Ayotzinapa: sin justicia ni respuestas
Cada dos horas desaparece una persona en México, pero solamente hay 12 sentencias para los más de 37 mil casos registrados (DW, 29/08/2018 y SDP, 10/07/18).
En 11 años se localizaron mil 306 fosas clandestinas, con casi 4 mil cuerpos, sin contar el reciente hallazgo en Veracruz con por lo menos 170 personas exhumadas (Animal Político, 07/09/18).
En su “verdad histórica” el gobierno informó que los 43 normalistas fueron entregados por policías de Iguala y Cocula al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero, para después arrojar las cenizas y otros restos al río San Juan. Por sus inconsistencias, esta versión es calificada como insostenible por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se convirtió en un ícono del incremento de la violencia, la desconfianza en las instituciones y la impunidad. Analizaremos la información que tenemos a cuatro años de la noche del
26 de septiembre.
Primero, impunidad sin resultados. Solo han detenido a dos personas por secuestro y crimen organizado, pero no se persigue el delito de desaparición forzada ni se tiene una sentencia, por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes recomendó que se incluya esta averiguación, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar de las mil
700 búsquedas y los
132 millones de pesos gastados por la PGR y la Marina, no hay respuestas ni justicia para los familiares (MILENIO, 26/09/18).
Segundo, un proceso viciado. De 129 personas detenidas, la ONUDH obtuvo información sobre 63, de las cuales advierte una posible tortura en 51 casos y en 34 identifica fuertes elementos para asegurar que se les torturó (131 detenidos a la fecha). Confunden a un maestro con un sicario. Érick Sandoval está detenido desde marzo de este año, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que no coincide con la persona a la que perseguían (El País, 26/09/18).
Tercero, ¿temor a la verdad? El gobierno interpuso más de 200 recursos para revertir la orden de un tribunal federal para crear una comisión de investigación y para que la PGR reponga el procedimiento, pero el tema podría terminar en la Suprema Corte (Amnistía Internacional).
La CIDH estableció que se debe esclarecer el grado de participación de las autoridades municipales, estatales, federales y del Ejército, así como garantizar el derecho de los desaparecidos a presumir que siguen vivos. También señaló que las investigaciones están fragmentadas o tienen irregularidades, las diligencias quedaron incompletas y no se cuenta un mapa de fosas y crematorios.
A cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, siguen las interrogantes y la indignación aumenta, pero no decae la exigencia: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
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