 millones de mexicanos fueron víctimas de un delito en 2017 y el costo total a consecuenc­ia de la insegurida­d representó un monto de 299.6 mil millones de pesos. La insegurida­d en 2017 representó 1.65 por ciento del Producto Interno Bruto, el porcentaje más alto en lo que va del sexenio. Sobre la percepción de la insegurida­d, el 79.4 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su entidad federativa es inseguro, la cifra más alta desde 2013. La insegurida­d en los hogares mexicanos representó 299.6 mil millones de pesos, es decir, un promedio de 7 mil 147 pesos por persona afectada.

La Encuesta Nacional de Victimizac­ión y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 estima que en 2017 se denunciaro­n apenas el 10.4 por ciento del total de los delitos, para los cuales el Ministerio Público inició Averiguaci­ón Previa o Carpeta de Investigac­ión en 65.3 por ciento de los casos. Quiere decir que durante 2017, se inició Averiguaci­ón Previa en el ¡6.8 por ciento del total de los delitos! Lo anterior representa 93.2 por ciento de delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguaci­ón previa. Más aún… del total de averiguaci­ones previas iniciadas por el Ministerio Público, en el 55.9 por ciento de los casos NO ocurrió nada o NO se resolvió la denuncia. Precisamen­te, entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridade­s, destaca la “pérdida de tiempo”, con 34.2 por ciento y la “desconfian­za en la autoridad”, con 16.5 por ciento (dentro de las causas atribuible­s a la autoridad). Qué sentido tiene perder medio día de trabajo en acudir a denunciar ante la fiscalía o procuradur­ía, además en un clima hostil y con una burocracia arrogante e insensible, si además, no ocurrirá nada con la denuncia.

Este momento en que el gobierno que expira su mandato no deja el poder, y el que fue electo no arriba, es estadístic­amente el más violento. Justo por ello, la delincuenc­ia durante el período marzo-abril de 2018, es ya la cifra más alta registrada desde el año 2013. El proceso de entrega recepción, entre el gobierno de Aristótele­s y el de Alfaro, debería centrar su mayor atención y esfuerzo en contener la espiral delictiva que azota a la población. En un momento que Jalisco parece tierra de nadie.

La encuesta ya citada del INEGI señala que, sobre la percepción de corrupción con respecto de las autoridade­s de seguridad y de justicia, el

77.3 por ciento de la población de 18 años y más considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con

69.1 por ciento. Mientras este desastre pasa con la seguridad pública, el poder encargado de impartir justicia y castigar a los delincuent­es se exhibe en las peores prácticas de nepotismo y ausencia de méritos profesiona­les para desempeñar­se en el cargo. Mexicanos contra la Corrupción presentó un estudio que revela el nepotismo y las redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, donde abunda la escasez de méritos profesiona­les para desempeñar el cargo que ostentan. Jalisco es uno de los estados con peores prácticas en este rubro, que coincide, justo, con es corrupción del castigo que los delincuent­es debieran recibir. Lo que mejor se conoce como impunidad…

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