¡Tampoco el C5!
El incumplimiento en la instalación y operación del Escudo Urbano de seguridad C5 le pone una raya más al tigre.
El gobierno de Jalisco anunció desde abril de 2016 una inversión de 895, 878,917.50 pesos para la equipamiento del escudo
C5, que según el proyecto original dotaría a la Zona Metropolitana de Guadalajara de un sistema moderno y sofisticado de video-vigilancia con la instalación de cinco mil 500 cámaras y tres mil sensores de audio con botones de pánico, para realizar estrategias de prevención y de reacción operativa, con el fin mejorar las labores de seguridad a la ciudadanía.
La adjudicación (no licitación) concluyó con el resolutivo
27/2016 de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco del 18 de Abril de 2016, un día antes de que dejara el cargo el subsecretario de administración, Salvador González Reséndiz. El contrato
81/16 fue firmado por parte el Gobierno de Jalisco por Mauricio Gudiño, el 25 de mayo de 2016 con la empresa CIS International Limited con origen en la República de Chipre, y que de acuerdo con su experiencia han colocado y operan video-vigilancia en algunas ciudades como Abu Dhabi, Uzbekistan y Tailandia, entre otras.
La empresa ha recibido hasta hoy entre anticipos y pagos un total de 530 millones de pesos y de acuerdo a contrato debería estar operando al
100 por ciento desde el 30 septiembre de 2018.
Ante el incumplimiento de la empresa, los nuevos alcaldes solicitaron al gobernador Aristóteles Sandoval conocer el estatus real del C5, por lo que fueron invitados el lunes pasado a conocer avances, recibiendo la mala de que el avance no es mayor al 60% en cámaras y del 20 en puntos de audio y botones de pánico.
La empresa CIS INTERNATIONAL LIMITED a través de su vocera Sandra Hurtado, atribuye el atraso a que la SIOP entregó el edificio del Palomar 10 meses después de la fecha acordada; que Fiscalía General y los municipios no definieron en tiempo y forma la ubicación de los postes; y a la tramitología ante las instancias de gobierno.
Ante los hechos surgen varias preguntas:
Si el C5 era una herramienta URGENTE para disuadir a la delincuencia. ¿Por qué el desprecio del gobierno a dar seguimiento puntual a la principal demanda ciudadana?
De acuerdo a contrato, la Fiscalía y la SEPAF, tendrían que haber dado la voz de alerta ante el grave retraso del C5. ¿Por qué no lo hicieron?
Se sigue descomponiendo el cierre de la administración de Aristóteles Sandoval.
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